Fiscalía nacional objeta acuerdo del caso Penta y sugiere no eliminar delito de cohecho

A fines de mayo, el fiscal Manuel Guerra solicitó formalmente una opinión a la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía Nacional, respecto de la reformalización que el investigador del caso Penta tiene fijada para el próximo miércoles 13 de junio, día en que además se concretará el procedimiento abreviado para sus principales imputados.

Para ello, transparentó ante el organismo central el contenido de la nueva formalización que se le realizará a los controladores de Penta, Carlos Alberto Délano, Carlos Eugenio Lavín y al ex exsubsecretario de Minería, Pablo Wagner. En esta, según fuentes vinculadas al caso, el fiscal regional plantea lo que ya es conocido por la opinión pública: que los hechos calificados hasta ahora como delito de cohecho se eliminen para Délano y Lavín y se transformen, en esa audiencia, en la imputación del delito de enriquecimiento ilícito para Wagner. Esto, por el pago de $42 millones de parte de Penta al exsubsecretario mientras era funcionario de gobierno.

Pese a que la consulta de Guerra apuntaba a obtener una visión técnica de la unidad respecto de cómo llevar a cabo la recalificación del delito, el organismo anticorrupción aprovechó de plasmar en un informe su opinión respecto de este cambio en la imputación de delitos en la causa.

Así, la unidad que comanda Marta Herrera, respondió al fiscal de Penta que, a juicio del organismo, estos antecedentes imputados no son otra cosa sino que delitos de cohecho. Y que lo técnicamente correcto era mantener la formalización original, ocurrida en marzo de 2015.

Incluso,de acuerdo a las mismas fuentes consultadas, se le planteó a Guerra que, de haber interrogantes respecto de si se trataba o no de cohecho, debía ser el tribunal de Garantía quien lo determinara. Esto último, en relación a la posibilidad de que el cohecho sea discutido entre fiscalía y defensa, en un juicio abreviado abierto.

Tras explicitar su opinión técnica, y en atención a que es Guerra quien posee legalmente la autonomía de la causa, la Unidad Anticorrupción expresó también al fiscal su opinión para la recalificación, objetando también la manera cómo Guerra pretende concretarlo.

Quienes están al tanto de la postura de la Unidad -que ya está en conocimiento de varios intervinientes-, explican que las discrepancias al respecto son un factor importante en relación a que el acuerdo se concrete.

Mientras Guerra propone cambiar sustantivamente la formalización original, la Unidad Anticorrupción sugiere modificar lo menos posible el escrito. Es decir, que los mismos hechos relatados ante el Octavo Juzgado de Garantía en marzo 2015, se califiquen como enriquecimiento ilícito, modificando prácticamente solo la palabra cohecho.

Así, la postura del Consejo de Defensa del Estado podría jugar un rol importante.

Pese a que el CDE no ha asumido una postura oficial, al interior del Ministerio Público y en las defensas de intervinientes en el caso, intuyen que se podría oponer al acuerdo y particularmente, a la recalificación de delito.

En ese sentido, si Guerra acoge la opinión de la Unidad Anticorrupción, y modifica levemente el relato de los hechos ya formalizados como cohecho, el CDE señalaría ante al tribunal que esos mismos hechos no son constitutivos de delito de enriquecimiento, sino de cohecho. En tal escenario, sería el juez de garantía quien deberá decidir si es uno u otro delito. El asunto entorpece el acuerdo en virtud del riesgo que significa para las defensas de Délano, Lavín y Wagner, que sea el tribunal el encargado de definir un ítem esencial del acuerdo.

Intervinientes enterados de la trama suscitada en las últimas horas sobre el caso Penta explican que el fiscal Manuel Guerra no tiene una decisión fácil en sus manos. Más aún -señalan las fuentes consultadas- tras ser golpeado mediáticamente por la suspensión condicional que llevó adelante con el senador Iván Moreira, en el marco del mismo caso.

En esta línea, el hecho de haber recibido la objeción técnica de la Unidad Anticorrupción respecto a la recalificación, podría abrirle un flanco de conflicto mediático. Y a su vez, la decisión de desoír la sugerencia de recalificar el delito sin grandes modificaciones, podrían significarle otro problema.

De tomar la sugerencia de recalificar del modo como le plantea la Unidad Anticorrupción, significaría sumar un riesgo al acuerdo, el que podría generarle un desencuentro con las defensas a cargo de Julián López y Rodrigo Medina.

Con todo, las mismas fuentes aseguran que existe una opinión formal de la unidad, en cuyo contenido por escrito se refleja la trama de estas tratativas.

Por su parte, el fiscal nacional Jorge Abbott se encuentra inhabilitado de la causa, y las decisiones tomadas por Guerra hasta ahora, han sido apoyadas por la máxima autoridad del Ministerio Público. Por lo mismo, y en virtud de la potestad que el fiscal regional posee consagrada en la ley, Abbott no cambiará esa postura, por lo que su apoyo a las decisiones de Guerra se mantendrá.

Con todo, el próximo miércoles se llevaría a cabo la audiencia. Esto salvo, que el Tribunal Constitucional -en cuyo organismo radica un requerimiento del PS para objetar justamente el acuerdo y detenerlo- diga lo contrario.

Hoy viernes se conocerán los requerimientos que el Tribunal revisará la próxima semana. Y según la petición del recurrente -el abogado Enrique Aldunate en representación del PS-, se podría poner en tabla una audiencia de alegatos sobre la admisibilidad del recurso antes de la audiencia. Si se declara admisible, esta quedaría suspendida. Y de ser así, se abriría espacio para resolver con más tiempo el dilema sobre la recalificación.