Hasta el Palacio de La Moneda llegó la tarde de este lunes la senadora independiente Fabiola Campillai. La legisladora, quien quedó ciega tras recibir una bomba lacrimógena de parte de Carabineros en 2019, estuvo reunida varios minutos con el ministro de la Segpres, Giorgio Jackson, con el objetivo de concordar el anuncio que ambos harían después desde el Patio de Los Naranjos: que el gobierno del Presidente Gabriel Boric ingresará urgencia suma al proyecto que establece una amnistía para los denominados “presos del estallido”.

La iniciativa -que fue impulsada por el actual oficialismo- se encuentra en primer trámite en el Senado y si bien fue despachada por la Comisión de Constitución de esa corporación en el periodo legislativo pasado, hasta ahora, no ha sido revisada por la sala. Con el ingreso de la urgencia, la Cámara Alta tendrá 15 días para despachar el texto a la Cámara de Diputados a su segundo trámite.

El anuncio se da luego de que la propia Campillai y otros sectores de la izquierda solicitaran al gobierno impulsar la norma que, en síntesis, busca amnistiar los delitos cometidos entre el 7 de octubre de 2019 y el 9 de diciembre de 2020, en el marco del estallido social, siempre que los condenados no tengan antecedentes previos. Fuera del catálogo de delitos quedaron el homicidio frustrado y el maltrato de obra en contra de las policías.

La urgencia a la iniciativa es un nuevo gesto a las víctimas de violaciones a los derechos humanos que respaldaron la opción del frenteamplista en los comicios presidenciales pasados. La semana pasada, tanto Jackson como la ministra de Justicia, Marcela Ríos, sostuvieron reuniones con la senadora Campillai para abordar la agenda en materia de reparación que impulsará el Ejecutivo y que comprometió en su programa de gobierno. Encuentros que se suman al retiro de 139 querellas por Ley de Seguridad del Estado por parte de la nueva administración, y al cambio de criterio del Ministerio del Interior, que decidió no oponerse a la libertad de Nicolás Piña, imputado por homicidio frustrado contra un carabinero.

Pese a lo simbólico de los gestos hacia ese mundo, la decisión de aplicar urgencia suma al proyecto de amnistía tiene riesgos de los que el gobierno es consciente. De hecho, así se analizó este lunes en la reunión que lideró Jackson con parlamentarios oficialistas en Palacio. En dicha cita, según presentes, el ministro sinceró que estaban enfrentados al dilema de facilitar la votación de una iniciativa cuyo futuro es incierto. Esto porque el oficialismo -que intentó empujar el debate de esta iniciativa antes de que Boric asumiera la Presidencia- cuenta solo con 19 de los 26 votos que requiere para la aprobación de la iniciativa en la Cámara Alta. “Es probable que se caiga”, admiten parlamentarios de Apruebo Dignidad.

Para que el proyecto avance el oficialismo necesita convencer a todo el comité de la Democracia Cristiana -que tiene 5 escaños- y evitar que figuras del bloque PS-PPD que han manifestado dudas se desmarquen en la votación. Un eventual rechazo obligaría a los parlamentarios y al gobierno a abstenerse de presentar una iniciativa de esas mismas características por el periodo de un año.

En su alocución, Jackson se hizo cargo del escenario adverso que podrían enfrentar en la sala del Senado.

“(La urgencia) va en línea de poder cerrar o de alguna manera revisar y ojalá sanar ciertas heridas que dejó el estallido social en nuestra sociedad (...). Ahora el trabajo, luego de esta suma urgencia, estará en convencer y persuadir de que la discusión en la Comisión de Constitución generó ciertos acuerdos en materia de este proyecto, que esperamos pueda conseguir también un apoyo en la sala del Senado”, sostuvo el secretario de Estado, quien reiteró que el gobierno también se está haciendo cargo de aquellas personas que fueron víctimas de saqueos y daños.

