Gálvez reitera “falta de fundamentos” de la AC contra Piñera en nueva jornada de defensa: “Una acusación se plantea cuando hay certezas, no cuando hay dudas e inferencias”

Durante esta mañana se efectuó la segunda parte de la defensa del Presidente Sebastián Piñera liderada por el abogado Jorge Gálvez, frente a la comisión revisora de la Acusación Constitucional presentada contra el Mandatario por el eventual conflicto de interés en la compraventa del Proyecto Minero Dominga.

“Una acusación se plantea cuando hay certezas, no cuando hay dudas e inferencias, como lamentablemente es el caso”, indicó con respecto al libelo ingresado el pasado 13 de octubre por diputados de oposición.

En la primera jornada de defensa en la tarde del viernes, Gálvez -quien defendió al ministro de Educación, Raúl Figueroa, meses atrás- le presentó a la comisión revisadora conformada por Maya Fernández (PS) como líder, Florcita Alarcón (PH), Pepe Auth (Ind.), Paulina Núñez (RN) y Virginia Troncoso (Ind.-RN), sus principales argumentos para impulsar “el rechazo total y absoluto de la AC”.

En la exposición que duró alrededor de tres horas resumió los aspectos mencionados en el texto de defensa, que cuenta con 242 páginas, presentado previo a la medianoche del jueves a la secretaría de la Comisión. Estos ejes giran en torno a que el libelo de la oposición “se basa en hechos falsos”, que “no tiene y no ofrece prueba de sus dichos” y que los hechos a los que se hace mención ”fueron ocurridos en el anterior periodo presidencial”. Finalmente, remarca que la AC “contradice fallos judiciales firmes y pronunciamientos de Contraloría, SII y SVS”.

En la segunda jornada, realizada de manera telemática durante la mañana de este sábado, el abogado mantuvo la línea de argumentación de que la acusación presentada por los diputados de oposición “carece de todo argumento fáctico y jurídico”.

Esto lo realizó mediante una descripción cronológica de los hechos involucrados con la tercera cláusula del documento de compraventa de Dominga, que indicaba que el último pago -de la venta de Dominga por parte de la sociedad activa (donde participaba la familia Piñera) a Délano- estaba condicionado a que el sector en que se emplazaría la mina no se declarara zona de exclusión.

En ese marco, destacó que “se trata de hechos que fueron objeto de pronunciamientos judiciales firmes que abordaron una investigación celosa respecto de la intervención del Mandatario en sus negocios personales”. En referencia a la investigación llevada a cabo el 2017 por el Ministerio Público en el llamado caso Exalmar, en donde una parte se relacionaba al proyecto minero y que descartó la intervención del Presidente. En esa línea, el profesional letrado hizo énfasis en las atribuciones del órgano legislador chileno.

“Si tiene sentido en nuestra orgánica constitucional, el principio de división de poderes o funciones es porque los órganos del Estado, el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo tienen la obligación de respetar los fallos judiciales. No pueden revivirlo, no pueden contradecirlo, no pueden abocarse a causas pendientes, no pueden, por lo tanto, violar el principio y la autoridad de cosa juzgada”, concedido por ley al “sobreseimiento definitivo”.

En esta segunda jornada de presentación de defensa, el discurso del Gálvez se centró, en su mayoría, en un cautelosa descripción del proyecto que busca calificar la zona de La Higuera, en la Región de Coquimbo, como área marina protegida, al que calificó de “complejo y extenso”.

Este eje ha sido clave en la denuncia a Piñera debido a la cláusula de la transacción de la minera que fue relevada por la investigación periodística internacional y que, de manera paralela, está siendo investigada por el Ministerio Público.

Gálvez acentuó el curso que ha llevado el informe que busca la protección ambiental de la zona, presentado -en una primera instancia- el año 2011 por la ONG Oceana; y en una segunda oportunidad, de manera más detallada, en 2013, según lo descrito, y que ha estado en revisión por parte de las autoridades ambientales correspondientes.

“No es efectiva aquella acusación en términos que el Presidente haya realizado un acto destinado a intervenir en la zona para privarla de protección”, aseguró el abogado. “Eso no conversa con los hechos”.

“El proceso de protección medioambiental siguió el curso que mostré durante la primera administración del Presidente; siguió un curso lamentablemente infructuoso durante la administración de la Presidenta Bachelet y asistió el ministro Mena a decir que efectivamente en la instancia final -porque avanzó en sus instancias técnicas- que es el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad no hubo acuerdo”, especificó en el marco de las contradictorias declaraciones del exministro de Medio Ambiente de Bachelet, Marcelo Mena, en el último mes sobre el proceso de revisión del proyecto.

Desde la presentación de la defensa la comisión revisadora tiene un plazo de seis días para estudiar los antecedentes y determinar una postura a través de un informe no vinculante. Tras esto se da inicio de la votación en la Cámara de Diputados; momento en el que el acusado puede invocar, en caso de que encuentre pertinente, la cuestión previa. Este mecanismo implica que la defensa cree que la acusación en su contra no cumple las condiciones reglamentarias.

En caso de ser presentada y acogida por los diputados, la AC se cae y no podrá insistirse. Pero, si no lo fuese, se continúa con la votación de la Cámara Baja para discutir el fondo del libelo. En esa instancia, requiere de 78 votos para ser aprobada.

Si alcanza este apoyo, el proceso pasa a ser evaluado por el Senado, que posee entre cuatro y seis días para definir su votación, en la que se requiere de un quórum de 2/3 de los senadores en ejercicio para aprobar la acusación. Si eso ocurriese, el Presidente sería destituido y no podría ejercer o desempeñar ninguna función pública por un periodo de cinco años.