Impuestos a los “súper ricos”: la nueva arremetida opositora que alerta a La Moneda

Sector buscar aprovechar la “oportunidad” que abrió la crisis en Chile Vamos por el retiro de fondos. El gobierno elaboró una minuta en la que señala que la medida “no se ajusta a la Constitución” y genera efectos no deseados.


Un mensaje de agradecimiento envió -vía Twitter- la diputada comunista y autora del proyecto que busca fijar un impuesto al patrimonio, Karol Cariola, a su par Matías Walker (DC), el lunes pasado.

La parlamentaria aludía a que el legislador, en su calidad de presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara Baja, había anunciado que -tal como lo hizo con el proyecto que permite el retiro de fondos de AFP- pondría en tabla para este jueves -cuestión que no se pudo concretar porque la instancia no puede sesionar paralelamente a la sala- la reforma constitucional que tiene como objetivo que los patrimonios superiores a los 22 millones de dólares paguen, por una vez, un impuesto del 2,5% para enfrentar la crisis económica derivada del Covid-19. Esto, pese a que ninguna de las iniciativas cuenta con urgencia por parte del Ejecutivo.

La nueva ofensiva opositora -que es respaldada desde el Frente Amplio a la Democracia Cristiana- se da justo en medio de la profunda crisis que vive el oficialismo y que se agudizó, precisamente, luego de que legisladores de Chile Vamos respaldaran la opción de que los cotizantes puedan sacar parte de sus fondos previsionales.

En el sector reconocen que la arremetida tiene como objetivo aprovechar el “momentum” que se ha alcanzado con esa discusión, que ha sido ampliamente respaldada por la ciudadanía, abriendo paso a esta nueva ofensiva legislativa. “Claro que hay que agarrar vuelito”, sostuvo la diputada Camila Vallejo (PC) respecto del inicio de esta tramitación.

En el sector, de hecho, se coordinó un grupo de técnicos y economistas para abordar el sustento de la iniciativa, donde trabajaron representantes de los distintos partidos, incluyendo a la DC. Todo esto, con el fin de que la tramitación del proyecto se haga de una manera “responsable”.

Asimismo, en la oposición están conscientes de que nuevamente tendrán que enfrentar las acusaciones de que están sobrepasando las atribuciones de los parlamentarios. Esto porque, tal como lo hicieron con el retiro de fondos de AFP, en este proyecto el sector volverá a utilizar una fórmula que ha impulsado para viabilizar reformas estructurales: modificar la Constitución -en sus disposiciones transitorias- para avanzar en materias que, al ser de iniciativa exclusiva del Presidente de la República, no podrían legislar vía ley, porque requerirían del patrocinio del Ejecutivo. Ese esquema, de hecho, ha sido calificado como una “triquiñuela” por parte del gobierno.

De esta manera, en la centroizquierda aseguran que esta es una materia que volverá a complicar al Ejecutivo, dado que implica aumentar la carga tributaria de los denominados “súper ricos”. En el sector ven que esa premisa va en contra de lo que ha defendido el gobierno del Presidente Sebastián Piñera, por ejemplo, con su apuesta por la reintegración del sistema tributario -a la que tuvo que ceder tras el estallido social de octubre-, o a las señales que ha dado en medio de la pandemia en materias como servicios básicos -donde optó por llegar a acuerdo con las empresas y vetar la normativa que se aprobó con votos de su propio sector- o la ley de protección del empleo.

Pese a que en la oposición ya apuestan por impulsar esta nueva agenda con unidad, también reconocen que este proyecto podría no alcanzar los mismos niveles de popularidad que ha tenido el retiro de fondos de AFP y que, con esta nueva ofensiva, se volverían a enfrentar a la opinión de muchos expertos. Debido a esto, algunos sectores de la oposición sostienen que la tramitación de este proyecto no se debe hacer con la misma “celeridad” y que se debe abordar de una forma más “pausada”.

“La oposición ha entendido que es necesario avanzar en un impuesto transitorio a las grandes fortunas del país para poder ayudar de manera urgente a millones de familias que lo están necesitando”, sostuvo la diputada Vallejo. Asimismo, la también jefa de bancada de su partido subrayó que espera que el debate se dé con “altura de miras” y “responsabilidad”.

En tanto, su par del PPD Raúl Soto señaló que “el proyecto de impuesto a los ‘súper ricos’ tiene apoyo amplio en la oposición, es un tema que nos une, al menos en la Cámara”.

Con todo, en la oposición no descartan que sectores oficialistas puedan terminar plegándose a la moción, dado que varios diputados de Chile Vamos aprobaron, el 26 de mayo, un proyecto de acuerdo que solicitaba al Presidente Piñera legislar en esta materia.

“Es una mala propuesta”

El inicio de la discusión de este proyecto de ley preocupa tanto al gobierno como a Chile Vamos. Esto, porque, a su juicio, la iniciativa es similar a la del retiro de fondo de pensiones: tiene alta popularidad, por lo que temen que nuevamente existan descuelgues de parlamentarios que la terminen apoyando.

En este escenario es que el Ministerio de Hacienda elaboró una minuta al respecto que se titula “impuesto al patrimonio”. Ahí, se parte señalando que “la reforma constitucional que establece un impuesto al patrimonio es una mala propuesta por diversas razones. Además de un planteamiento que no se ajusta a la Constitución, la experiencia internacional es contundente en señalar que el impuesto al patrimonio es difícil de implementar, caro de fiscalizar, caro de administrar y que genera efectos no deseados, incluyendo mayor evasión y distorsiones en las decisiones de inversión”.

De esta manera, se afirma que “el 77% de los países Ocde que han probado alguna vez este impuesto lo han terminado derogando. Asimismo, actualmente, de un total de 37 países miembros de la Ocde, sólo tres países tienen vigente un impuesto al patrimonio”.

Y se agrega que “una de las razones para derogar el impuesto es que se trata de un impuesto poco eficiente y de baja recaudación. En los países que lo implementaron recaudaba entre 0,1 y 0,5 del PIB. Es decir, la recaudación en términos del PIB era, en el mejor de los casos, un quinto de lo que señala el proyecto presentado en Chile”.

La minuta, además, advierte que “los efectos negativos en Chile serían mayores, ya que se propone una tasa más alta de impuesto”.

El tema fue conversado el lunes en la reunión de bancada de RN, instancia en la que, hasta ahora, hay una mayoría que estipula que el proyecto es malo y que no pueden repetir el escenario del retiro de fondos de AFP.

En esa línea, afirman que lo más probable es que terminen presentando indicaciones para intentar corregir la iniciativa y esperan que La Moneda tenga una participación activa durante la tramitación. “Vamos a presentar probablemente indicaciones para que haya una herramienta que sea eficiente y que realmente recaude plata (...). Nos vamos a alinear probablemente como bancada. El Ejecutivo a través de la Segpres se tiene que involucrar en esto”, dice la diputada Ximena Ossandón.

En Evópoli y la UDI, en todo caso, el diagnóstico es similar, por lo que esperan que, en esta ocasión, haya más cohesión en Chile Vamos para enfrentar la iniciativa. En Palacio, en tanto, afirman que evaluarán si presentar una propuesta alternativa para ser parte de la discusión.

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