“Fui víctima de una operación política de maltrato, de abuso de poder”: los descargos de la exseremi Hidalgo ante comisión revisora por acusación contra Jackson

Este viernes, a las 10:00 horas comenzó la primera sesión de la comisión encargada de revisar los méritos de la acusación constitucional contra el ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, presentada por parlamentarios del Partido Republicano.

La instancia legislativa -conformada por tres diputados oficialistas y dos de oposición- recibirá a invitados que expondrán antecedentes y argumentos en favor y en contra del libelo.

En ese contexto expuso este viernes ante los diputados la exseremi de Desarrollo Social de la Región Metropolitana, Patricia Hidalgo, quien acusó “presiones” de parte del gobierno para aprobar proyectos que ella no compartía cuando se desempeñaba como funcionaria de la cartera, gatillando que los republicanos impulsaran la acción contra Jackson.

En sus descargos, Hidalgo comenzó refrendando las “presiones para votar de una manera contraria a la cual hubiese sido mi deseo en el Servicio de Evaluación Ambiental en diversos proyectos de la Región Metropolitana”.

Luego, la ex militante del Partido por la Democracia (PPD) explicó la conversación que sostuvo con Jackson el 30 de noviembre en La Moneda. “Posterior a mi desvinculación, él da a conocer acusaciones falsas e infundadas de delitos que yo habría cometido y que hasta el día de hoy estoy esperando que, a lo menos, hubiese presentado algún sumario administrativo en mi contra, alguna denuncia o querella, cosa que hasta el día de hoy no ha ocurrido”, acusó.

“Lamentablemente, y en un gobierno que era de todo sabido iba a ser un gobierno feminista, yo fui víctima de una operación política de maltrato, de abuso de poder, y creo que no es a mí a quien le corresponde investigar esos hechos. Yo ya hice las querellas respecto de estos casos, (...) he solicitado al Ministerio de Desarrollo Social que me entreguen información para saber de qué se me ha acusado, ya que lo han hecho con bastante alevosía”, subrayó Hidalgo.

La exrepresentante del ministerio en la capital, además, insistió en que no existe “alguna prueba que ellos tengan fehaciente para acusarme de la forma en la cual lo hicieron, dañando mi honra, mi prestigio y mi trayectoria profesional, de mujer y como persona”.

Finalizada su intervención, Hidalgo fue requerida por los diputados de la comisión frente a las “presiones” que, acusa, recibió para las votaciones del SEA. En ese sentido, señaló que “respecto del conocimiento del ministro Giorgio Jackson, esperaría que tuviese conocimiento de las presiones que ejercía sobre mí la subsecretaria (de Servicios Sociales) Francisca Perales por ser su superior jerárquico directo. (...) Yo lo desconozco, pero él es el jefe de ella y las presiones de ella yo las recibí de manera telefónica y a través de medios digitales por escrito, a través de los WhatsApp”, aseguró.

En esa línea, afirmó que son “falsas” las acusaciones del ministro de Desarrollo Social sobre que no habría denunciado una presunta violación en una residencia dependiente de la cartera mientras ejercía el cargo de seremi.

“Eso es falso, de falsedad absoluta. Nosotros estamos preparando una querella al respecto, yo he sido citada por el Ministerio de Desarrollo Social. Sin embargo, a la fecha de hoy yo no he sido sumariada, todo lo contrario. Se me preguntan por hechos de los cuales no tengo conocimiento, hechos que ocurrieron además en un hostal de dependencias del ministro, de lo cual yo nunca fui invitada a ninguna reunión, y tengo todas las pruebas de aquello. Por lo mismo estoy con la tranquilidad que me ven”, aseguró la ex funcionaria de gobierno.

Junto con lo anterior, Hidalgo aseguró que se enteró de la presunta violación “por un WhatsApp de una funcionaria de la seremi de Desarrollo Social (...), donde la funcionaria de la seremi me dice que la denuncia ya fue hecha por la vicaría”.

Seguidamente agregó que “una seremi no puede ir a darle instrucciones a un funcionario de un nivel central, no puedo ir a decirle a ella lo que haga, y ese es el correo que mañosamente han circulado, pero descontextualizado respecto de lo que ocurrió. Si usted lo lee pareciera que yo le estoy diciendo ‘no sé, hágase cargo usted, pregúntele a sus superiores jerárquicos’, pero eso es respecto de otra cosa, no de la denuncia, porque la denuncia ya estaba hecha”, se defendió Hidalgo.

