Gobierno endurece tono contra fundaciones: Cordero admite “corrupción” e investiga “abusos” de 18 entidades

Hasta la Contraloría General de la República llegarán este lunes los principales dirigentes de Chile Vamos para sostener una reunión con el contralor Jorge Bermúdez.

Esta cita se produce justo luego de que este sábado La Tercera diera a conocer que el ente fiscalizador declaró ilegales convenios por $13 mil millones entre reparticiones públicas y fundaciones.

La noticia remeció el ambiente político, al punto que la oposición y ciertos grupos políticos no alineados (como el Partido Demócratas) volvieron exigir la salida de algunos ministros, entre ellos el titular de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, mientras que desde el propio oficialismo afloraron severos cuestionamientos en contra del Ejecutivo, a pesar de que los convenios objetados por la Contraloría en su mayoría eran de gobiernos regionales.

Ello obligó a La Moneda a desplegarse y endurecer el discurso en contra de las fundaciones cuestionadas, aun cuando el gobierno central no fuera directamente responsable de los nuevos hechos irregulares. De hecho, este domingo el ministro de Justicia, Luis Cordero, lideró la nueva estrategia, junto a la titular de Interior, Carolina Tohá, y el secretario general de la Presidencia, Álvaro Elizalde.

En el programa Mesa Central, de Canal 13, Cordero fustigó a la organización que desató esta crisis: Democracia Viva, que fue fundada por la expareja de la diputada oficialista Catalina Pérez (RD, hoy suspendida) y otros militantes de ese mismo partido del Frente Amplio.

Incluso, el titular de Justicia, cuya cartera es la encargada de supervisar la personalidad jurídica de estas organizaciones no gubernamentales, habló frontalmente de “corrupción” y que en otros casos también podría haber hechos constitutivos de delito.

“Hay casos que derechamente tienen que ser calificados de corrupción. Democracia Viva es un caso”, dijo.

Respecto de la devolución del dinero del desahuciado convenio entre el Serviu de Antofagasta y Democracia Viva, dijo que “el Estado va a hacer efectivas las responsabilidades civiles, y si ellos se quieren arriesgar a responsabilidades penales las asumirán”.

En la entrevista, Cordero además mencionó que están investigando a 18 fundaciones que, a su juicio, estarían “abusando” de su personalidad jurídica (concepto que se usa en el ámbito legal para definir una mala práctica).

Uno de estos casos es el de la fundación En Ti, la cual fue “arrendada” por la excandidata a alcaldesa de Concepción, apoyada inicialmente por el Frente Amplio, Camila Polizzi, quien es investigada por pagar presuntamente $ 10 millones a los directivos de la organización con el fin de utilizar su nombre y conseguir el traspaso de $ 250 millones de parte del gobierno regional del Biobío.

“La libertad, la modalidad de transferencia, generan incentivos inadecuados. Eso es abuso de personalidad jurídica”, dijo el ministro sobre el caso, agregando que “a propósito de abuso de personalidad jurídica, estar utilizando la personalidad jurídica que le dio el Estado, aún en un sistema flexible, es parte de lo que está estudiando el Ministerio de Justicia en, al menos, 18 casos”.

En su intervención, el titular de Justicia hizo una severa reprimenda a algunas autoridades del propio gobierno, tras la salida de la subsecretaria de las Culturas y las Artes, Andrea Gutiérrez, actriz y gestora cultural.

A Gutiérrez se le abrió un sumario y se le pidió su renuncia por haber firmado dos convenios con la Corporación para el Desarrollo de Santiago (Cordesan), organización donde la misma exsubsecretaria fue directora de Cultura antes de asumir en el gobierno.

Cordero cuestionó la falta de capacidad del entorno de la subsecretaria (cercana a Boric y con antiguos lazos familiares con el PS), de no advertir que no se respetó el “principio de abstención”, es decir, no participar de decisiones administrativas que favorecen a personas o entidades con las que una autoridad tiene o tuvo relaciones.

