Huelga, aguas y derechos colectivos indígenas: el protocolo de acuerdo oficialista para negociar las enmiendas en la Comisión Experta

Un correo con un documento de seis páginas titulado “Protocolo de acuerdo Comisión Experta” fue lo que enviaron los comisionados oficialistas a la bancada de expertos de la derecha pasadas las 12.00 de este martes.

El documento, al cual accedió La Tercera, incorpora tres grandes temáticas. Una sobre derechos y libertades, otra sobre principios, un cuarto asunto sobre iniciativa exclusiva y un quinto elemento trataba sobre “control preventivo fast track”.

La arremetida del oficialismo busca apretar a la derecha y tomar la iniciativa en la negociación final de las enmiendas que debe votar el órgano. Esto se dio en un contexto adverso para la izquierda. Fuentes de esa bancada comentan que los nudos que estaban presentes en la discusión de las subcomisiones de Principios y Derechos Sociales eran tan grandes y relevantes para el sector oficialista, que no podían continuar con las tratativas del resto de las subcomisiones si no se llegaba a un acuerdo que los dejara tranquilos en esos temas.

En el protocolo oficialista se plantean normas que, a juicio del oficialismo, resuelven las diferencias. Una de ellas, por ejemplo, se da en la libertad sindical. Para la izquierda era muy complejo apoyar la norma -que ya fue aprobada en general por la unanimidad del pleno- que limita el derecho a huelga en la negociación colectiva.

Es por eso que el oficialismo planteó la siguiente norma: “La Constitución garantiza el derecho a huelga de los trabajadores para la defensa de sus intereses laborales. Este derecho será ejercido con las limitaciones fijadas por una ley de quórum calificado”. Esta ley, además, será de iniciativa exclusiva.

En materia de Corte Constitucional, el oficialismo incorporó la siguiente norma, que pretende incorporar una especie de control preventivo, pero mucho más suave que el que existe actualmente. El futuro TC solamente podría informar y no bloquear con sus fallos los proyectos que esté tramitando el Poder Legislativo.

“Informará, por la mayoría de sus integrantes, las consultas sobre las cuestiones de constitucionalidad que se susciten durante la tramitación de proyectos de ley y de los tratados internacionales sometidos a la aprobación del Congreso. La corte conocerá del asunto a solicitud del Presidente de la República, de cualquiera de las cámaras o de una tercera parte de sus integrantes, siempre que sea formulado después de despachado el proyecto o tratado por algunas de las cámaras y, en todo caso, antes de la promulgación de la ley o de la remisión de la comunicación que informa la aprobación del tratado por el Congreso Nacional, y en caso alguno después del quinto día del despacho del proyecto o de la señala comunicación”, dice el documento.

Respecto de este mismo órgano, la izquierda envió una redacción para que la Corte Constitucional incorpore un mecanismo para resolver las controversias “sobre si una determinada moción o indicación corresponde a aquellas materias de iniciativa exclusiva del Presidente de la República”. Esto es lo que denominaron como “control preventivo fast track”.

Sobre pueblos indígenas, el oficialismo propone una norma que junto con otorgarle reconocimiento constitucional, se haga cargo de los derechos colectivos. “La Constitución reconoce a los pueblos indígenas como parte de la nación chilena que es una e indivisible. El Estado respetará y promoverá sus derechos individuales y colectivos garantizados por esta Constitución, las leyes y los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes”.

Respecto del derecho a propiedad, el protocolo trae una norma bien larga que incluye nueve puntos que van desde la letra a) hasta la i). El artículo sobre este tema también es uno de los más extensos que está incorporado en las 192 normas que forman parte, hasta el momento, del borrador del anteproyecto.

Sobre este asunto, uno de los puntos más relevantes es la regulación sobre la propiedad del agua. El oficialismo pretende elevar a rango constitucional los cambios que se hicieron en la última reforma al Código de Aguas. Esto, según algunas interpretaciones, podría flexibilizar el alcance que tiene la propiedad del agua.

En materia de educación también se propone una modificación. La norma aprobada sobre este tema dice que “la asignación de recursos públicos deberá seguir criterios de calidad, respeto a la libertad de enseñanza y razonabilidad”. El protocolo propone dejarlo así: “La asignación de recursos públicos deberá seguir criterios de razonabilidad”. Esta sección está marcada como una indicación de unidad de propósitos.

Sobre seguridad social, el borrador dice que “las leyes que regulen el ejercicio de este derecho serán aprobadas por la mayoría de los diputados y senadores en ejercicio”. En el documento de la izquierda se propone una “ley de quórum calificado para leyes de seguridad social”.

En la norma sobre la servicialidad del Estado el oficialismo pretende incorporar la siguiente frase: “El Estado promoverá las condiciones de solidaridad y justicia para que la libertad, derechos e igualdad de las personas se realicen”.

Luego vienen otros artículos de tributos, regulaciones sobre la actividad económica y el Estado empresario. La norma sobre este tema, que ya fue aprobada en general, plantea que “el Estado y sus organismos podrán desarrollar actividades empresariales o participar en ellas sólo si una ley aprobada por la mayoría de los diputados y senadores en ejercicio lo autoriza”.

En el protocolo del oficialismo la redacción cambia de forma muy sutil: “La ley podrá autorizar al Estado y sus organismos a desarrollar actividades empresariales o participar en ellas”.

En esta parte del protocolo también se incluye una nueva redacción para la norma que versa sobre la no diferenciación arbitraria en el trato que deben dar el Estado y sus organismos en materia económica. También se añade una norma sobre libertad para adquirir dominio.

Hay otros aspectos problemáticos que quedaron fuera del documento. Uno de esos es la provisión mixta en salud. En este tema los expertos saben que es casi imposible llegar a acuerdo y todo indica que quedaría en blanco. Otros asuntos aún no resueltos están en las normas sobre sistema electoral, algo que aún sigue siendo parte de la negociación.

La jugada de la izquierda se da cuando ya habían bajado sus expectativas de las cosas que podían obtener en el anteproyecto. Por lo mismo, para evitar seguir cediendo en aspectos fundamentales, quisieron poner los términos y armar este protocolo con la intención de seguir en diálogo con la derecha.

Durante toda la mañana los comisionados oficialistas y sus asesores optaron por no acudir al Congreso en Santiago hasta que no se lograran destrabar los nudos que imposibilitaban llegar a acuerdo. Por lo mismo es que todas las sesiones de las subcomisiones de la tarde se suspendieron y ninguna de esas instancias pudo votar hoy.

De hecho, la subcomisión de Sistema Político tenía agendada una reunión a las 12, pero los expertos de izquierda no llegaron a la cita. La presencia del oficialismo cambió en la tarde. Pasadas las 16.00, las comisionadas Antonia Rivas, Catalina Lagos, Magaly Fuenzalida, Alexis Cortés y Gabriel Osorio llegaron hasta el edificio y se reunieron en la sala 4 del tercer piso del Senado. Esto, mientras la derecha hacía lo mismo en la sala 1 de la Cámara.

Al cierre de esta edición desde ambas bancadas intentaban mantener el diálogo para acercar sus posiciones. El ánimo está puesto en ese objetivo y, pese a que se ve difícil, harán el último intento por resolver las diferencias para empezar a votar durante este miércoles.