Fracasa el libelo de republicanos y Chile Vamos: Cámara de Diputados rechaza la acusación contra Maya Fernández

Este miércoles, con 70 votos en contra y 64 a favor, la Cámara de Diputados rechazó la admisibilidad de la acusación constitucional contra Maya Fernández por su participación en el contrato de la truncada compra de la casa del expresidente Salvador Allende.

La exministra de Defensa llegó alrededor de las 10.30 horas, acompañada por los titulares del Interior, Álvaro Elizalde; Educación, Nicolás Cataldo, y la vocera subrogante Aisén Etcheverry. La presencia de los secretarios de Estado fue criticada por la bancada republicana, por lo mismo, exigieron explicaciones al Ejecutivo.

Los parlamentarios Gustavo Benavente (UDI), Flor Weisse (UDI), Cristián Labbé, Luis Sánchez (republicanos), Camila Flores (RN), Harry Jürgensen (Ind. -republicano), Sara Concha (socialcristiana) y Christian Matheson (Ind. -Evópoli) argumentaron en el escrito que Fernández infringió la Constitución al celebrar un contrato con el Estado, lo que está expresamente prohibido.

Sin embargo, la abogada de la exministra, Claudia Sarmiento, defendió que “no se materializó ningún contrato propiamente tal, mucho menos se generó un aumento patrimonial de ninguna parte”.

“Solo hubo actos preparatorios. Un ejemplo me permitirá ilustrar este punto. Si esta honorable Cámara vota hoy, en último trámite constitucional, un proyecto de ley, ¿significa que la ley existe? No. Se encuentra pendiente el trámite de la promulgación y la publicación. Una situación similar se presenta en este caso”, precisó.

Este no es el primer movimiento de la oposición en contra de la exministra, previamente recurrieron al Tribunal Constitucional para destituirla de su cargo en Defensa Nacional, pero el recurso fue retirado cuando Fernández renunció a la repartición.

El gobierno hizo vista gorda de la inhibición constitucional, pese a las advertencias de funcionarios, y dio luz verde al proyecto. Solo hasta que surgieron críticas opositoras es que decidieron dar marcha atrás a la compra.

El Ministerio de Bienes Nacionales intentó comprar la vivienda ubicada en Providencia, sin embargo, la Carta Magna prohíbe que los ministros celebren contratos con el Estado, lo que ocurría en el caso de Fernández al ser una de las herederas de la propiedad. La misma restricción alcanzó a su tía, la senadora Isabel Allende, quien también enfrenta consecuencias políticas por la truncada adquisición. La legisladora podría ser destituida de la Cámara Alta si el Tribunal Constitucional falla a favor de los republicanos.

El entramado que comenzó con la vivienda en Guardia Vieja no solo salpicó a las miembros de la familia Allende, sino que también empujó la renuncia de Marcela Sandoval a cargo de la cartera de Bienes Nacionales, encargada de supervisar la compra. Fernández también cedió a las presiones y abandonó su puesto a la cabeza de la repartición de Defensa Nacional. En total, son siete los funcionarios que renunciaron a sus cargos, entre ellos, asesores y abogados, debido a su grado de participación en la cadena que aprobó el proyecto.