Tras la aprobación de la Ley Nain-Retamal durante este miércoles en la Cámara de Diputados, lo que dejó el proyecto listo para su promulgación, desde Apruebo Dignidad -conformado por el Frente Amplio y el Partido Comunista- preparan la impugnación de la iniciativa en el Tribunal Constitucional.

El bloque oficialista anunció cuáles serán las normas que buscarán impugnar a través de un requerimiento en el TC.

De acuerdo a la diputada Catalina Pérez (Revolución Democrática), estás serán las “normas de determinación especial de la pena, que hoy no respeta criterio de igualdad en el acceso de la justicia o igualdad ante la ley, o el acceso a la pena sustitutivas para la comisión de determinados delitos”.

El artículo más conflictivo es el N°7 -el que fue rechazado en la Cámara desde Apruebo Dignidad-, que busca consagrar en el Código Penal la legítima defensa privilegiada para funcionarios policiales, gendarmes y efectivos de las Fuerzas Armadas que desempeñen labores de orden Público. Respecto a este articulado, Pérez aseguró que “pese a todos los esfuerzos desplegados por el Ejecutivo en el Senado (...) mantenemos el corazón de algo que nos preocupa muchísimo que es la legítima defensa privilegiada. Tememos que la legítima defensa privilegiada, aún pese a los esfuerzos del Ejecutivo, en las condiciones que se encuentra sigue sin dar una garantía adecuada para el acceso a la justicia no de narcos o delincuentes, sino de ciudadanos. Esta sigue siendo una preocupación de esta bancada”.

A juicio de la diputada por Antofagasta “creemos que hay determinadas normas, que incluso hoy presentes en otras legislaciones son constantemente objeto de recurso de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, por tanto, acá ocurre algo grave: le decimos a la ciudadanía que se va a poder aplicar una norma que actualmente en otras legislaciones no se puede aplicar. Por lo mismo, esperaríamos una legislación honesta, vamos a llevar estas normas al TC para que se aclara la pertinencia de la actual legislación propuesta en los términos en los que han salido de la Cámara”.

La parlamentaria manifestó que ahora esperan reunir las 39 firmas requeridas para realizar el requerimiento ante el TC, para lo que tienen cinco días de plazo desde la aprobación de la ley.

Su par del Partido Comunista Boris Barrera aseguró que la determinación se da “porque creemos que, si bien se puede decir que este proyecto avanza en algunas cosas, creemos que no cumple el objetivo y por eso es que denunciamos aquí, prácticamente, que la derecha solamente ha hecho de esto casi pirotecnia porque creemos que no cumple lo de dice que va a cumplir”.

“Mañana nada va a cambiar con esta ley, que no los engañen”, aseguró el diputado por la Región Metropolitana.

Consultado sobre si mantenían el calificativo de que la ley otorga “gatillo fácil” luego de las gestiones del Ejecutivo, el diputado Barrera afirmó que “no exclusivamente como lo habíamos dicho, que más que gatillo fácil, es licencia para matar. Esa licencia para matar, bueno, el proyecto, está un poco más acotado y creemos que tiene todavía deficiencias. El gobierno hizo el esfuerzo de dejarlo bajo los estándares internacionales en relación al uso de la fuerza y la derecha no lo permitió”.

Tras el anuncio de los diputados, el senador Juan Ignacio Latorre anunció que está buscando las firmas necesarias para recurrir hasta el Tribunal Constitucional (TC), donde se necesitarían 13 firmas de acuerdo a la normativa vigente.

En conversación con CNN, el senador afirmó que “yo no quedo conforme con la manera en que se tramitó este proyecto de ley, a mí me hubiese gustado mayor acuerdo transversal -si bien obtuvo las mayorías necesarias- pero como política de Estado porque acá pasaron muchas cosas”.

“Mi lectura es que acá se utiliza un dolor de una familia, de la institución de Carabineros, tras el terrible y dramático asesinato de la carabinera Rita Olivares. Se utiliza eso como una oportunidad para acelerar un proyecto de ley que era una moción parlamentaria (...) buena parte de la derecha por cierto y que arrastra al parlamento”, afirmó el senador.

Respecto a si ha recibido “presiones” de parte del Ejecutivo para no recurrir al TC, afirmó que “nunca ni en el acuerdo del artículo 7, polémico, estuvo sobre la mesa ni hubo una petición implícita ni explícita, por parte de 5 ministros que estuvieron en el Senado de decirnos ‘oye por favor no vayan al TC’”.

“A mí nadie me ha pedido ni a los colegas con los que he conversado”, afirmó Latorre, quien confirmó que tiene 10 firmas de las 13 necesarias.

“No solamente conversé con senadores de AD, también del PS, de la DC, del PPD, independientes como Campillai, de que tenemos la voluntad de recurrir al TC, ahora tenemos poco plazo. El lunes vence el plazo fatal”, reconoció.

“Estamos en esas conversaciones, tenemos que juntar 13 firmas y estamos en eso. Yo diría que tenemos alrededor de 10 que han manifestado su disposición”, afirmó el senador, quien mencionó entre los nombres que firmarían el requerimiento a Yasna Provoste (DC), Alfonso de Urresti (PS), Fabiola Campillai (ind.), Claudia Pascual, Daniel Núñez, ambos PC y Esteban Velásquez (FRVS).

“No me gustaría hoy día decir que tenemos las firmas (...) sí, va a depender de si conseguimos las firmas”, aseguró sobre la posibilidad de ir al TC.