Gobierno sufre dura derrota con aprobación de proyecto de usurpaciones y desmarque de la izquierda agudiza recriminaciones oficialistas

Sin tener arte ni parte, la ministra de Salud, Ximena Aguilera, quien acudió este martes a la Cámara para defender un proyecto que reforzaba el vínculo estatal con el Hospital Clínico de la Universidad de Chile, fue la única autoridad de gobierno en la sala que pudo atestiguar la debacle que sufrió el oficialismo en la discusión de la ley que eleva sanciones en contra de las usurpaciones ilegales de terrenos.

La iniciativa, que es parte de la agenda de seguridad -acordada por la ministra del Interior, Carolina Tohá (PPD), con el presidente del Senado, Juan Antonio Coloma (UDI)- fue despachada este martes por la Cámara tras una ronda de votaciones en las que la derecha impuso una redacción que no era del agrado del Ejecutivo.

No obstante, Tohá -quien sólo permaneció un instante a primera hora de la mañana para intervenir en la sala- no estuvo presente a la hora de las votaciones. Tampoco el ministro secretario general de la Presidencia, Álvaro Elizalde (PS).

Si bien inicialmente el gobierno había patrocinado esta reforma -surgida de un par de mociones de senadores opositores-, el punto más complicado era una conjunción de disposiciones que permitían a civiles actuar por su cuenta para recuperar terrenos tomados, en base a un principio de legítima defensa, en cualquier momento. A juicio de La Moneda, que infructuosamente intentó convencer a grupos no alineados, ese punto daba espacio a la “justicia por mano propia”.

Sin embargo, la mayoría que tuvo la oposición para imponer su redacción no fue la única mala noticia para el Ejecutivo. Tres de las cinco indicaciones del gobierno, que buscaban atenuar el texto, no tuvieron el respaldo de diputados del PC, del Frente Amplio, de Acción Humanista e incluso de algunos socialistas.

En dos de estas enmiendas que llevaban la firma del Presidente Gabriel Boric, el grueso de los legisladores de izquierda se abstuvo.

En la tercera indicación rechazada (una que establecía una multa para tomas no violentas, pero que generaban daños) el cuadro fue mucho más dramático, pues La Moneda sufrió una aplastante derrota con 111 votos en contra, seis abstenciones y sólo 24 apoyos, en su mayoría de las bancadas de la DC, el PPD y algunos socialistas.

El resultado provocó un murmullo en la sala. La escena era observada desde las tribunas por algunos asesores de Interior y por la ministra de Salud, quien a esas alturas seguía estoicamente en la sala, esperando el turno de su proyecto. La solitaria paciencia tampoco le sirvió a Aguilera. Al final, diputados del Socialismo Democrático y de la oposición no dieron su consentimiento para “despachar a ley” la iniciativa hospitalaria y la enviaron a una comisión mixta para hacerle correcciones.

Tras la sesión, el clima quedó caldeado en el oficialismo, especialmente por el desorden en torno a la ley de usurpaciones. Particularmente en las bancadas del PPD y la DC había molestia por la falta de conducción de La Moneda y el descuelgue del PC y el Frente Amplio, que ya habían votado -hace tres semanas- en contra de la idea de legislar que sanciona las tomas.

Aunque en el PS también hubo desmarques, también había enojo por ausencias y ciertos pareos “inentendibles”. Por ejemplo, la diputada Maite Orsini (RD), quien este martes estaba en el Congreso, le concedió un pareo al independiente de derecha Gonzalo de la Carrera.

El diputado Jaime Araya (independiente-PPD), quien asumirá la jefatura de su comité en los próximos días, reveló que había acuerdo para respaldar las indicaciones del gobierno, pero ello no se cumplió por sectores de izquierda. “Quedó en muy mal pie el gobierno. Participamos en un sinnúmero de votaciones para coordinar votaciones y flexibilizar nuestras posturas. Pero lo que hemos visto es una cosa que me parece insólita. En un minuto, Apruebo Dignidad vota en contra de todo lo que habíamos acordado. Uno espera gestos mínimos de lealtad y que tengan la decencia para cumplir la palabra y que no nos expongan al ridículo. Espero una disculpa y un pronunciamiento de la ministra vocera (Camila Vallejo)”, dijo Araya, quien advirtió que su bancada también podría quedar en libertad de acción para votar la reforma de pensiones que tramita la ministra del Trabajo, Jeannette Jara (PC).

