Gobierno no descarta reactivar ofensiva que planeaba contra ministra Ángela Vivanco

La ministra de la Secretaría General de Gobierno, (Segegob), Camila Vallejo, se refirió la tarde de este lunes a la posibilidad de que el gobierno reactive la ofensiva que planeaba contra la ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco.

Previo a la decisión que tomó en esta jornada el máximo tribunal, que abrió un cuaderno de remoción en contra de la magistrada, en La Moneda ya se habían analizado las posibilidades de ejercer una atribución presidencial.

Esto, ante los nuevos antecedentes del caso Audio, que dan cuenta de los favores mutuos que se pedían la jueza Vivanco y el penalista Luis Hermosilla, hoy en prisión preventiva por delitos tributarios, soborno y lavado de activos.

En Palacio se analizó la opción de hacer uso de las atribuciones constitucionales que tiene el Presidente Gabriel Boric, que figuran en el numeral 13 del artículo 32 de la Carta Magna. Allí se indica que el Jefe de Estado puede “velar por la conducta ministerial de los jueces y demás empleados del Poder Judicial y requerir, con tal objeto, a la Corte Suprema para que, si procede, declare su mal comportamiento, o al Ministerio Público, para que reclame medidas disciplinarias del tribunal competente, o para que, si hubiere mérito bastante, entable la correspondiente acusación”.

En el Ejecutivo también analizaron el artículo 80 de la Constitución, que dice que “la Corte Suprema por requerimiento del Presidente de la República, a solicitud de parte interesada, o de oficio, podrá declarar que los jueces no han tenido buen comportamiento y, previo informe del inculpado y de la Corte de Apelaciones respectiva, en su caso, acordar su remoción por la mayoría del total de sus componentes. Estos acuerdos se comunicarán al Presidente de la República para su cumplimiento”.

Si bien la arremetida pensada no vio la luz y fue desactivada, ya que fue el propio ente judicial el que suspendió a Vivanco de sus funciones, existe la posibilidad de que sea puesta en marcha nuevamente.

Así lo afirmó Vallejo en su habitual vocería de los lunes. “Las facultades las tiene el Presidente y puede hacer uso de ellas cuando estime necesario y, por lo tanto, no se descarta nunca hacer uso de esas facultades, porque es un caso que sigue abriéndose, más que cerrándose por el momento”.

“Efectivamente, la ley lo atribuye a hacer y solicitar evaluaciones y tomar medidas a otro poder, que es el Poder Judicial, respecto a comportamientos indebidos de los jueces o juezas”, recalcó.

Aunque dijo que desde el Ejecutivo valoran la decisión “abordada hasta el momento de manera autónoma por parte de la Corte Suprema, tomando acciones que son las que tiene a la mano para poder investigar y sancionar a uno de sus miembros”, enfatizó que ”eso no implica que quede 100% descartado en lo absoluto tomar otras medidas, dependiendo de cómo avance la situación”.

Con todo, apuntó que la determinación del pleno del máximo tribunal “da cuenta de que hubo una capacidad de respuesta de dicha institución que se ajusta, obviamente, por el momento a lo que debe hacer una entidad como esta frente a un caso de corrupción tan grave como el que hemos presenciado”.