Apenas supo que iba a existir humo blanco se preocupó y decidió irse a cambiar de ropa. El presidente de Comunes, Marco Velarde, estaba en el tercer piso del Senado del Congreso en Santiago -donde se afinaba el acuerdo constitucional- y se enteró, cerca de las 15.00, que el pacto estaba ad portas de cerrarse con éxito así que decidió salir raudo para ir a buscar un nuevo outfit que reemplazara los jeans que traía puesto por un pantalón de tela color café: como líder de colectividad tendría que poner su firma en el acuerdo y, por lo tanto, aparecer en la foto oficial.

A esas alturas, y luego de 96 días de intensas conversaciones, los diversos partidos políticos -salvo los republicanos y el PDG- y fuerzas con representación parlamentaria estaban bien encaminados para firmar el acuerdo y así encausar un nuevo proceso constituyente 2.0.

Fue justo a las 17.27 cuando los dirigentes de partido aceptaron los puntos del pacto. En ese momento, cuentan testigos, se escucharon algunas celebraciones. Luego vinieron horas vertiginosas en que se empezaron a mover todas las piezas necesarias para firmar el documento que reemplazará al Acuerdo por la Paz de 2019, al cual denominaron “Acuerdo por Chile” y que dieron a conocer, a las 21.50, los presidentes del Senado y la Cámara, Álvaro Elizalde y Vlado Mirosevic, respectivamente.

Previo a ese hito, y luego de que todas las colectividades aceptaran el contenido del pacto, el secretario general de RN, Diego Schalper; el presidente de Convergencia Social, Diego Ibáñez; la presidenta del PS, Paulina Vodanovic; y la presidenta de Evópoli, Gloria Hutt, se pusieron a redactar el acuerdo en la oficina de Elizalde, el que quedó plasmado en un documento de cinco páginas y cuatro capítulos. Al rato después se sumó el abogado del PS, Gabriel Osorio.

Luego de varias idas y vueltas entre diversas propuestas, el pacto derivó en un nuevo órgano redactor que se llamará Consejo Constitucional. El organismo estará integrado por 50 consejeros constitucionales electos por la ciudadanía con voto obligatorio en comicios que se llevarán a cabo en abril y usará las reglas electorales del Senado.

El mecanismo incluye un proceso mixto que contará con la participación vinculante -en algunas partes del proceso- de 24 expertos: doce serán designados por la Cámara de Diputados y los otros doce por el Senado, en proporción a la representación de las fuerzas políticas y aprobada por 4/7 de los miembros en ejercicio de cada Cámara. La principal función de la Comisión Experta -que partiría su trabajo en enero y serán elegidos la última semana de diciembre por el Parlamento- será armar un anteproyecto. “Servirá de base para la discusión y redacción del nuevo texto constitucional, al estilo de una idea matriz del mismo”, dice el acuerdo.

Todas las decisiones de esta comisión se tomarán por un quórum de 3/5 de sus miembros. Luego “se incorporará al Consejo Constitucional (cuando inicie su trabajo en mayo), pudiendo sus integrantes hacer uso de la palabra en todas las instancias”.

Así, una vez evacuada la propuesta de nueva Carta Magna y previo al trabajo de armonización, los expertos entregarán un informe que podrá elaborar “propuestas que mejoren la redacción y comprensión de normas del texto”, las cuales deberán ser votadas por el Consejo Constitucional. Para ser aprobadas las recomendaciones se requerirá un quórum de 3/5 de sus miembros en ejercicio, mientras que para rechazarlas se necesitará un quórum de las 2/3 partes de los miembros en ejercicio.

“Todas aquellas propuestas que no se encuentran en alguna de circunstancias anteriores, se resolverán mediante una comisión mixta, compuesta por doce personas, entre expertos y consejeros por partes iguales, que conocerán de la controversia y que se resolverá con el voto de las 3/5 partes de dicha instancia. En caso de no lograr dicho quórum, la Comisión Experta, dentro del plazo de 5 días, por 3/5 partes de sus miembros, presentará una nueva propuesta al Consejo Constitucional para que se conforme a las reglas generales”, se precisa en el acuerdo.

