Harboe (PPD) por acusación constitucional: "Tenemos que tener la prudencia adecuada para tomar decisiones que no necesariamente son populares pero son las correctas"

Durante esta jornada el Senado deberá votar la acusación constitucional contra el exministro del Interior, Andrés Chadwick, a quien se le acusa por parte de parlamentarios de oposición de "haber infringido gravemente la Constitución y las leyes y haber dejado estas sin ejecución al omitir adoptar medidas para detener violaciones sistemáticas a los DD.HH.".

Ayer el propio Chadwick presentó sus descargos ante la Cámara Alta y para hoy deberá quedar definido si la corporación aprueba o rechaza la acusación en su contra.

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Respecto a este y otros temas el senador Felipe Harboe (PPD) habló con Radio Pauta. En relación a la acusación constitucional, sostuvo que "creo que se ha plateado una discusión bastante compleja, que es decir que la acusación constitucional determina responsabilidades penales o administrativas. Y no, la acusación constitucional es un juicio jurídico político que tiene por objeto hacer efectiva la responsabilidad política".

Consultado sobre las frases el exministro, sobre que habría asumido su responsabilidad política al abandonar el gabinete, sostuvo que "lo que él señala es efectivo, él tuvo su responsabilidad política al abandonar el gabinete. No obstante, es la propia Constitución la que establece el mecanismo para que el poder contralor, en este caso la contraparte del poder Ejecutivo, haga también efectiva la responsabilidad política".

Respecto a las críticas que ha recibido el senador José Miguel Insulza (PS) por su cercanía con Chadwick, Harboe sostuvo que "ayer yo leí un medio de comunicación, que se permitió entrevistar a tres o cuatro militante socialistas quienes le juraban del infierno si votaba en contra de la acusación. Entonces cuando se empieza a hacer una presión a través de medios de comunicación es complejo. Los senadores y los líderes tenemos una responsabilidad. Más allá de las legítimas posiciones que la gente tenga, tenemos que tener la prudencia adecuada para tomar decisiones que no necesariamente son populares pero son las correctas para el país".

Harboe también se refirió a los anuncios presidenciales en materia de aumento de penas e instrumentos investigativos para delitos de colusión y para delitos contra el orden público. Al respecto sostuvo que "yo creo que la agenda antiabusos está bien explicada, pero probablemente se queda bastante corta en muchas materias. Cuando el gobierno plantea un aumento en las penas en un delito de colusión es bastante inútil. Chile tiene una de las penas más altas. Lo que pasa es que hay que recordar que esta modificación de 2016 con posterioridad a los casos conocidos de colusión. Entonces no hemos visto todavía la acción penal para casos nuevos. Además esta ley de 2016 establece una modificación de las reglas de determinación de la pena que hace que estén al menos un año preso".

Respecto a los reparos que se hicieron a la agenda antidelincuencia, afirmó que "doy algunos ejemplos. Consideraba dentro de los desórdenes públicos el delito de incendio. Hoy el delito de incendio tiene una de las penas más altas del Código Penal. A partir de la aprobación de ese proyecto de ley, cualquier condenado por incendio podía pedir el cambio de la pena, porque está bajando la pena de 541 días a cinco años. Segundo, incorporaba dentro del proyecto una norma que no tenía anda que ver con desórdenes públicos, como es la usurpación de terrenos agrícolas. Tercero, establecía la misma acción penal para quien lanzara una piedra, respecto de quien causara una barricada o de quien causara hechos de violencia gravísimos, lo que no parece adecuado porque hay una falta de proporción. Cuarto, la redacción que establecía por ejemplo de la interrupción de un servicio de salud era tan genérica que podría hacerse aplicable una pena de cárcel a un sindicato que realizar una paralización. Entonces se generaban redacciones que no eran las adecuadas".

"Como había un conjunto de polémicas en esto, decidimos agarrar esto partamos de nuevo, manteniendo el espíritu de la moción de los diputados y buscando mejores redacciones. Y hemos estado dedicados a eso, trabajando con profesores de derecho penal, para tener una mejor redacción en materia de saqueo para que no solo tenga aumento de pena, que muchas veces son las penas en abstracto, sino que modificación a las reglas de determinación de las penas. Es decir, establecer ciertas reglas para que los jueces no bajen ni suban mucho. Con eso aseguramos que las sanciones sean efectivas", agregó.

Consultado sobre las críticas de sectores de la oposición a que este proyecto estaría criminalizando la protesta social, afirmó que "yo creo que había algunas normas como lo de los sindicatos que podía ser. Pero tenemos una diferencia. Yo no considero parte de la protesta social legítima las barricadas. Y ellos sí. Ellos podrán votar en contra de eso. Yo soy partidario de que la gente tenga el derecho a protestar, a manifestarse pero pacíficamente. No hay para qué andar quemando cosas. Si uno sanciona el saqueo y las barricadas, mi percepción es que está sancionando son hechos de violencia y jamás la protesta social".