Gobierno modifica postura respecto a Llaitul y ampliará querellas por Ley de Seguridad del Estado contra líder de la CAM

El gobierno anunció su decisión de ampliar dos de las querellas por Ley de Seguridad del Estado, en contra del líder y fundador de la CAM, Héctor Llaitul.

Así lo comunicó la ministra del Interior, Izkia Siches desde La Moneda. “Hemos analizado a profundidad los dichos que a nuestro juicio son constitutivos de delito, donde se atribuye la participación de ellos. Y por lo mismo, es que queremos reiterar la interpretación que hacemos, porque estamos convencidos de que desde el 2019 ya existen distintas querellas por parte del Estado que permiten al Ministerio Público actuar”, indicó.

En concreto, serán dos querellas, de 2019 y 2020, a las que se les agregarán nuevos antecedentes, ambas por Ley de Seguridad del Estado. La determinación se adoptó durante este miércoles y se terminó de zanjar junto al comité político, pero principalmente entre el Presidente Gabriel Boric e Interior. Matías Meza-Lopehandía, asesor de confianza de Boric, tuvo un rol activo en la determinación.

La jefa de gabinete agregó que “a pesar de ello hemos querido evaluar el ampliar querella en torno a estos hechos, que nos parecen graves, como también solicitar una serie de diligencias investigativas al Ministerio Público, para demostrarle al país con claridad que nuestro gobierno está comprometido con resolver los conflictos en la zona”.

La decisión del gobierno implica una modificación de la postura que el Ejecutivo había tenido contra el líder de la CAM por declaraciones pronunciadas durante las últimas semanas, llamando al sabotaje y defendiendo, por ejemplo, la quema de maquinaria.

Al respecto, la ministra aseguró que “hay en este caso hechos constitutivos de delito, que esperamos que el Ministerio Público pueda investigar. Pero así, considerando lo que ha manifestado el Fiscal Nacional, hemos optado por ampliar nuestra querella, como también solicitar activamente a la Fiscalía acciones investigativas que creemos resuelven esta polémica”.

“Ya existen procedimientos abiertos. Esperamos que el Ministerio Público pueda investigar en conjunto con las policías y obtener frutos más allá de seguir acumulando querellas, donde ya tenemos muchas que siguen vigentes y activas”, complementó.

De hecho, durante la mañana de este jueves, Siches justificó la decisión de no iniciar una nueva querella en contra el líder de la CAM.

“Como gobierno esperamos que el Ministerio Público, con las distintas querellas que ya están en curso, 2019, 2020, todas por Ley de Seguridad del Estado, por dichos de similares características, pueda cursar una investigación y dar cuenta”, aseguró,

Esto pese al llamado del Fiscal Nacional, Jorge Abbott, en torno a que se requería una querella por parte del gobierno para poder iniciar acciones legales contra Llaitul por sus dichos.

“La verdad es que se requiere, para poder investigar al amparo de la Ley de Seguridad del Estado, una denuncia, una querella por parte del gobierno”, dijo el persecutor la tarde del martes.

La postura del Ejecutivo, había sido reforzada la tarde del martes por la vocera de gobierno, Camila Vallejo, quien también cerró la puerta a la opción de interponer una nueva querella contra el fundador de la CAM.

“Ya se encuentra en una investigación producto que el gobierno de Chile ya es querellante respecto a las acciones de la CAM (...) en la medida que haya acciones constitutivas de delito, se suman a las investigaciones en curso”, afirmó la titular de la Segegob.

Incluso el mismo Presidente, Gabriel Boric se había referido a las declaraciones del líder de la CAM a principio de la semana. “Si alguien reconoce vínculos con ilícitos por supuesto que eso tiene que ser investigado y, de concluirse la investigación, sancionado como corresponde”, dijo y agregó: “Quienes cometen delitos van a ser perseguidos con toda la fuerza de la ley como corresponda”.

Durante las últimas semanas, el líder y fundador de la CAM ha entregado una serie de declaraciones respecto a los hechos de violencia que han protagonizado la organización que lidera.

En ese sentido, explicó que los “sabotajes” que se han realizado son como acto de “venganza” por la muerte del comunero Pablo Marchant, ocurrida el 2021 en Carahue, durante un enfrentamiento con Carabineros.

“La forma nuestra de reivindicarlo es obviamente a través del sabotaje que, como ha quedado de manifiesto en estas últimas dos semanas, sabotajes que han estado dirigidos y que tienen como objetivos acumular fuerza desde una línea estratégica”, explicó Llaitul.

Declaraciones que reforzó este lunes, al señalar que “la prioridad nuestra es canalizar la violencia hacia el sabotaje”, apuntando en específico hacia “insumos” y “maquinarias”.

Sus palabras generaron una dura respuesta por parte del mundo político y los grandes empresarios, quienes llamaron al gobierno a tomar acciones concretas contra el comunero mapuche. De hecho, la CPC afirmó que las palabras de Llaitul “constituyen en sí una amenaza terrorista que debe ser perseguida con toda la celeridad y eficacia que ello amerita, para evitar nuevos hechos de violencia contra personas y bienes”.

Algunos de los representantes de La Araucanía, zona donde se han concentrados los ataques de las CAM, valoraron la determinación del gobierno.

El senador por la zona, Felipe Kast (Evópoli), indicó que “más vale tarde que nunca. Valoramos que el gobierno haya rectificado y que esté dispuesto a incluir a Llaitul en la querella criminal”.

En tanto, el diputado RN, Miguel Mellado, también representante de la región, afirmó que “ya es beneficioso el cambio de tono de parte del gobierno al decir que las palabras de Llaitul son constitutivas de delitos. Pero si son constitutivas de delito, obviamente un funcionario público tiene que actuar de inmediato. Y eso significa hacerse parte de las querellas que ya están”.