“Queremos manifestar nuestra profunda indignación por la falta de apoyo del PC y del Frente Amplio a los proyectos de seguridad que son respaldados por nuestro gobierno. Es inaceptable”, agregó el diputado Raúl Soto (PPD).

El jefe de la bancada mixta Democratacristiana-Radical-Liberal-Independiente, Eric Aedo (DC), quien apoyó las indicaciones tras un acuerdo con el gobierno, comentó que “el mensaje de esto es que el gobierno se queda solo. Las fuerzas de izquierda ya están mirando su nicho, eso se nota con gremios se comienzan a movilizar y sienten que el gobierno no va a avanzar más”.

En la sala, además, el jefe de bancada del PC, Luis Cuello, pidió la palabra para anunciar que recurrirían al Tribunal Constitucional (TC) para objetar normas que “atentan contra el Estado de Derecho y promueven la autotutela, hacer justicia por la propia mano”. “Por supuesto que eso significa un peligro para la integridad física y para la vida de las personas. Además, votamos en contra de todos aquellos artículos que constituyen un retroceso del punto de vista de enfrentar con herramientas penales un problema social”, dijo Cuello.

La subjefa de la bancada PC, Alejandra Placencia, añadió que “hemos planteado durante toda la tramitación que este proyecto se ha desnaturalizado. Y frente a esa situación, por supuesto que tenemos que tomar decisiones de manera responsable”

La única noticia positiva para La Moneda fue la aprobación de una de sus indicaciones que resuelve con un criterio más flexible el listado de campamentos históricos, que no se verían afectados con las nuevas disposiciones. La propuesta del Ejecutivo propone usar como fecha límite el catastro nacional elaborado por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, vigente al 1 de marzo de 2024.

Aún así, hubo una indicación de la diputada Lorena Fries (Convergencia Social) que planteaba un criterio más flexible (con renovación anual del registro), que estuvo a un par de votos de aprobarse, con apoyos de gran parte del oficialismo, y que hubiera hecho naufragar la propuesta gubernamental.

En todo caso, la tramitación de la iniciativa no está terminada. Ahora vuelve al Senado para su discusión en tercer trámite constitucional. En caso de aprobarse este miércoles por los senadores, al gobierno solo le quedaría recurrir a un veto o propiciar el recurso ante el TC para corregir la reforma.

En el debate en la sala de la Cámara, la ministra Tohá señaló que el gobierno apoyaba una iniciativa basada en el derecho, pero “no en el salvajismo”. “El Ejecutivo está de acuerdo en endurecer las penas, pero no es lo mismo saltarse una reja que amenazar a alguien con una pistola; no está de acuerdo con que se arme un lote de gente con palos o armas a hacer justicia por sus propias manos”, sostuvo Tohá, quien luego en redes sociales escribió: “Como gobierno no vamos a permitir una ley de usurpaciones que permita enfrentamientos. El proyecto que está en el Congreso busca proteger a las personas que les usurpan sus bienes, y para eso es fundamental avanzar con las herramientas del derecho, no del salvajismo”.

En defensa de la redacción impuesta, el diputado de Renovación Nacional Andrés Longton, quien asumirá próximamente la Comisión de Seguridad de la Cámara, señaló que el “mensaje es claro: la mayoría del Congreso, que es la mayoría del país también, está por una ley de usurpaciones que sancione con penas efectivas de cárcel y que dé la posibilidad a las policías de detener flagrantemente, de manera permanente, a quienes usurpan terrenos”.

“Eso es un cambio muy grande respecto a lo que tenemos hoy día, donde precisamente por efectos de procesos judiciales que eran eternos, que no tenían fin, las familias no tenían justicia. Y esa impunidad se va a acabar con este proyecto de ley, porque va a permitir que a las violentistas, a las personas que se meten a terrenos que no les pertenecen, sean detenidas. Y eso es una tremenda noticia para nuestro país”, destacó.

El proyecto modifica el Código Penal para castigar con penas privativas de libertad el delito de usurpación y facilitar la detención de los ocupantes. Entre sus principales objetivos está sancionar con presidio toda hipótesis de usurpación, extendiendo el período de flagrancia tratándose de este delito.