Una inquietud manifestaron este lunes en el comité político ampliado de La Moneda los oficialistas Natalia Piergentili (PPD) y Andrés Santander (PS): que el gobierno debía darse mayor tiempo para recopilar antecedentes antes de reaccionar ante un suceso como el ocurrido el viernes pasado, cuando un joven repartidor de la empresa Rappi recibió un impacto de bala de parte de un carabinero en el marco de una marcha de la Confech.

El hecho fue calificado de “máxima gravedad” por la ministra del Interior, Izkia Siches, quien incluso interrumpió la actividad que sostenían a esa hora con los parlamentarios de la coalición en Cerro Castillo para dar una versión e instruyó a su equipo a trasladarse hasta la posta para verificar el estado de salud del joven. Poco después su par Camila Vallejo (Segegob) anunció que los ministros de Salud y de Educación viajarían a Santiago para constatar in situ su estado de salud y aludió a la necesaria reforma de Carabineros.

Este lunes, en el marco del encuentro de los partidos con el gobierno en La Moneda, hubo una mala evaluación de la reacción inicial de las autoridades de gobierno que salieron rápidamente a enjuiciar a Carabineros antes de que se conociera el registro que daba cuenta de que el uniformado involucrado en el episodio había sido agredido, por lo que la institución argumentó que se trataba de un caso de defensa propia.

Más allá de las intervenciones de Siches y Vallejo -a las que también se sumó el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve-, el hecho de que tanto la delegada metropolitana, Constanza Martínez, y la ministra de Bienes Nacionales, Javiera Toro, salieran a reaccionar a través de Twitter sin conocer aún todos los antecedentes, generó incomodidad en el bloque del Socialismo Democrático.

“Lo que hemos conversado es que tenemos que tener el espacio para tener antecedentes y así poder hacer una declaración que involucre las distintas miradas (...) Efectivamente ahí esperamos que situaciones como aquella no se repitan, nuestra solidaridad con los carabineros que ese día fueron agredidos”, dijo Santander.

Su par Flavia Torrealba (FRVS) agregó que “el llamado es a no hacer juicios apresurados (...) Hay que recordar una vez más a todos nuestros partidos aliados que una de nuestras misiones es colaborar en la estabilización democrática y recuperar la legitimidad de las instituciones públicas y una de ella es Carabineros”.

Según presentes, en el comité político el gobierno admitió que el asunto se pudo manejar mejor comunicacionalmente y, de hecho, reiteró a los partidos una orden interna que ya se ha dado al gabinete: que se omitan de ser comentaristas de la contingencia sobre materias que no corresponden a sus carteras.

La ministra Toro - quien había llamado a una refundación de Carabineros- publicó una aclaración de sus dichos el sábado. Mientras que durante la jornada de este lunes desde el gobierno se le transmitió a su partido que debían “mesurar” las reacciones en redes sociales.

La incomodidad sobre las salidas comunicacionales de La Moneda no se acotaron solo a los partidos. El propio subsecretario de la Prevención del Delito, Eduardo Vergara, dejó en evidencia una diferencia de criterio al interior del Ejecutivo. “Muchas veces las redes sociales apresuran a que uno emita un juicio y es algo que no podemos hacer”, dijo en radio Cooperativa.

El análisis es admitido también en el propio oficialismo. “(Mi sector) tiene una cierta pulsión de escalada alimenticia en donde si no condena rápidamente un hecho, con la poca información que tiene, como que viene una sensación de que te conviertes en cómplice”, dijo el diputado Gonzalo Winter (CS) a un medio radial tras los hechos.

Al ser consultada sobre las aprensiones que se levantaron en el comité político, la ministra Vallejo evitó hacer una autocrítica. Pero sí concedió la necesidad de cuidar las reacciones en redes sociales. “Compartimos con algunas personas que lo han hecho en el sentido de cuidar cómo usamos las redes sociales para no adelantar juicios que terminan o pueden terminar siendo prejuicios respecto a hechos de los cuales no tenemos toda la información. Como gobierno no podemos menos que lamentar que tengamos o terminemos una jornada con personas heridas y en ese sentido no queremos más violencia”, dijo.

Otro asunto que se tomó este lunes el comité político ampliado fue la jornada del Día del Joven Combatiente, que se conmemora este martes 29 de marzo y que, según se evaluó en el encuentro, se configura como la primera “prueba de fuego” para el gobierno respecto al control del orden público.

Si bien el despliegue ha sido coordinado por la delegada presidencial metropolitana Martínez y el subsecretario Monsalve -este último lideró este lunes el comité policial para preparar la jornada-, en cita con los partidos, la ministra Siches adelantó algunos aspectos del plan. Transmitió, por ejemplo, que seguirán operando restricciones al uso de balines y que, tal como se hizo el viernes pasado en Plaza Baquedano, se implementará una estrategia contraria al “copamiento” policial.

Según explicaron fuentes policiales, la estrategia busca que el personal de Control de Orden Público (COP) esté “a distancia” de los manifestantes con la finalidad de no generar conflictos, ni transformarse en un objetivo para quienes delinquen y atacan a la policía.

Por lo mismo, además de este plan de “repliegue”, se va a privilegiar el uso de drones y cámaras para grabar a quienes protagonicen los desórdenes, daños y saqueos. Con esta información se buscará recabar antecedentes y ponerlos a disposición del Ministerio Público para que inicie las investigaciones correspondientes.

Cuando aún no hay fecha para la ya anunciada reforma policial, durante la reunión de coordinación con los jefes de partido se mencionó la idea de convocar a una “mesa de trabajo” con las colectividades junto a figuras de corte más técnico que aborden el problema de seguridad y que recojan las inquietudes de la ciudadanía respecto al tema.