Gobierno evalúa fórmulas para atenuar el estado de excepción en la Macrozona Sur

Fue tras una reunión con la ministra del Interior, Carolina Tohá, en La Moneda que un grupo de diputados de la Región de La Araucanía aseguró que el gobierno ya evalúa diversas fórmulas para desescalar el estado de excepción en la Macrozona Sur.

A la cita -agendada con el objetivo de abordar la crisis de económica y de seguridad en el territorio- llegaron Mauricio Ojeda y Stephan Schubert (independientes Republicanos), Miguel Mellado y Miguel Ángel Becker (Renovación Nacional), los independientes Andrés Jouannet y Gloria Naveillán, y Ericka Ñanco (Revolución Democrática).

Y al término del encuentro, algunos legisladores afirmaron que Tohá informó que la próxima semana podría presentar un plan con distintas medidas para la región, que incluiría modificaciones en el estado de excepción que rige en algunas provincias de las regiones de La Araucanía y el Biobío desde el 16 de mayo de 2022.

La diputada Ñanco, por ejemplo, reveló que en el encuentro se consultó a Tohá sobre la fecha en que se levantará esa medida, ante lo cual la jefa de gabinete -según la legisladora- les aseguró que “existe un plan de gobierno para poder ir reduciéndolo lo más posible y esto se va a plantear la próxima semana en una reunión más privada”.

El diputado Becker, por su parte, afirmó a La Tercera que “la ministra del Interior quiere terminar con el estado de excepción, haciendo una propuesta relacionada con una forma de resguardar la región distinta de la que estamos haciendo hoy día”.

El diputado Ojeda también confirmó el planteamiento del gobierno en la reunión, lo que consideró como “peligroso”.

“La ministra Tohá nos planteó en La Moneda que nos van a presentar el plan para comenzar a eliminar el estado de excepción en la Región de La Araucanía, lo que a todas luces a mí me parece extremadamente peligroso. Peligroso, porque sin la presencia militar sin duda alguna los hechos de violencia van a crecer, van a actuar con mayor tranquilidad e impunidad los terroristas, los narcos, por lo tanto, creo que es irresponsable pensar siquiera en hacer una desescalada”, aseveró.

Según los parlamentarios, en la reunión, tras escuchar los diversos planteamientos de los legisladores, el gobierno les habría planteado que les presentará la próxima semana un plan que tendrá por objetivo una disminución de los hechos de violencia en la zona. Y que, una vez por mes, se haría un seguimiento del avance de dicho plan en reuniones reservadas entre los diputados de la zona y el Ejecutivo.

Sin embargo, tras diversas consultas de La Tercera, desde el Ministerio del Interior aseveraron que Tohá se encuentra evaluando fórmulas para reducir la intensidad del estado de excepción que rige en la zona y que ya cumple 299 días. En esa línea, desde la cartera explicaron que la jefa de gabinete aún no toma una decisión al respecto ni ha determinado medidas específicas para disminuir la presencia militar en La Araucanía y el Biobío, pero que en estos encuentros con parlamentarios está sondeando las posibilidades y parámetros para eventualmente hacer un retiro.

En varias ocasiones Tohá ha aseverado que el estado de excepción -una medida que fue rechazada por el Presidente Gabriel Boric durante su campaña y largamente resistida por Apruebo Dignidad, su coalición de origen- no puede ser una medida permanente. “Es un arma excepcional, transitoria y que debe aplicarse mientras no se logre que se afiate ni se consoliden otro tipo de acciones”, dijo el pasado 7 de marzo ante la Cámara de Diputados, cuando se votó por última vez una renovación de la medida.

“En el Ejecutivo hemos elaborado un plan de lo que pensamos que debe ser, en algún momento, el desescalamiento del estado de excepción, pero no consideramos que sea (ahora) un momento apropiado, ni siquiera para evaluarlo, porque el verano es siempre la peor época de la violencia en esta zona. Y ahí ha sido también esta vez”, dijo a los diputados.

