Fiscalía presenta acusaciones por caso SQM y Contesse arriesga pena de cárcel

No hubo reconocimiento de colaboración con la causa para Patricio Contesse, y con la pena que la fiscalía solicitó en su contra el exgerente general de SQM arriesga cárcel. Ese es el mensaje implícito de la acusación presentada este lunes por el Ministerio Público ante el Octavo Juzgado de Garantía, respecto de su principal imputado.

Los fiscales Pablo Gómez y Paola Castiglione llegaron hasta el Centro de Justicia al borde de las 14 horas -horario en el que culmina la atención a público en el tribunal- para dejar vía ventanilla una serie de archivadores que contenían la extensa acusación de 1.606 páginas, junto a los tomos de estos tres años de investigación.

Fue a esa hora, mientras en otro piso del mismo tribunal se dictaba sentencia en el caso Penta, que la fiscalía ingresaba la acusación que incluía delitos de soborno y cohecho en contra del exgerente de la minera y el exsenador UDI Pablo Longueira. Asimismo, acompañaba en un solo escrito las acusaciones y solicitudes de penas por delitos tributarios para otros 14 imputados.

La señal contra el exgerente de SQM es dura. En total la fiscalía está pidiendo nueve años de pena: siete por delitos tributarios y más de dos años por cohecho. Y si bien sobre este último delito puede acceder a la remisión de la pena, no podría por los siete años asociados al delito tributario. Y pese a llevar más de tres años con arresto domiciliario como medida cautelar -periodo que se debería restar de su eventual pena-, los tiempos están ajustados y puede ocurrir que al momento de una eventual sentencia Contesse no haya cumplido la mitad de la pena para optar a una libertad condicional.

Mientras algunos penalistas opinan que el exgerente no llegará a estar en prisión -considerando que continúa con arresto domiciliario parcial, lo que significa día a día una resta en su posible pena-, otros creen que solo un procedimiento abreviado podría despejar ese riesgo.

Siete años por delitos tributarios y 818 días (dos años y tres meses) por soborno. Esa es la pena que se solicita para el exgerente de SQM por haber -según dice la acusación- "empleado documentos dolosamente encaminados a defraudar el verdadero monto de las operaciones realizadas", que las empresas de SQM -Salar, S.A., Nitratos e Industrial- emitieron para financiar campañas de una serie de políticos; y por haber sobornado al exsenador Pablo Longueira.

Solo irreprochable conducta anterior le reconoció el Ministerio Público a Contesse, sin considerar como una colaboración las tres declaraciones prestadas en la causa. Pese a haber una cuarta declaración comprometida, el imputado la canceló.

Se pide también que Contesse pague una multa total de más de $ 1.520 millones y se solicita se sentencie su inhabilidad absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena, además de cinco años de inhabilidad para ejercer cargos públicos.

El exministro de Economía está imputado por cohecho y como facilitador de boletas ideológicamente falsas. Pero Longueira no tiene una querella en su contra del SII, asunto que en juicio deberá sortear la fiscalía con el argumento que ya ha esgrimido: que sí hay una denuncia del SII donde aparecen los hechos que vinculan al exsenador UDI. Por ese delito se piden dos años y tres meses. Y por el cohecho, que lo liga con Contesse y la tramitación de la Ley de Royalty minero, otros dos años y tres meses de pena. Todo, además de una multa que, en total, por delitos tributarios y cohecho, se cifra en $253 millones. Se piden además, las mismas inhabilidades que a Contesse.

El senador arriesga una baja pena por los delitos tributarios acusados, asunto que al interior de la fiscalía están conscientes de que la Corte de Apelaciones deberá sopesar cuando revise la solicitud de desafuero. La fiscalía pidió en su contra una pena de dos años y tres meses. Pizarro está acusado de facilitar facturas falsas a SQM a través de la empresa de sus hijos y por omitir maliciosamente declaraciones de impuestos. El Ministerio Público pide, además, que pague una multa cercana a los $22 millones y su inhabilidad para ejercer cargos públicos mientras se cumpla la condena. El hijo del senador, Sebastián, también está acusado y contra él se pide la misma pena y el pago de $3,3 millones.

Dos años y tres meses es lo que pide la fiscalía para el exsenador que se rehusó a prestar declaración y a ser formalizado sin querella. Se pide que, además, pague una multa cercana a los $5,6 millones y la suspensión de cargo y oficio público -que al día de hoy no posee- mientras dure su posible condena.

Acusado como facilitador de boletas falsas, la fiscalía pidió una pena de cuatro años para el excandidato presidencial, además de una multa de $11 millones.

El exasesor de ME-O está acusado como facilitar boletas falsas y también en virtud de sus declaraciones de impuestos. De pena se pide en su contra cinco años de presidio remitido, además del pago de $14,5 millones.

El exembajador está acusado como facilitador de boletas falsas. En el caso están acusados también su hijo Daniel y su esposa Michelle Raymond. Para y todos ellos se solicitan cuatro años de pena y el pago de multas: $5,6 millones a su mujer e hijo y $11 millones al exmilitante DC.

Se trata de la histórica asesora de Pablo Longueira y, según las imputaciones en la causa, ella era quien solicitaba las boletas presuntamente falsas para SQM. El Ministerio Público pide dos años y tres meses de pena y una multa de $5,6 millones.

Asesora del exsenador Fulvio Rossi, Molina también fue acusada como facilitadora y se pide en su contra cuatro años de presidio remitido. No ha prestado declaración en la causa. También se pide que pague una multa de $5,6 millones.

A la secretaria de la UDI, la fiscalía pide una pena de cuatro años de presidio remitido y una multa de $5,6 millones.

Extesorero del PPD, quien fue señalado como quien pactó los pagos de SQM a la empresa Chile Ambiente del ambientalista Patricio Rodrigo. Dos años y tres meses se pide para él, además del pago de $5,6 millones.

El hijo del diputado DC arriesga cuatro años de pena y una multa de $5,6 millones.

Sara Mujica también está acusada como facilitadora de boletas falsas y para ella la fiscalía pide 2,3 años de presidio y el pago de $5.6 millones.