“Personas que llegan por primera vez a un cargo directivo en la administración debieran tener una capacitación básica de reglas para evitar problemas en el futuro. O, al menos, tener tres personas contratadas que son esenciales para evitar problemas administrativos. Un buen jefe jurídico, un buen administrador de finanzas y un buen auditor”, dijo sobre el punto.

El endurecimiento del discurso y la distancia con aquellas organizaciones también fue manifestado por la ministra Tohá, quien recalcó que “este tipo de convenios es similar a todos los que se han hecho históricamente. Hoy la Contraloría pidió un estándar más alto y me parece bien. Porque la historia nos mostró que así como se estaban haciendo, se prestaban para situaciones que no queremos. Entonces, ahora habrá que hacer convenios con otro estándar y eso es un aprendizaje. Enhorabuena. Y yo lo que siento cuando veo una cosa como esta es preocupación”.

Elizalde, por su parte, mencionó que impulsarán una agenda legislativa para corregir las vulnerabilidades del Estado, al tiempo que recordó que la mayoría de los casos objetados por la Contraloría no son responsabilidad directa de La Moneda, pues son convenios de gobiernos regionales.

Desde el Ministerio de Justicia entregaron a La Tercera el detalle de las 18 fundaciones de las que existen sospechas de mal uso de su personalidad jurídica. Estas entidades, que deben inscribirse ante el Registro Civil, están bajo la tutela de Justicia.

En Antofagasta están siendo investigadas Democracia Viva, Asociación Campamento Ideas, Fundación Cultural Tomarte, Fundación de Educación Arte y Cultura Movimiento Fibra, Espacio Lúdico, Fundación Aracata Creaciones, Fundación en Todo Amar o Servir y Fundación Procultura.

Con presencia en El Maule y El Biobío figura bajo revisión Urbanismo Social.

En Atacama, Fundación Visible, Fundación Atacama Sueños y Fundación Enred.

La Fundación Comprometidos aparece con participación en Atacama y Arica.

La Fundación Local en El Biobío.

En O’Higgins, Fundación Arquidic.

En Los Ríos, la ONG Enlace Urbano.

Y en la Región Metropolitana, la Corporación Patrimonial Historias Nuestras y Fundación Educacional Programa Presente.

La decisión de la Contraloría revolvió las aguas en el ambiente político. El senador socialista Juan Luis Castro recalcó que “me da una vergüenza enorme estar apoyando al gobierno”, pero los ministros Cordero y Tohá le retrucaron que gran parte de los cuestionamientos involucran a la Gobernación de Los Lagos.

De todas maneras, los cuestionamientos incluso vinieron desde movimientos de centro como la DC y Demócratas.

El diputado y jefe de bancada de la Falange, Eric Aedo, dijo que “esto es la punta del iceberg. Necesitamos que la Contraloría investigue todo. Esto es verdaderamente un escándalo político y de corrupción”.

Desde el partido de los senadores Matías Walker y Ximena Rincón, en un comunicado hicieron un llamado al gobierno a hacer ajustes en su equipo de gabinete.

La oposición, en tanto, reforzó la arremetida contra el ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, aunque ahora también dirigió sus críticas al titular de Vivienda, Carlos Montes.

Por ejemplo, la bancada de RN irá a la Contraloría para juntar antecedentes a favor de una eventual acusación a Montes (ver nota en páginas siguientes).

Esa idea también ha sido planteada por el Partido Republicano, que ya lleva semanas “estudiando” antecedentes para un eventual libelo acusatorio contra Montes y Jackson.

A ello se suma la mencionada reunión con Bermúdez, donde Chile Vamos pretende recabar mayores antecedentes.

Parte de la apuesta de la derecha involucra promover proyectos de ley de probidad. De hecho, RN se reunirá este lunes con el ministro de la Segpres, Álvaro Elizalde, para ver este tema. “Entregaremos una serie de propuestas, donde destaca fortalecer el control que tiene que tener el Estado cuando contrata con estamentos privados”, dijo el diputado Andrés Longton.

También desde la derecha están analizando cómo el tema influirá en la discusión del Presupuesto 2024.