Gobierno define prioridades para los próximos cuatro meses: pacto fiscal y agenda de seguridad

Este jueves se concretó un nuevo comité político convocado por el Presidente Gabriel Boric junto con sus ministros, donde se definieron las prioridades del Ejecutivo para los próximos cuatro meses, destacando los esfuerzos por aprobar el pacto fiscal y concretar la serie de proyectos relativos a la seguridad.

Al encuentro que se realizó en el Cerro Castillo, de la Región de Valparaíso concurrieron las ministras Carolina Tohá (Interior), Camila Vallejo (Segegob), Antonia Orellana (Mujer y Equidad de Género) y Jeannette Jara (Trabajo), más Álvaro Elizalde (Segpres) y Mario Marcel (Hacienda), donde se abordaron distintas materias, como la agenda legislativa más próxima.

Luego del encuentro sostenido esta tarde, la ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo, señaló ante una consulta por el proyecto de reforma al Crédito con Aval del Estado -que sería ingresado en el primer semestre de 2024- que este encuentro fue una planificación para el corto plazo, que tiene como plazo máximo los próximos 120 días.

En ese sentido, la vocera señaló que “hemos concentrado mucho la discusión en lo que tiene que ver con materias del pacto fiscal, particularmente el relacionado a los permisos. Como saben levantamos un gabinete procrecimiento económico y generación de empleos y en ese gabinete se insistió en la posibilidad y en la necesidad de avanzar en ese proyecto, que prácticamente está casi listo”.

Asimismo, en la misma línea, destacó que “otra materia del pacto fiscal tiene que ver con los cumplimientos tributarios, particularmente en lo referido al levantamiento del secreto bancario que anunció el Presidente Boric, que estaría contenido en ese aspecto del pacto fiscal porque en aquellos casos donde el Servicio de Impuestos Internos (SII) puede detectar o sospechar elusión tributaria, el levantamiento del secreto bancario es fundamental para hacer el cobro efectivo de esos impuestos no pagos”.

Otro de los flancos abiertos en el Ejecutivo es la crisis de seguridad que afecta a distintas regiones del país y que incluso en la Región Metropolitana, distintas autoridades han solicitado un estado de excepción constitucional para contar con la presencia de las Fuerzas Armadas en las calles.

Al respecto, Vallejo sostuvo que “también tenemos una agenda legislativa relacionada a los proyectos del fast track de la agenda de seguridad. Estamos en condiciones de poder sacar varios de esos proyectos y particularmente en seguridad el énfasis está en tres proyectos: la creación del Ministerio de Seguridad, otro el proyecto de inteligencia financiera que nos va a permitir seguir a bandas organizadas que cometen delitos de cuello y corbata e incluso de crimen organizado en general, y otro aspecto tiene que ver con la Ley Antiterrorista”.

La autoridad añadió que “la agenda de seguridad es una agenda prioritaria, hemos elevado el presupuesto para seguridad de manera histórica, mucho más que los últimos dos períodos de gobierno”, y destacó que el aumento del presupuesto en la materia en un 5,7% para el 2024, lo que “nos va a permitir seguir entregando vehículos policiales tenemos financiamiento para la política contra el crimen organizado”.

En ese sentido, la ministra Vallejo reveló que en un análisis de datos junto al Ministerio del Interior y Seguridad Pública da cuenta que el combate contra el crimen organizado ha permitido desbaratar hasta la fecha 2.951 bandas criminales.

El ministro de la Segpres, Álvaro Elizalde, en tanto, destacó que el gobierno busca aprobar distintas leyes que en discusión “que se enmarcan dentro de las prioridades del gobierno, prioridades que son respuesta a las demandas ciudadanas, a las necesidades de los chilenos”.

En ese sentido destacó las 41 leyes de seguridad que han sido publicadas, por ende, vigentes, y otras 45 que ya están aprobadas por el Congreso. “Ese es un número récord desde que recuperamos la democracia”, afirmó Elizalde.

Entre las leyes que son prioritarias en este momento para el Ejecutivo y que esperan despachar, el secretario de Estado mencionó la ley de Ciberseguridad en infraestructura crítica, el proyecto de refugio y reconducción relacionado a los migrantes y el proyecto que crea las fiscalías supraterritoriales.

“Esto se enmarca también con los esfuerzos adicionales que tenemos que hacer en materia de seguridad. Ley antiterrorista, la creación del Ministerio de Seguridad y el proyecto de inteligencia económica que establece la posibilidad de levantar el secreto bancaria y que también va a estar vinculado a técnicas especiales de investigación”, afirmó el ministro Elizalde, explicando que este último buscará determinar el origen de los dineros y su “blanqueo”.

También destacó entre las prioridades el proyecto que aborda el sobreendeudamiento de la población, el de conciliación la vida laboral con la vida familiar, la protección de los datos personales, otro que crea la Secretaría de Gobierno Digital y el proyecto de Transparencia 2.0 que fue corregido por la conocida Comisión Jaraquemada. También la Ley Karin (acoso laboral) y el reajuste al sector público que se ingresará la próxima semana y que el gobierno espera que se apruebe durante diciembre.