“Cuando se hace la denuncia usted ya no puede hacer otra denuncia, la denuncia ya fue hecha y en este caso yo lo primero de lo que me aseguro es que esté hecha, y una vez que está hecha no es que yo me desentienda, yo le digo a la funcionaria del Ministerio de Desarrollo Social que tenía tanta dudas, la señorita María Talón, que le tiene que pedir indicaciones a sus superiores jerárquicos”, explicó.

La comisión revisora, esta jornada también escuchará las exposiciones de la subsecretaria de la Niñez, Yolanda Pizarro; de la directora del Servicio Nacional de Protección Especializada de la Niñez y Adolescencia, Gabriela Muñoz; y del abogado, Patricio Zapata.

El jurista acudió a dar su punto de vista respecto del libelo acusatorio. Para el profesor de la Universidad de Chile resulta “un problema que se deslice alguna referencia que exceda un poco lo que podamos llamar lo estrictamente político y jurídico”. Esto, pues en una página del escrito, los diputados acusadores hacen referencia al “estándar ético, político y moral que debe tener un ministro de Estado”.

Lo anterior, a juicio de Zapata, “no ayuda mucho al estudio desapasionado del escrito que se haga referencia a la calidad ética y moral de un ministro”.

En relación a lo que se le imputa a Jackson de no ejecutar la totalidad del presupuesto de su cartera, el abogado, advirtió no se podría distinguir “suficientemente la subejecución presupuestaria al concepto ‘dejar sin ejecución las leyes’. La subejecución presupuestaria no es equiparable”, argumentó Zapata, haciendo referencia los numerales 1 y 2 del artículo 52 de la Constitución.

En dicha observación, el constitucionalista explicó que “la ley de presupuestos, más que ordenarle al presidente y a sus ministros a que gasten $622 mil millones, le autoriza a que gaste ese monto. No incurre en falta jurídica el ministerio que no gasta el total de lo autorizado”.

En la acusación constitucional, los parlamentarios republicanos aseguran que existió una supuesta subejecución presupuestaria en el fondo de tierras y aguas durante el año 2022.

“Según información de la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda, a noviembre de 2022 se ha ejecutado un total de M$27.823.44823, esto es, un 42,2% del total”, se lee en el texto. De acuerdo a esas cifras, argumentan que el ministro de Desarrollo Social dejó sin ejecución el presupuesto 2022 de la Corporación Nacional Indígena (Conadi).

En ese contexto, durante la sesión en la comisión revisora Luis Penchuleo, director del servicio público, señaló que en sus ocho meses de gestión -el Presidente Boric lo nombró en mayo de 2022- “la ejecución es de un 100%”.

“El monto asciende a más de $40 mil millones e hicimos un adelanto de ejecución 2023 porque ocupamos la glosa que permite a los servicios públicos ejecutar hasta un 10% del presupuesto del año siguiente”, explicó.

Esos guarismos, indicó el director de Conadi, “representan un 113% más de ejecución comparado con el año 2021. La acusación constitucional, para poner este elemento como parte de la misma, se hizo antes de que terminara el año presupuestario”.

A su turno, la subsecretaria de la Niñez -oficina dependiente del Ministerio de Desarrollo Social- aseguró que su departamento ha “cumplido con la instalación de las oficinas locales de la niñez”, en respuesta a uno de los argumentos del libelo contra Jackson.

Además, aseguró que “respecto de la falta de atención de los niños en esta invalidación, en estas atenciones en el servicio de protección, no se ha dejado de garantizar esa atención”. “Como como gobierno estamos velando siempre para que todos los concursos sean legítimos, transparentes y en igualdad de condiciones”, insistió Pizarro.

Frente a la pregunta del diputado Joaquín Lavín (UDI) en relación a la certeza que tenga la subsecretaria de que ningún menor no esté recibiendo su programa de atención, Pizarro afirmó que “ninguno de los niños que se hubieran visto eventualmente afectados en estas licitaciones se han quedado sin su atención. Los niños, con el presupuesto 2023, van a ser acogidos, atendidos y contenidos”.

Durante la noche del jueves, en tanto, se ingresó la defensa del ministro Jackson, con sus descargos sobre el libelo.

“No existe acción u omisión personal alguna de mi parte a la que la y los acusadores hayan hecho referencia, ni mucho menos vulneración a las reglas sobre probidad”, señaló el secretario de Estado en el documento.

La respuesta del titular de Desarrollo Social se dio cuenta esta mañana en la comisión revisora, por lo que -según el reglamento- son seis días más los que tiene la instancia legislativa para estudiar la acusación y determinar su postura.

En ese marco, el jueves de la próxima semana vence el plazo de la comisión para concluir su trabajo y generar sus conclusiones. Estas serán redactadas en un informe -no vinculante- que luego se despachará a la sala, y en el que se recomendará aprobar o rechazar el libelo acusatorio.