Gobierno cambia la discusión inmediata al proyecto de ley humanitaria por urgencia suma

Esta mañana el ministro de Justicia, Hernán Larraín participó de la Comisión de Constitución del Senado donde se comenzó a ver el proyecto de ley humanitaria.

Iniciativa que busca que los condenados por cualquier delito que se encuentren con una enfermedad en fase terminal; que tengan un menoscabo irrecuperable y les provoque dependencia severa; o que sean mayores de 75 años y que hayan cumplido a lo menos la mitad de su condena, puedan terminarla con arresto domiciliario.

Ayer la iniciativa sufrió un revés en la Comisión de DD.HH de la Cámara Alta, donde por tres votos en contra y dos votos se rechazó la idea de legislar el proyecto. El argumento de los legisladores opositores fue que se beneficiaría a condenados por delitos de lesa humanidad.

Dentro de este contexto, Larraín informó que el gobierno modificará la discusión inmediata que regía sobre esta iniciativa por suma urgencia. Es decir, se extendió de 15 a 30 días el plazo que dio el Ejecutivo para que la iniciativa sea conocida y despachada por el Cámara Alta.

“Hemos conversado al interior del gobierno sobre la conveniencia de quitarle la discusión inmediata y ponerle suma urgencia con la finalidad de poder darnos un espacio mayor de debate, para poder oír y ustedes tengan el tiempo necesario de discutir como estimen conveniente”, indicó Larraín.

La urgencia inmediata a la iniciativa se había dispuesto el pasado 2 de abril, cuando el Presidente Sebastián Piñera anunció un veto aditivo al proyecto de indulto conmutativo, que beneficiará a cerca de 1.300 condenados por delitos menores con riesgo de contagio de Covid-19, modificando su prisión por arresto domiciliario total.

Indulto que había sido aprobado en el Congreso, pero sin aspectos claves, lo que facilitaría que quienes incumplieran la modificación de cautelar quedaran sin sanción, lo que finalmente se revirtió tras la aprobación del veto. Con todo, se generó un problema entre el gobierno y Chile Vamos a raíz de los requerimientos que un grupo de senadores presentó ante el Tribunal Constitucional, acusando discriminación arbitraria por no incluirse -entre otros- a condenados por delitos de lesa humanidad, y que ayer fue rechazado por la instancia. A esto se sumó el requerimiento de un grupo de diputados oficialistas ante el TC, que finalmente fue retirado por los parlamentarios.

Tras el anuncio de Larraín, la comisión finalmente no votó esta jornada la idea de legislar la iniciativa con el fin de debatir con más tiempo los alcances del proyecto.

Esta mañana, en diálogo con Hablemos en Off de Radio Duna, el ministro de la Segpres, Felipe Ward, había manifestado que “nosotros vamos a mantener la discusión inmediata de esta iniciativa”, y añadió que “aquí no hay un intento de llevar a cabo una agenda que convenza en uno u otro sentido, hay un convencimiento en los temas sanitarios y humanitarios”.

En la instancia el ministro también fue consultado sobre cuántas personas mayores de 70 años, que serían beneficiarias de la ley humanitaria, hay en las prisiones del país.

En ese sentido, Larraín indicó que son 122 personas las que cumplen el requisito de edad, de las cuales 75 más o menos son condenados por delitos de lesa humanidad.