La noticia del ataque contra la titular del Interior, Izkia Siches, sorprendió al ministro secretario general de la Presidencia, Giorgio Jackson, justo en medio de una reunión protocolar con el presidente de la Cámara, Raúl Soto (PPD).

El hecho reabrió inmediatamente la discusión en los pasillos del Congreso sobre extender el estado de excepción constitucional de emergencia en cuatro provincias de La Araucanía y el Biobío, disposición que rige hasta el 26 de marzo.

El punto fue abordado por el diputado Leonardo Soto (PS), quien advirtió que “si es que no se logra en estas dos semanas levantar un proyecto policial alternativo que le dé seguridad a la gente, yo estaría por evaluar la mantención transitoria de los militares en la Macrozona Sur”.

Pese a ello, la decisión del gobierno es no moverse de su decisión de no seguir prorrogando esta medida, que permite la intervención de las FF.AA. en labores de orden público y seguridad interna.

“El itinerario va a continuar... vamos a seguir apegados a lo que hemos anunciado. De hecho, en la Cámara de Diputados va a haber tramitación respecto del estado de excepción en el norte y hemos dicho hasta ahora que vamos a mantener la opinión oficial del gobierno (en la zona sur). No nos vamos a mover de lo que se ha dicho en la vocería oficial”, dijo el ministro Jackson respecto del tema.

El diputado por La Araucanía Miguel Mellado (RN), sin embargo, hizo un llamado al gobierno a no ser “cándido, una cosa es hablar, pero no con los fusiles encima de la mesa, así que cuidado señor Boric con lo que dice (...). Ellos son terroristas, no es un tema del Estado con el pueblo mapuche, es un tema de los terroristas contra chilenos”.

La senadora por La Araucanía, Carmen Gloria Aravena (ind-RN), también emplazó al Presidente Boric a mantener el estado de excepción en la región, “ya que sacar la medida, como ha vuelto a reiterar la vocera de gobierno después del ataque, es de una irresponsabilidad enorme, que sólo entrega una señal de más impunidad, y un incentivo para que estos grupos sigan actuando con total libertad”.

Otro representante de la región, el diputado Jorge Rathgeb (RN), dijo valorar “que el gobierno mantenga el estado de excepción en La Araucanía (pues rige hasta el 26 de marzo), que no lo haya dejado sin efecto y que reestudie la posibilidad de mantenerlo a futuro, porque claramente lo que ha ocurrido hoy amerita que el Estado de Excepción se mantenga”.

El senador por la IX región Felipe Kast (Evópoli) comentó que le han “dicho al gobierno que si quiere retirar el estado de excepción, diga cuál va a ser la alternativa, pero no puede ser que retire el estado de emergencia y que el gobierno no tenga un plan alternativo”

La misma crítica hizo el senador y presidente del Partido Republicano, José Manuel Rojo Edwards, quien también señaló que es “muy importante que la ministra Siches entienda que eso es lo que pasa en La Araucanía, pero el resto de los chilenos no tiene la protección que ella tenía, se requiere de empatía con las víctimas”.

Además, el parlamentario dijo que esto fortalece la interpelación que ha planteado el Partido Republicano a la ministra. “Por eso le volvemos a pedir que retire la idea de retirar querellas contra violentistas y que no levante el estado de excepción”, añadió.

En tanto, el diputado Eric Aedo (DC), además de acusar “un fallo de inteligencia” en esta primera visita de la ministra del Interior a la zona, criticó el retiro de 139 querellas por Ley de Seguridad del Estado en el marco del estallido social. “El gobierno está dando las señales equivocadas. Cuando uno dice que va a retirar querellas por violencia o delitos, está dando ‘chipe libre’ para actuar a delincuentes y terroristas”, aseveró.

En todo caso, la decisión del gobierno de no continuar con el estado de excepción en el sur también tiene apoyo en las fuerzas oficialistas.

La diputada Emilia Nuyado (PS) mantuvo su postura contraria a la medida. “Eso se debe terminar y valoro la decisión del Presidente Gabriel Boric y de la ministra Izkia Siches. No se puede intentar dialogar y por otro lado tener estado de excepción, tener militarizado, estigmatizado, con actitudes racistas y clasistas en el territorio de Wallmapu”.

El senador de La Araucanía, Jaime Quintana (PPD), quien ha sido crítico de la presencia militar, dijo que “estos hechos, que son condenables, ocurren en el marco de un estado de excepción, lo que demuestra un fracaso de los estados de excepción, donde las distintas prórrogas se aprobaron con información que no era exacta, entregada fundamentalmente por la coordinación de la Macrozona Sur”.

El presidente de la Cámara Baja, Raúl Soto (PPD) señaló que “el gobierno ha hecho un esfuerzo para dar señales en el sentido de que no va a hacer más de lo mismo, que no va a renovar el Estado de Excepción. Yo quiero pedirle al país que le demos la oportunidad al gobierno y a la ministra Siches de abordar la problemática desde una perspectiva multisectorial, porque si no tenemos la posibilidad de establecer un diálogo va a ser muy complicado ese trayecto”.

El presidente del Senado, Álvaro Elizalde (PS), pese a no precisar su postura personal respecto del estado de excepción, dijo que esperaba que se esclarezcan los hechos y sus autores, “pero probablemente se trata de grupos que no quieren que haya diálogo ni una solución de fondo. Hay que insistir en los caminos de diálogo”.