La Moneda no ceja en la arremetida por el seguimiento policial ordenada por la Fiscalía de las conversaciones telefónicas al exjefe de asesores de La Moneda, Miguel Crispi.

En específico, en el gobierno existe incomodidad con la figura del fiscal regional Patricio Cooper. Fue el persecutor quien solicitó la medida intrusiva, la que le fue otorgada en noviembre de 2024 por el Juzgado de Garantía de Antofagasta, para interceptar el teléfono del exasesor del Presidente Gabriel Boric, quien hasta el 10 de marzo de este año se desempeñaba en Palacio.

Si bien el “pinchazo” fue solicitado en el marco de la indagatoria por el caso ProCultura, de las escuchas a Crispi surgió una investigación paralela en contra de la exsenadora Isabel Allende, por el presunto tráfico de influencias en la fallida compra de la casa de su padre, el expresidente Salvador Allende.

Esto, a partir de una conversación privada del sociólogo frenteamplista con su madre, Claudia Serrano (PS), ocurrida el 7 de enero, en la que el exasesor del Mandatario deslizó supuestas presiones de la exlegisladora para acelerar el proceso de compraventa de la vivienda de su familia.

Así las cosas, en la jornada de ayer lunes, la ministra secretaria general de Gobierno (s), Aisén Etcheverry, reconoció que en el Ejecutivo existe “preocupación” por el uso de una medida tan gravosa, aunque apuntó que al gobierno “no le corresponde pedir explicaciones” a la Fiscalía.

A diferencia de esa postura manifestada ayer desde La Moneda, en diálogo con Radio Infinita, este martes la ministra secretaria general de la Presidencia (Segpres), Macarena Lobos, elevó el tono y sostuvo que el organismo liderado por el fiscal nacional Ángel Valencia debe acreditar que existía mérito para solicitar la intervención del teléfono de Crispi.

“Siempre lo hemos dicho también como Ejecutivo, nadie está por sobre la ley, las instituciones tienen que respetarse y por tanto la Fiscalía, en el ejercicio de sus facultades, tendrá que acreditar que efectivamente se daban los presupuestos para que legalmente se pueda proceder a una medida tan gravosa como esta”, remarcó.

Asimismo, cuestionó que el fiscal Cooper, en el afán de justificar la petición del “pinchazo” al exasesor de La Moneda, haya hecho una comparación con las opiniones cuando se trata de intervenciones en casos de narcotráfico.

"Yo no estoy para ser comentarista de los fiscales, pero me parece que efectivamente cada caso tiene que ser analizado en su mérito y por tanto no haría extensiones al respecto ni analogías en este caso", recalcó.

Pero no solo eso, además, como ya lo hizo ayer por la noche la portavoz (s) del Ejecutivo, Lobos insistió en que la Fiscalía debe despejar si existió la solicitud para intervenir el teléfono del Presidente Boric en el caso ProCultura, poniendo sobre la mesa nuevamente el posible riesgo para la seguridad nacional.

Poco después, desde La Moneda, el ministro de Seguridad, Luis Cordero, también fue inquirido por la postura del Ejecutivo.

“El gobierno lo único que pide es que se cumpla la ley. Las filtraciones implican una sanción a la ley. En el caso de las investigaciones de delitos con secreto reforzado implica responsabilidades mayores. El gobierno lo único que pide es que se cumpla la ley, no le corresponde estar pidiéndole rendiciones de cuentas a nadie, simplemente cumplir la ley”, dijo.