Hasta ahora, el Ejecutivo ha buscado calibrar los gestos. Por lo mismo, la semana pasada, por ejemplo, el ministro de Economía, Nicolás Grau, pidió disculpas en nombre del Estado de Chile a quienes sufrieron la pérdida de sus fuentes de trabajo en el sector aledaño a la Plaza Baquedano.

Pese a eso, en el oficialismo señalan que también existe preocupación respecto de que el no hacer gestos suficientes al mundo que pide libertad a los denominados presos de la revuelta pueda abrirles un flanco en la calle. Algo no menor considerando los hechos del viernes pasado en Plaza Baquedano, por el que recibieron cuestionamientos de sus propias filas -principalmente desde el PC- ante el actuar de Carabineros.

Campillai, por su parte, emplazó a sus pares a respaldar la iniciativa. “Estoy supercontenta de que el gobierno haya recogido esta petición y que ya se le vaya a dar suma urgencia a esta ley de amnistía que tanto necesitamos. Vamos a apelar al sentido humanitario de cada senador para poder conseguir los votos necesarios para aprobar este proyecto”, dijo.

El presidente de la Comisión de Constitución del Senado, Pedro Araya (Independiente), advirtió tras el anuncio que el proyecto venía con un complejo escenario incluso desde el periodo legislativo anterior. “De hecho, la oposición tenía mayoría en el gobierno de Piñera, pero no todos estaban convencidos de este proyecto. Entonces, el gobierno va a tener un arduo trabajo respecto de conseguir los votos necesarios para su avance”, sostuvo a este medio.

Y agregó: “Espero que el gobierno haya hecho algún trabajo prelegislativo con los senadores, para que la colocación de urgencia efectivamente traiga aparejado que el proyecto tenga los votos y no sea un mero saludo a la bandera para decir que cumplieron con algo que prometieron en la campaña”.

El senador comunista Daniel Núñez coincidió en que “va a ser un esfuerzo titánico lograr los votos porque tenemos un empate entre el mundo democrático y la derecha”, aunque valoró el cumplimiento del “compromiso político del Presidente Boric de buscar que todos aquellos jóvenes que están injustamente presos puedan obtener la libertad”.

“Esperamos que estén los votos para aprobar en el Senado y pase al siguiente trámite en la Cámara de Diputados. Así vamos sanando las heridas y conflictos derivados del estallido social”, sostuvo el oficialista Juan Ignacio Latorre (RD).

Como era esperable, en la oposición el anuncio fue recibido con críticas. De hecho, el líder del Partido Republicano, senador Rojo Edwards, reiteró que continuarán el proceso de recolección de firmas para interpelar a la ministra del Interior, Izkia Siches.

“Su primera urgencia es liberar delincuentes. No son las pensiones, la salud o el desempleo. A las pymes que hace muy pocos días les pidieron disculpas y les prometieron un bono, hoy les muestran su verdadera cara. Una vez más, el gobierno se puso del lado de los delincuentes y no de las víctimas. Así se hace muy difícil colaborar”, afirmó.

Desde la UDI Iván Moreira recalcó que “hay muchos senadores que opinan con antecedentes que ese proyecto, además de estar técnicamente mal formulado, constituye una señal de impunidad ya sea que se plantee como amnistía o como indulto (...), es muy difícil que se apruebe dentro de la Cámara Alta, dado que en el oficialismo hay miradas distintas”.

El senador Rodrigo Galilea (RN), a su vez, señaló que le “costaría creer que alguien de Chile Vamos respalde ese camino de impunidad, y no estoy seguro de que el proyecto además cuente con todos los votos de la centroizquierda”.

“¿Cómo puede un gobierno poner como prioridad proyectos que alientan la impunidad frente a delitos graves que se vienen cometiendo hace dos años y medio, y sobre los cuales hay muy pocos procesados, y los escasos condenados han sido castigados con penas irrisorias?”, subrayó, a su vez, Carmen Gloria Aravena (RN).