Gobierno pedirá antecedentes a Bolivia tras hallazgo de vehículo con US$ 1 millón de presunta procedencia chilena

Un millón de dólares en Bolivia
Foto: Ministerio de Gobierno Bolivia

“A Chile no le consta ninguno de esos antecedentes”, aseveró la ministra del Interior Carolina Tohá, luego que el viceministro de Régimen Interior y Policía del país vecino afirmara que el dinero, ligado presuntamente al narcotráfico, habría salido de las bóvedas de una sucursal del banco Santander de Iquique.


El pasado viernes 12 de enero, policías bolivianos interceptaron un vehículo de alta gama en la ciudad de Santa Cruz, en el cual dos jóvenes trasladaban un millón de dólares en dinero en efectivo, sin declaración aduanera, lo que posiblemente estaría vinculado con actividades ilícitas ligadas al narcotráfico.

Diez días después, el viceministro de Régimen Interior y Policía del país vecino, Jhonny Aguilera, afirmó que aquel dinero habría salido de las bóvedas de una sucursal del banco Santander de Iquique, y habría ingresado ilegalmente al país.

Consultada sobre esta situación, la ministra del Interior, Carolina Tohá, cuestionó esta información, asegurando que en los próximos días se solicitarán mayores antecedentes al respecto a las autoridades bolivianas.

“Se han señalado esos antecedentes en Bolivia. A Chile no le consta ninguno de esos antecedentes, nosotros vamos a pedirle más elementos a las autoridades bolivianas que han señalado esa teoría, porque no obra en manos de ningún organismo nuestro esos antecedentes como para hacer esa vinculación”, respondió.

Por otra parte, y según reporta el medio La Razón, el gobierno boliviano solicitó formalmente al banco chileno información sobre el propietario de la cuenta, de la cual fue retirado el millón de dólares; además de requerir imágenes de la persona que lo hizo.

Cabe señalar que, una vez que se descubrió el vehículo con el millón de dólares, los policías que realizaron la fiscalización hurtaron el dinero. Al día siguiente, tres abogados trataron de recuperar el monto, admitiendo que eran los propietarios. Ante ello, tres funcionarios policiales aseguraron haber sido amenazados por desconocidos, devolviendo el dinero, lo que implicó que fueran formalizados y enviados a detención preventiva por el delito de concusión.

La misma sanción le fue impuesta a uno de los tres abogados, quien sería el “testaferro” de los verdaderos propietarios del dinero que, hasta el momento, no han sido identificados.

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