Grupo de 11 convencionales presenta iniciativa de amnistía para exsubversivos, condenados por bombas y violencia rural

El jueves de esta semana, la convencional María Magdalena Rivera (Exlista del Pueblo), respaldada por otros 10 constituyentes, presentó una iniciativa de norma que busca poner “fin a la prisión política en el Estado de Chile”. En concreto, la propuesta pretende que en el proyecto de nueva Carta Magna se establezca que “el Estado de Chile rechaza toda forma de prisión política”, con el fin de lograr la libertad de todos los “presos políticos” entre el 11 de marzo 1990 y la fecha del plebiscito de salida del proyecto de nueva Constitución, a través de una “amnistía total y sin condiciones”.

La propuesta, enviada a la comisión de Derechos Fundamentales de la Convención, acusa que el Estado chileno “tiene bajo régimen de prisión política”, en calidad de imputados, condenados o bajo medidas cautelares, a “centenas de luchadores sociales, chilenos y mapuche”.

Además de la firma de Rivera (Exlista del Pueblo), abogada y autora principal de la norma, esta cuenta con el respaldo de Ivanna Olivares (Exlista del Pueblo), la machi Francisca Linconao (Pueblo Mapuche), Dayyana González (Exlista del Pueblo), Manuel Royo (Movimientos Sociales Constituyentes), Constanza San Juan (IND), Eric Chinga (Pueblo Diaguita), Francisco Caamaño (Exlista del Pueblo), Elsa Labraña (Exlista del Pueblo), Lisette Vergara (Exlista del Pueblo) y Camila Zárate (Exlista del Pueblo).

Consultada por La Tercera sobre las razones para presentar la iniciativa, Rivera (Exlista del Pueblo) explicó que la liberación de los “presos políticos” es “el primer paso que tenemos que dar si queremos reconstruir este país después del ‘terremoto’ del 18 de octubre (...)”. También explicó que aquellos que fueron detenidos antes del estallido social también son presos políticos, porque “han luchado por las mismas causas que estamos luchando hoy”.

De acuerdo a los autores de la propuesta, se considera que un preso político es toda persona privada de libertad, ya sea por una sentencia condenatoria o bajo una medida cautelar, por imputarse su participación en actos de connotación política.

La norma incluye una recopilación de algunos de los casos que, a criterio de los firmantes de la propuesta, calificarían como “presos políticos”. Uno de estos grupos corresponde a integrantes de grupos subversivos que combatieron contra la dictadura de Pinochet. Entre ellos, acusan que existió una persecución en contra de los exfrentistas Mauricio Hernández Norambuena, conocido como “comandante Ramiro” y condenado por el asesinato de Jaime Guzmán y el secuestro de Cristián Edwards; y Ricardo Palma Salamanca, condenado como autor material del asesinato del senador. El documento también menciona a otros exmiembros del FPMR que se encontrarían en situación similar, tales como Galvarino Apablaza, Raúl Escobar Poblete, Patricio Ortiz y Pablo Muñoz Hoffmann.

Dentro de los convencionales de UDI, partido fundado por Guzmán, la iniciativa causó evidente molestia. El convencional Rodrigo Álvarez señaló: “Es una norma equivocada tanto histórica como jurídicamente. Dejaría en la impunidad delitos gravísimos como el asesinato de un senador en democracia. Además, es una materia propia del Congreso y no de una Convención que prepara una Constitución para las próximas décadas”.

Por su parte, el también convencional por la UDI, Eduardo Cretton, afirmó: “En Chile no tenemos presos políticos. Lo que se busca con estas medida es validar la violencia como método de acción política, dándole un perdonazo a los delincuentes. Nosotros hemos tenido una postura muy clara desde el principio: el delincuente no puede valer lo mismo que la víctima”.

Cretton agregó: “A estas alturas, para nadie es una novedad que en las últimas semanas la Convención ha estado con una especie de delirio octubrista”.

Por otro lado, la propuesta también incluye a los “presos políticos subversivos”, que aplicaría en casos como los de Marcelo Villarroel Sepúlveda y Juan Aliste Vega, condenados por el asalto a un banco Security y el homicidio del cabo de Carabineros Luis Moyano en 2007.

También se solicita la no aplicación de la “Ley Antiterrorista”, pues, según se argumenta, es usada para “la represión de grupos de resistencia al sistema capitalista”. Asimismo, se pide la derogación de la Ley de Control de Armas, con la que se ha condenado y mantenido en prisión preventiva a personas como Mónica Caballero y Francisco Solar, acusados de envío y colocación de artefactos explosivos, homicidio frustrado y daños calificados.

De este último caso destaca que, si bien Solar está imputado por bombas en Chile, también fue condenado por el mismo delito en España, y está confeso.

Sobre casos como estos, la convencional Rivera (Exlista del Pueblo) señaló: “Los presos que están acusados de poner bombas o el comandante Ramiro también son presos políticos, porque sus acciones han sido motivadas por la lucha contra este régimen capitalista neoliberal nefasto. No estoy de acuerdo con sus métodos, pero no puedo dejar de reconocer que son presos políticos”.

La propuesta también menciona que se debe considerar la “sistemática vulneración a los Derechos Humanos en las comunidades indígenas” y hace referencia al caso conocido como “Norín Catrimán v/s Chile”, en que ocho comuneros mapuche fueron encarcelados e imputados por la Ley Antiterrorista. 11 años después, por falta de pruebas, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al estado de Chile por violar el principio de presunción de inocencia.

También se menciona el caso del machi Celestino Córdova, condenado por la muerte del matrimonio Luchsinger Mackay, “pese a que no existen pruebas científicas en su contra”, según se detalla en el documento. Frente a casos como estos, Rivera (Exlista del Pueblo) sostuvo: “Los presos mapuche están presos porque luchan por sus tierras que están bajo ocupación de las forestales”.

Pese a las críticas de la derecha, la autora considera que su propuesta cuenta con un amplio respaldo de la ciudadanía: “Entre la clase trabajadora y la juventud que han salido a las calles existe claridad de que esos presos son gente del pueblo, que ha luchado y ha sido encarcelada por un Estado que está al servicio de los dueños de este país”.