El árbitro del proceso (Comité Técnico de Admisibilidad) será una instancia adicional de 14 juristas y seguirá con la misión de resguardar el cumplimiento de las 12 bases institucionales, las que fueron acordadas al inicio de las tratativas. La instancia podrá “pronunciarse a requerimiento fundado de una quinta parte del Consejo Constitucional o de dos quintas partes de la Comisión Experta”.

El quórum de aprobación de normas del Consejo Constitucional será de 3/5. Este fue uno de los puntos más complejos de la discusión. Fuentes de la mesa comentan que el timonel de Convergencia Social fue una de las voces más duras en este punto. Paradójicamente, Ibáñez fue el que más defendió que el quórum haya sido más alto, es decir, de 2/3.

El órgano tendrá escaños indígenas adicionales “asignados de acuerdo al porcentaje de votación efectiva en la elección”. La instancia redactora también será paritaria ya que se utilizará el mecanismo cebra y se mantendrá la corrección de salida, al igual como ocurrió en la disuelta Convención Constitucional.

El proceso -que tendrá una duración de cinco meses- concluye con un plebiscito de salida el 26 de noviembre, también con voto obligatorio.

Los expertos que designe el Congreso tendrán que ser “de indiscutible trayectoria profesional, técnica y/o académica, de composición paritaria” y “no podrán ser parte de la comisión personas que tengan inhabilidad para ser candidatos a cargos de elección popular”. Esto último impide que exconvencionales integren la instancia.

Fueron poco más de tres meses de diálogos, negociaciones y propuestas que comenzaron el pasado 7 de septiembre, solo un par de días después del plebiscito de salida en que los chilenos decidieron en las urnas rechazar la propuesta de nueva Constitución emanada por la Convención Constitucional.

Tras acudir a La Moneda, luego del llamado del Presidente Gabriel Boric, Elizalde y el entonces presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Soto, comunicaron que se iniciarían los diálogos para buscar la fórmula en que se continuaría trabajando hacia una nueva Carta Magna.

Durante las últimas semanas los diálogos estuvieron entrampados en torno a la definición del mecanismo y la composición del órgano que redactará la nueva Constitución: la oposición respaldaba una fórmula mixta de 50 integrantes electos y 50 expertos designados por el Congreso, mientras que el oficialismo mantenía la idea de que fuera un órgano 100% elegido por la ciudadanía; una postura que incluso fue defendida públicamente por el propio Boric.

Sin embargo, la semana pasada las negociaciones se aceleraron y el propio Jefe de Estado se involucró más activamente presionando para sellar un pacto. “Lo político no puede desacoplarse de estas discusiones de desarrollo que estamos dando (...) por eso es importante que los partidos políticos lleguen pronto, esta semana, a un acuerdo respecto al proceso constituyente”, indicó en la oportunidad.

Hace una semana, el escenario comenzó a cambiar luego de que el oficialismo diera señales de aceptar un órgano mixto. Esto, siempre y cuando la proporción de convencionales electos fuera notoriamente superior a la de expertos designados por el Congreso.

Por su parte, Chile Vamos se abrió a modificar su combinación de 50 electos y 50 designados para hacer un esfuerzo y acercarse a una fórmula en torno a 70-30.

Todo parecía encaminado a que fuese un órgano mixto el encargado de redactar la nueva Carta Magna.

Sin embargo, el miércoles 7 de diciembre las negociaciones tuvieron un nuevo giro, cuando los partidos oficialistas ratificaron su postura de que fuese un órgano 100% electo el encargado de redactar la nueva Constitución. Incluso, reflotaron la idea inicial de Chile Vamos y propusieron un mecanismo de 50 escaños electos. El nudo -hasta ese día- era qué pasaría con los expertos que contemplaba la propuesta de la derecha y cómo serían parte del proceso.