Ese mismo día, pero ante el Senado, la ministra planteó que en el Ejecutivo ya “tenemos bastante desarrollados” los parámetros bajo los cuales se podría distender el estado de excepción. “Hemos avanzado en una mirada de cuáles son las condiciones en que debería evaluarse su retiro en su momento, de qué manera evaluarse, porque no necesariamente tenemos que pasar de la situación actual a cero, puede haber una gradualidad, y esos elementos los tenemos bastante desarrollados en el gobierno”, aseguró.

Consultado el Ministerio del Interior, afirmaron que tales parámetros están siendo sondeados por Tohá en sus reuniones con parlamentarios, a fin de tener una mirada común sobre el tema. Uno de ellos es la reducción o no del número de ataques o hechos de violencia: en marzo, la ministra aseguró que “los eventos de violencia rural han disminuido un 35% con respecto al mismo período del año anterior en las provincias bajo el decreto”. Los otros, aseguraron en la cartera, corresponden a datos reservados, “dinámicas en la zona que se han levantado a partir de la presencia militar”.

Aunque la ministra ha solicitado agendar para este propósito una reunión con las comisiones unidas de Seguridad y Defensa del Senado, esta aun no se concreta.

La modalidad para ir atenuando la presencia militar ha sido un problema sin solución para La Moneda desde el tiempo en que Izkia Siches y Giorgio Jackson estaban a cargo de las carteras de Interior y de la Secretaría General de la Presidencia, respectivamente.

De hecho, el impulso inicial de Jackson y Siches era crear un nuevo estado de excepción atenuado, en una escala menos restrictiva que los estados de emergencia que se vienen aplicando en cuatro provincias de La Araucanía y el Biobío. No obstante, ante la falta de apoyo de los partidos de Apruebo Dignidad (PC y Frente Amplio), el Ejecutivo abandonó ese plan.

Allí surgió, a pesar de la resistencia de La Moneda, una propuesta alternativa de partidos de oposición, en alianza con la DC, el PS y el PPD, de aprovechar una reforma sobre protección de infraestructura crítica, que permitía a las FF.AA. colaborar en la seguridad de lugares estratégicos.

Al ver que el proyecto avanzaba, La Moneda optó por hacerse parte y presentó un veto con el fin de mejorar el texto. Si bien la iniciativa, en julio de 2022, contó con un inédito respaldo en el Senado desde el PC a la UDI, la propuesta gubernamental fue rechazada en la Cámara por desmarques de diputados oficialistas del Frente Amplio y del Partido Comunista y por los votos en contra de otros de derecha, quienes actuaron en represalia por las malas relaciones con el gobierno.

Al asumir Tohá en Interior, en septiembre, retomó la idea de crear un nuevo estado de excepción de “protección y resguardo”, que se parecía a la idea original de Siches y Jackson. Su intención original era crear una nueva alternativa, centrada en la protección de personas.

No obstante, en su trabajo prelegislativo la ministra detectó que las fuerzas de Apruebo Dignidad mantenían sus reparos, lo que se sumaba a las objeciones de legisladores de derecha, que temían que esta nueva alternativa debilitara la protección de las provincias en el sur.

Al final, Tohá optó por reformar el estado de emergencia para que el Ejecutivo pudiera renovarlo cada 60 días; a cambio, el Presidente no restringía el derecho a reunión.

Después de un tortuoso trámite legislativo, se llegó a un acuerdo en comisión mixta, reduciendo a 35 días el plazo de renovación. En enero, el Senado aprobó en forma unánime la última propuesta, pero los diputados de Chile Vamos se molestaron con un discurso de Tohá, antes de la votación, y rechazaron la reforma el 26 de enero.

El gobierno, sin embargo, logró ese día salvar una nueva reforma sobre infraestructura crítica, que se está aplicando en el norte y podría ser usada como alternativa para desescalar el despliegue militar en el sur.