Gobierno intenta contener críticas por “regulación acotada” y refuerza que hubo “confusión” en procedimiento que se suspendió

La regulación “acotada” de migrantes que ideó el gobierno del Presidente Gabriel Boric sigue dando de qué hablar. Luego de que la oposición y parte del oficialismo criticaran la iniciativa, sumado al episodio de las largas filas que se registraron ayer en el Estadio Víctor Jara, en Estación Central, el tema escaló al corazón de La Moneda y se abordó en el comité político ampliado.

El lunes, a las 11.30 horas, los timoneles de la alianza de gobierno llegaron hasta el salón Democracia y Memoria de Palacio, donde fueron recibidos por la ministra Carolina Tohá (Interior). De la cita, en representación de los partidos, participaron Bárbara Figueroa (Partido Comunista), Constanza Martínez (Frente Amplio), Jaime Quintana (PPD), Camilo Escalona (Partido Socialista), Leonardo Cubillos (Partido Radical), Juan Carlos Urzúa (Partido Liberal) y Jaime Mulet (Federación Regionalista Verde Social).

Entre los timoneles había preocupación por la caótica aglomeración de migrantes que buscaban enrolamiento que quedó en evidencia ayer por la mañana. Más de dos mil extranjeros concurrieron al Estadio, donde comenzaría el proceso de enrolamiento para obtener el Rol Único Nacional (RUN).

Tanto fue el desorden, que el lunes por la tarde el director Metropolitano del Registro Civil, Jorge Zúñiga, informó que se suspenderá el proceso de enrolamiento de personas extranjeras. “Vamos a terminar de atender a los usuarios que están dentro, que son alrededor de 200 a 230 los que quedan. Y en paralelo vamos a avisar acá a la gente que está afuera con apoyo de Carabineros que ya no entra más gente hoy y que mañana se suspende el operativo”, indicó Zuñiga, añadiendo que el proceso se retomará el miércoles.

Rápidamente, el hecho fue utilizado por la oposición para cuestionar al Ejecutivo y su propuesta de “regulación acotada”. El líder del Partido Republicano, José Antonio Kast, sostuvo que “Chile no puede seguir regularizando inmigrantes ilegales, porque lo que corresponde es expulsarlos. Lo que hemos visto (...) en el Registro Civil es una prueba clara y contundente del fracaso absoluto de las políticas migratorias de este gobierno. Nuestro país ya no resiste esta situación (...)”.

En ese contexto, la ministra Tohá explicó ante los timoneles lo que ocurrió en el Registro Civil. Según detalló la secretaria de Estado, hubo una confusión entre lo que fue el proceso de empadronamiento y el proceso de enrolamiento que realiza la entidad de forma permanente y constante todos los días del año.

La iniciativa de “regularización acotada” que planea el gobierno está relacionada con el empadronamiento voluntario previo que realizó el Ejecutivo, al que se acogieron más de 180 mil extranjeros. En concreto, esas personas son las que podrían acceder al beneficio.

Tras la reunión con Tohá, Leonardo Cubillos indicó que “más que un problema en la comunicación, lo que se nos ha indicado es que esto siempre estuvo, en el sentido de que son dos acciones de distinta naturaleza. Quizás pudo haber mayor difusión respecto de lo que tenía que hacer el Registro Civil, pero lo que ellos hacen es un proceso de enrolamiento, común que constantemente lo materializa. Se malentendió, por parte de una cantidad de extranjeros, que esto se pensaba que era una normalización de su situación”.

Se trata de la misma bajada que le dio al tema el titular de Justicia, Jaime Gajardo, quien afirmó horas antes que “el Registro Civil permanentemente realiza estos procesos de enrolamiento con el objeto principalmente de entregar un número de identificación a las personas que son migrantes y que necesitan de este número de identificación para, entre otras cosas, por ejemplo, poder unificar sus datos en los sistemas previsionales o en los sistemas de salud”.

“No tiene nada que ver con el proceso de empadronamiento. Como se generó esta confusión, llegaron más personas que las que se preveía el día de hoy a la sede del Estadio Víctor Jara”, agregó el secretario de Estado comunista.

A él se sumó, una vez terminado el comité político ampliado, el subsecretario del Interior, Luis Cordero, quien, la semana pasada, dio cuenta del plan de empadronamiento que está estudiando el gobierno de Boric. “Ese enrolamiento que hace el Registro Civil no tiene nada que ver con la discusión del empadronamiento y cualquier pretensión de confundirlo está actuando de mala fe”, indicó el subsecretario a La Tercera.

“Hay algunos líderes de opinión que no son partidarios de ningún proceso de regularización. (...) Lo que han hecho es atizar el temor y el miedo, confundiendo a la ciudadanía sobre lo que es un proceso versus la gestión de trámites ante el Registro Civil”, complementó el exministro de Justicia.

Las palabras de Cordero se dieron luego de una reunión de coordinación habitual que sostiene cada semana con el director de Migraciones, Luis Thayer (Frente Amplio), quien, tras el encuentro, abordó la polémica afuera de La Moneda, donde planteó que “en este caso entiendo que las AFP han solicitado enrolar, o tocar un RUT provisorio para que las personas puedan cotizar. Tiene que ver con eso”.

De todas formas, el caos que se produjo en el Registro Civil provocó que incluso se levantaron críticas al gobierno dentro de las filas oficialistas. El diputado Jaime Araya, de la bancada PPD e independientes, aseveró que “volvemos a insistir en solicitarle al gobierno que reconsidere esta medida de regularización que está planteando (...). Estamos viendo los desórdenes y la expectativa que se está creando en la población migrante. Esto es un verdadero efecto llamada (...). Le pedimos al gobierno que reflexione sobre esta medida y la deje sin efecto”.

Por otra parte, también el lunes por la mañana, los diputados de Renovación Nacional José Miguel Casto y Andrés Longton solicitaron a Contraloría un dictamen sobre la legalidad de la regularización acotada que anunció La Moneda.

“Hemos venido a representar una eventual ilegalidad en el proceso de regularización masivo de migrantes que ingresaron por pasos clandestinos de manera ilegal a nuestro país que pretende llevar a cabo el gobierno. Son más de 180 mil migrantes que ingresaron violentando, traspasando de manera ilegal nuestras fronteras y que el gobierno pretende regularizar”, sostuvo Longton.

Al respecto, quien se refirió a la arremetida de la oposición fue la vocera del gobierno, Camila Vallejo, quien -en su última alocución de los días lunes antes de su prenatal- respondió: “Me preguntaría cómo puede ser ilegal algo que es simplemente un estudio y que no se ha efectuado. (...) Más allá de la legitimidad de esta acción, no puede ser ilegal algo que todavía no se ha efectuado”.