Gobierno ofrece aplazar nuevas atribuciones de Interior ante “suspicacias” por poder político que asumiría Tohá

Una nueva propuesta para destrabar la discusión del proyecto que crea el Ministerio de Seguridad Pública puso sobre la mesa el gobierno, luego de que este miércoles en la mañana se viviera una tensa jornada en la comisión especializada de los diputados, que está a cargo definir los contenidos de la iniciativa.

Si bien la orgánica de la nueva cartera pensada para liderar el combate de la delincuencia, ya fue votada por la Comisión de Seguridad Ciudadana, aún falta resolver cuáles serán las nuevas atribuciones del Ministerio del Interior. Ese fue el tema que dio paso a un duro enfrentamiento en la sesión de ayer en la mañana de la instancia.

Originalmente, La Moneda había propuesto que la secretaría de Estado, que hoy dirige Carolina Tohá (PPD), asumiera en forma explícita el rol de “jefe o jefa de gabinete”, a cargo de la coordinación y la supervisión estratégica del programa de gobierno, a modo de compensar el inevitable debilitamiento del Ministerio del Interior, en la medida que todas las atribuciones de orden público y seguridad serían traspasadas a una nueva cartera.

Aunque este rol de coordinación, supervisión y de jefatura de gabinete operaba muchas veces en la práctica, no tenía un respaldo legal, por lo que el ministro del Interior siempre dependía del empoderamiento de facto que le daba el Presidente de la República. De hecho, en el pasado, no todos los titulares del Interior han gozado de poder político real.

El problema es que en la derecha había suspicacias de dotar especialmente a Tohá de los nuevos superpoderes, dada su cualidad de presidenciable del oficialismo, condición de la fue ungida esta semana por el propio Presidente Gabriel Boric.

“Es esta una suspicacia infundada. En todo caso para facilitar la aprobación del proyecto, el gobierno tiene toda la disposición para que las nuevas tareas que asumiría el Ministerio del Interior se apliquen a contar del próximo período presidencial”, dijo el ministro secretario general de la Presidencia, Álvaro Elizalde (PS).

El titular de la Segpres añadió que “constituye una necesidad imperiosa la aprobación del proyecto de ley que crea el Ministerio de Seguridad. Es esta una iniciativa que forma parte del fast track legislativo en materia de seguridad y esperamos que el texto sea aprobado con celeridad por la Cámara”.

“Se ha suscitado una controversia inconducente e innecesaria. Los cambios institucionales, como es el caso de la creación de un nuevo ministerio con una responsabilidad tan importante como es la seguridad pública, requiere de una mirada de largo plazo más allá de la coyuntura política. El gobierno considera fundamental avanzar en la creación del Ministerio de Seguridad y ello exige definir y precisar las tareas del Ministerio del Interior”, comentó Elizalde.

Para descomprimir aún más este debate, la misma Tohá, quien también había dicho estar dispuesta a no asumir durante su gestión estas nuevas potestades, planteó que este punto conflictivo se votara al regreso de la semana distrital, a inicios de mayo. Y en subsidio recomendó avanzar en la votación que no fuera objeto de controversia. “Tratemos de votar a la vuelta de la distrital para ver si logramos avanzar en una fórmula más acordada o, al menos, acotar los espacios de disenso o racionalizarlos”, dijo.

“Todo lo que huela a primer ministro”, asintió el diputado Diego Schalper (RN).

Así, quedaron pendientes las alusiones a los roles de jefatura de gabinete, coordinación política y supervisión estratégica. En esta última faceta, La Moneda planteaba originalmente que las divisiones de Coordinación Interministerial y de Estudios, que hoy están en manos de la Segpres y a cargo de Rodrigo Echecopar (RD) y Javiera Ascencio (RD), respectivamente, se eliminaran para ser traspasadas íntegramente a Interior. Con ello, Interior asumiría un rol que tradicionalmente había estado radicado en el Ministerio de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres) y en el llamado “Segundo Piso” de La Moneda, área de oficinas donde trabajan los asesores del Presidente de la República. En otras palabras, el primer mandatario también cedería una labor de su equipo.

Antes de que el gobierno lanzara este ofrecimiento para despejar las sospechas opositoras, los diputados de oposición presentaron una indicación para eliminar el traspaso de nuevas potestades a Interior, la cual fue rechazada, gracias a la abstención de la independiente de derecha, Gloria Naveillán, y al rechazo de Andrés Jouannet (Amarillos).

No obstante, cuando se estaba discutiendo la proposición alternativa de la oposición, Jouannet no estaba en la comisión. A esa hora de la mañana, la sala de la Cámara estaba también sesionando en paralelo.

Frente a esa situación, el presidente de la Comisión de Seguridad, Andrés Longton (RN), intentó apurar la votación dada la minoría oficialista, pero el diputado Raúl Leiva (PS) comenzó a alargar su intervención para ganar tiempo.

Longton intentó apurarlo: “Vote, por favor”.

Pero Leiva le contestó: “Cuando hablo, usted se calla”.

“Lo censuro... Lo privo del uso de la palabra”, replicó el legislador de RN, dando paso a un tenso cruce verbal.

El conflicto, sin embargo, ayudó al oficialismo, ya que Jouannet alcanzó a llegar a votar y darle el voto decisivo al oficialismo.

En la sesión de la tarde, sin embargo, Longton y Leiva hicieron las paces y se intercambiaron disculpas.

El avance del nuevo Ministerio de Seguridad, sin embargo, no es la única iniciativa que el gobierno y el oficialismo están tratando de sacar.

Incluso, a raíz del mismo emplazamiento que le hicieron las bancadas de derecha a la recientemente elegida presidenta de la Cámara, Karol Cariola (PC), de poner en tabla las iniciativas de la agenda de seguridad, la apuesta de la alianza gubernamental es cobrarle la palabra a la oposición.

Cariola sostuvo este martes su primer encuentro protocolar con las bancadas de derecha y este miércoles en la mañana se reunión con el presidente del Senado, José García (RN), lo que fue interpretado como una señal de la tregua política luego de las censuras presentadas en contra de la actual mesa de la corporación que lidera la diputada comunista.

Sin embargo, a pesar de las suposiciones de la oposición, la presidenta de la Cámara y el titular del Senado acordaron trabajar una agenda legislativa, especialmente en materia de seguridad pública, social y económica. “No hay tiempo que perder, la ciudadanía espera de nosotros y nosotras”, indicó Cariola, quien ya advirtió a la oposición que podría citar en forma extraordinaria a sesiones de las comisiones que tienen a su cargo proyectos de seguridad.

En otra señal de la presión que le pondrá el oficialismo a la oposición, ayer el diputado Leiva le recordó al presidente de las Comisiones Unidas de Seguridad y Constitución, Miguel Ángel Calisto (Demócratas), que el proyecto que regula las reglas de uso de la fuerza deben votarse hasta total despacho cuando culmine la urgencia que le dio el Ejecutivo.