En tanto, Amarillos -partido en formación que tiene un solo parlamentario- realizó una dura arremetida que contribuyó a que no se aceptara la oferta del oficialismo en torno a la propuesta inicial, ya que la oposición argumentó que resultaba indispensable que los expertos tengan “voz y voto”, lo que en la práctica se traducía en un órgano mixto.

El viernes pasado la cita terminó con los ánimos caldeados y con recriminaciones a Amarillos y RN. En una movida final, el oficialismo planteó una nueva idea: 70 miembros electos y 30 expertos solo con derecho a voto en procesos como la armonización y cierre del texto, además de poder trabajar en un anteproyecto al inicio. Pero la propuesta no convenció a la oposición.

Tras un fin de semana de descanso en las negociaciones, las conversaciones se retomaron este lunes, donde surgió la última fórmula de mecanismo.

Así, tras firmar el documento final -donde no hubo foto grupal entre todas las fuerzas políticas, las cuales hablaron por separado- los dirigentes abordaron los detalles del acuerdo alcanzado.

Elizalde indicó que “se inicia un nuevo camino para avanzar hacia una Constitución nacida en democracia” y que “la tarea recién comienza. Tenemos que aprender con mucha humildad de las lecciones de nuestra historia”.

El presidente de RD, Juan Ignacio Latorre, en tanto, sostuvo que “lo que espero es que haya suficiente incentivo al consenso y a la colaboración porque hay bases previamente acordadas (...). Yo confiaría en que el proceso democrático si bien tiene varios filtros, finalmente igual hay un órgano constituyente 109% electo que tiene la última palabra. En mi opinión no hay veto de los expertos”.

“No queremos más intentos de refundaciones y creemos que hoy se inicia el itinerario para tener una nueva Constitución con los resguardos adecuados”, indicó, por su parte, Macaya, mientras que Schalper agregó que “le vamos a ofrecer al país un proceso seguro y sin hoja en blanco”.

El nerviosismo del gobierno se sentía desde la mañana de este lunes. Las ministras del comité político se veían optimistas de que podía ser el día para que los partidos arribaran al acuerdo por el que tanto ha abogado Boric y que le ha traído más de un dolor de cabeza.

Cuánto involucrarse, hasta donde opinar, cuánto callar, fue un dilema que tuvo que sostener el Mandatario desde el triunfo del Rechazo en el plebiscito, el 4 de septiembre pasado.

“Hoy puede ser un buen día, plantémonoslo así”, dijo -citando a Joan Manuel Serrat- la ministra de la Segpres, Ana Lya Uriarte, ante la posibilidad de un acuerdo.

El Presidente había entregado más temprano su mensaje. Citando a la expresidenta Michelle Bachelet -en un acto por los DD.HH. en el que ambos participaron-, el Jefe de Estado llamó a dejar los egos de lado y generar los acuerdos necesarios. Algo que ya había hecho el miércoles pasado y las semanas anteriores para apurar un consenso que descomprimiera -en algo- la discusión constitucional.

Durante el día estuvo en permanente contacto con sus emisarios en las negociaciones, principalmente el presidente de su partido, Diego Ibáñez. En Palacio aseguraban que uno de los que avisó al Mandatario de que había humo blanco fue Elizalde.

Quienes conversaron con Boric, tras el éxito de las negociaciones, transmitían que el Mandatario estaba conforme con la fórmula alcanzada. Que el rol de los expertos lo dejaba tranquilo, porque no serán vinculantes durante todo el proceso sino solo en algunas de sus etapas.

En Palacio transmitían que este martes, pasadas las 8.00, el Presidente Boric se dirija -desde La Moneda- al país valorando el nuevo pacto constitucional.