No querellarse. Esa fue la decisión del gobierno ante las declaraciones del líder de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), Héctor Llaitul.

Hace unos días, el comunero mapuche convocó a “preparar fuerzas” y a “organizar la resistencia armada” ante el anuncio de la creación de un Estado intermedio, que facultaba a las Fuerzas Armadas a controlar las rutas y carreteras en la Macrozona Sur; idea que fue desechada finalmente por La Moneda que optó por decretar un Estado de Excepción Constitucional por 15 días en las carreteras y rutas de la Región de La Araucanía y las provincias de Biobío y Arauco, en la Región del Biobío y que entró en vigencia este martes.

Desde Alhué, tras inaugurar el nuevo Cesfam de la comuna, el Presidente Gabriel Boric fue consultado sobre la decisión de no presentar una acción penal en contra de Llaitul.

Al respecto, el Jefe de Estado precisó que si bien perseguirán delitos “con todo el peso de la ley”, aseguró que “nuestro gobierno no persigue ideas ni declaraciones”.

“Y ahí puede que tengamos diferencias, esas diferencias se pueden debatir, pero que sepan que quienes cometan delitos van a ser perseguidos con todo el peso de la ley, pero nosotros no vamos a perseguir ideas”, reiteró.

Tras las declaraciones de Llaitul, el domingo -en Tolerancia Cero- la ministra de Desarrollo Social, Jeannette Vega, había confirmado la querella desde el gobierno en contra del líder de la CAM.

“En una democracia como la que tenemos, ningún grupo se puede alzar en armas contra el Estado”, precisó en esa ocasión la secretaria de Estado.

Sin embargo, tres días después, la acción penal fue descartada por el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, quien -en diálogo con Radio Universo- admitió que “no es necesario ir sumando querella sobre querella”, y señaló que desde La Moneda aportarán antecedentes a denuncias ya interpuestas.

“Hay que usar las herramientas que son eficaces y, en este caso respecto a las declaraciones del líder de la CAM, nos parece que la herramienta más eficaz es incorporar estos antecedentes a denuncias que ya están hechas, no a una querella nueva”, enfatizó en ese momento. Pero ante su anuncio surgieron las dudas.

Desde el Ministerio Público señalaron a La Tercera que esta resolución impide investigar en lo penal el llamado que hizo Llaitul, considerando que sus dichos podrían enmarcarse en una figura prevista por la Ley de Seguridad del Estado (LSE).

Según explicaron, sólo el Ejecutivo -a través de una querella de Interior que individualice la acción delictual- puede invocar esa norma, ya que no son delitos que se puedan indagar de oficio.

Dicha situación fue abordada esta mañana por la ministra del Interior, Izkia Siches, quien precisó que el Ministerio Público “tiene antecedentes desde hace mucho tiempo, denuncias y querellas desde el 2018, 2016″ en contra del líder de la CAM, por lo que “frente a ello me parece que, sin duda, no tienen las manos atadas”.