Gobierno sale a defender financiamiento de Pensión Garantizada Universal, pero parlamentarios de oposición ponen en duda aprobación

El miércoles pasado, la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad el proyecto que entrega una Pensión Garantizada Universal (PGU) de $185 mil para el 80% de la población más vulnerable, donde también se extenderá parte de ese monto para quienes estén entre el 80% y el 90%. Prácticamente una semana después de ese hecho, los parlamentarios de oposición, alertaron que podría haber problemas con el financiamiento de esa iniciativa.

Precisamente ese hecho es el que causa extrañeza y malestar en Teatinos 120, puesto que cuando se discutió el proyecto en la comisión se mostraron las cifras del financiamiento donde no hubo mayor cuestionamiento. La propuesta tiene un costo fiscal en régimen de 1 punto del PIB.

Si bien algunos expertos como el director de Estudios de LarrainVial, Leonardo Suárez, habían advertido sobre esta situación, recién este martes el debate tomó fuerza luego de que los economistas José De Gregorio, Rodrigo Valdés, Eduardo Engel y Andrea Repetto criticaron la forma en que el gobierno estaba financiando esta propuesta, indicando que no eran fuentes de ingresos permanentes.

Esta advertencia hizo eco en los legisladores quienes de inmediato afirmaron que se debe estudiar con detención las fuentes de financiamiento, por lo que se pone en duda el avance de esta iniciativa tal como lo esperaba el Ejecutivo.

El primero en hacerlo fue el diputado y coordinador político del presidente electo Gabriel Boric, Giorgio Jackson, quien dijo en radio ADN que, si bien “avanza en la dirección correcta, amplía la base de beneficiarios, sube los montos, no está financiado”. En ese sentido, añadió que “si es que el gobierno no acelera la parte de financiamiento, y no lo hace bien en serio, esto puede quedar simplemente en la discusión parlamentaria”.

Mientras que la diputada Karol Cariola (PC) criticó duramente al gobierno y aseguró que se está haciendo “trampa”. La legisladora e integrante del bloque de Apruebo Dignidad argumentó que lamentaba que “Sebastián Piñera haya ingresado este proyecto de esta manera. No queremos pensar mal, pero queda la impresión de que se quiere hacer una trampa a los chilenos y chilenas y, en particular, al nuevo gobierno de llevar adelante este proyecto sin financiamiento”.

Por lo anterior, Cariola indicó que bajo la perspectiva de Apruebo Dignidad el proyecto de exenciones tributarias y el de la Pensión Garantizada deben ir en conjunto y no por separado porque de lo contrario los recursos saldrían “de los bolsillos de todos los chilenos y chilenas y eso nos parece regresivo e injusto”.

Estas dudas fueron refrendadas por los senadores de oposición, quienes también cuestionaron la forma en que se está tramitando esta iniciativa. Carlos Montes (PS) enfatizó que “hemos llegado a la conclusión que no hay ingresos permanentes para los gastos que irroga este proyecto, por ello, se requerirá de una conversación sobre la letra chica”.

Montes dijo que tal como está el proyecto “se terminaría pagando con provisiones contempladas para otras materias. No podemos aprobar un proyecto sin financiamiento”.

Jorge Pizarro (DC) añadió que “tal como dijimos cuando se hizo el anuncio teníamos que ver la letra chica, y ahí es donde se está generando las dificultades, porque no está claro el financiamiento para este gasto permanente”.

Mientras que el senador Ricardo Lagos Weber (PPD) comentó que junto la senadora Ximena Rincón (DC) y el propio Carlos Montes le solicitarán al Consejo Fiscal Autónomo (CFA) para que se pronuncie respecto del mecanismo de financiamiento que propone el gobierno. “La propuesta de financiamiento que hace el gobierno para financiar dicho aumento de pensiones deja, hasta ahora, muchas dudas porque en la práctica sólo financia una parte de lo que se requerirá. Acá se requiere un financiamiento permanente en el tiempo, por cuanto lo que se va a destinar a las pensiones, también va a ser permanente”.

