Líos de platas: gobierno pide la renuncia de seremi del Maule que había blindado Boric

El escándalo por el lío de platas en la administración de Gabriel Boric sumó a una nueva autoridad que debió dejar el gobierno.

Este viernes, se dio a conocer que fue solicitada la renuncia a Rodrigo Hernández, el secretario regional ministerial de Vivienda de la Región del Maule.

Hernández había sido asesor jurídico de la ONG Urbanismo Social, beneficiada con contratos con el Minvu en Antofagasta y en la región en que él era seremi. En diciembre de 2022, la repartición regional cerró un contrato por $ 89 millones con Urbanismo Social, ocho meses después de que el militante RD pasara de la fundación a la oficina de gobierno. Además, entre octubre y noviembre, esta misma ONG se adjudicó contratos por más de $ 577 millones con la Seremi de Antofagasta.

Este viernes, el titular del Minvu, Carlos Montes, explicó que además de solicitar su renuncia se resolvió hacer un sumario administrativo completo, no solo una investigación sumaria, al militante de Revolución Democrática. Esto, porque se conoció que firmó una autorización a Urbanismo Social sin asumir su inhabilidad.

“El equipo que estaba investigando los antecedentes en la zona recibió nuevas informaciones en las cuales él aparece involucrado más allá de la obligación de inhabilidad que tiene, a propósito de la firma de una solicitud de darle vigencia al organismo Urbanismo Social. Al repetirse otro caso de la misma naturaleza, un segundo caso, lo que corresponde es que el seremi deje de ser ahora seremi, le pedimos la renuncia, ahora estaba suspendido. Y en segundo lugar, que se le aplique con las correspondientes normas el sumario administrativo”, señaló la autoridad ministerial en La Moneda.

Montes indicó que también harán llegar los antecedentes al Ministerio Público.

“No se inhabilitó antes, este hecho fue antes incluso, fue un caso de Urbanismo Social donde a él se le presentó, él firmó una autorización para que una entidad de urbanismo social que apoyaba la asistencia técnica de otros organismos, para que ese organismo pudiera estar vigente. Él la había solicitado originalmente cuando él trabajaba en Urbanismo Social y ahora más de un año después, cuando estaba vencido, él volvió a dar la autorización teniendo inhabilidad para hacerlo”, sentenció el ministro Carlos Montes.

La semana pasada, el Presidente Boric se refirió a la indagatoria respecto a contratos de fundaciones con Vivienda y dijo que Rodrigo Hernández había optado por inhabilitarse de “conocer todo tipo de convenios con la fundación en la que había trabajado anteriormente”. A continuación, el Mandatario afirmó que el militante RD no tenía “responsabilidades políticas que pagar”. El domingo se anunció que habría un sumario por el caso y Boric debió aclarar que “no se va a proteger a nadie indebidamente”.

La crisis está vinculada a contratos de asignación directa que reparticiones del Estado firmaron con fundaciones como Democracia Viva y Urbanismo Social para la ejecución de proyectos.

Todo partió el 16 de junio, cuando el medio regional Timeline dio a conocer un convenio por $ 426 millones que Carlos Contreras, militante RD, en su calidad de secretario regional ministerial (seremi) de Vivienda de Antofagasta autorizó en favor de Democracia Viva, entidad que fundó el también militante RD, Daniel Andrade. Contreras había sido el jefe de gabinete de la diputada y expresidenta del partido oficialista Catalina Pérez y Andrade era hasta entonces pareja de la legisladora. La fundación debía ejecutar mejoras en campamentos bajo un giro que no tenía cuando se visó el traspaso de los dineros.

Catalina Pérez no renunció, pero, presionada por la oposición, suspendió su participación en la mesa de la Cámara de Diputados. Andrade dejó su cargo de asesor en la Subsecretaría de Defensa y Carlos Contreras debió dejar la seremi del Minvu nortina.

Además, el Presidente Gabriel Boric le solicitó la renuncia a la subsecretaria de Vivienda, Tatiana Rojas, también de las filas de Revolución Democrática. Rojas había señalado que estaba al tanto de las presuntas irregularidades y que “no alcanzó” a advertirle a su superior.