Según Lagos Weber, “el gobierno lleva años postergando la idea de enfrentar las exenciones tributarias y se les ocurre, a última hora, que parte del financiamiento de la Pensión Garantizada Universal debe ser a cargo de las exenciones, lo que me parece muy poco serio”.

La respuesta del gobierno no se dejó esperar. Al interior de Teatinos 120 existía molestia, porque nadie dijo nada cuando se presentó la propuesta y se aprobó en la Comisión de Hacienda. Además, señalan que cuando se presentó la ley corta de pensiones que ya avanzaba con una cobertura del 80% para el pilar solidario, se ingresó junto a ese proyecto la eliminación de una serie de exenciones. En ese entonces se alegó de que por qué se ingresaban ambos proyectos en uno solo y no por separado. Ahora, se hizo esa estrategia de presentarlo por separado, pero tampoco le gustó a la oposición. Esto causó aún más extrañeza en la cartera y lo califican como un punto netamente político.

El ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, afirmó que el proyecto “está financiado”. Explicó que una de las fuentes de financiamiento son los recursos que ya tenían incorporado los proyectos de la ley larga y corta de pensiones que no avanzaron en su tramitación, y que precisamente por ello, ese financiamiento se ocupa para financiar la Pensión Garantizada Universal.

Cerda señaló también el proyecto de ley de exenciones tributarias también entregaría financiamiento adicional.

Además, el titular de Hacienda aseveró que el mayor crecimiento económico ha entregado una mayor recaudación para los próximos años. “Todo eso nos da más tranquilidad frente al financiamiento de este proyecto de ley y, por lo tanto, nosotros queremos que esto avance y avance lo antes posible”.

Más temprano, y respondiendo a los cuestionamientos de los economistas el secretario de Estado señaló a radio Cooperativa que “queda holgura para el próximo gobierno de aproximadamente US$ 7 mil millones, incluso después de financiar la Pensión Garantizada Universal”.

Sobre las críticas, Cerda las calificó como “duras” y más políticas que técnicas. “Claro que me parece injusto. No solamente me parece injustas, sino que me parece una crítica política, cuando yo esperaría una crítica técnica”.

De acuerdo a la Dirección de Presupuestos, (Dipres) el proyecto tiene tres fuentes de financiamiento: Provisión Reforma Previsional que aportará el 0,5% del PIB; exenciones que rendirá 0,35% del PIB y Redestino aporte Fondo de Reserva de Pensiones 0,1% del PIB.

Ahora bien, desde la Dipres explican que la provisión de mayor gasto previsionales en la Ley de Presupuestos 2022 y mediano plazo equivale a entre 0,4% a 0,5% del PIB. Aseguran que esos recursos están destinados única y exclusivamente para pensiones, por lo que no es que estén provisionados para otros proyectos y que pueden quedarse sin financiamiento en el mediano plazo.

Asimismo, sostienen que en este proyecto de ley se cambia el aporte obligatorio al Fondo de Reserva de Pensiones (FRP) y se reduce de 0,2% a 0,1% del PIB, por lo que ese 0,1% que antes iba al fondo ahora se redestina al financiamiento de la nueva Pensión.

Y el tercer eje tiene que ver con el proyecto de exenciones tributarias. Entre las que se discuten, están las mismas que habían sido presentadas en la ley corta de pensiones, esto es, reducción transitoria por dos años y posterior eliminación del Crédito Especial a las Empresas Constructoras en el IVA (CEEC); eliminación de los beneficios tributarios para la tercera vivienda en adelante para quienes hayan adquirido viviendas DFL 2 antes de 2011; afectación de IVA a todos los servicios excepto salud, educación, transporte, y para todos los contribuyentes que emitan boletas de honorarios; impuesto a la herencia para los seguros de vida; y una tasa de impuesto único a las ganancias de capital.

El proyecto de la Pensión Garantizada Universal debe analizarse en la sala de la Cámara la próxima semana, mientras que la iniciativa que reduce y elimina algunas exenciones está aún en la Comisión de Hacienda, la cual también se revisará la semana que comienza el 3 de enero de 2022.