La irrupción de Contraloría en la Subsecretaría del Interior para revisar los gastos reservados usados por Monsalve

Este miércoles un grupo de funcionarios de la Contraloría General de la República llegó a primera hora a La Moneda.

A esa hora el Patio de los Cañones del palacio de gobierno estaba alfombrado para que el Presidente Gabriel Boric recibiera a su par de Francia, Emmanuel Macron. Los funcionarios enviados por la contralora Dorothy Pérez debieron cruzar por ahí para llegar al Patio de los Canelos, donde está la Subsecretaría del Interior.

El objetivo de la visita era acceder a la caja fuerte ubicada en la oficina de reuniones de la subsecretaría, que ahora encabeza el abogado Luis Cordero, donde están a resguardo los fondos de los gastos reservados a los que tiene acceso esa repartición.

Tal como confirmó la Contraloría, la gestión, que fue acompañada por funcionarios de la División de Administración y Finanzas del Ministerio del Interior, apuntaba a iniciar cuadratura de dineros vinculados a gastos reservados usados este año por Manuel Monsalve, quien salió del Ejecutivo el pasado 17 de octubre, tras una denuncia por violación en su contra y quien desde esta madrugada está en prisión preventiva en la cárcel de Rancagua.

La diligencia se concretó en el marco de un sumario administrativo solicitado al órgano dirigido por Dorothy Pérez por el subsecretario Luis Cordero. Con las tratativas, el ente contralor busca despejar si hubo o no un mal uso de los fondos reservados de Interior, en el marco de la investigación realizada por el denominado caso Monsalve.

“La Contraloría está efectuando la revisión y arqueo de la cuadratura de los fondos asignados a gastos reservados, para determinar si existen diferencias o no”, explicaron a La Tercera desde el servicio fiscalizador.

Este arqueo, en la práctica, es un conteo de dinero, que, según conocedores de las diligencias, en este caso se usa para establecer la diferencia entre lo que se recibió en enero en la Subsecretaría del Interior y lo que hay ahora.

Conocedores del caso señalan que, en particular, las diligencias apuntaban a revisar la disponibilidad de gastos reservados de la repartición, y los documentos que estuvieran a disposición sobre el uso de ellos, para ver si hubo o no un mal uso de los dineros.

Los funcionarios de la Contraloría fueron recibidos este miércoles por el jefe de gabinete de Luis Cordero, Rodrigo González.

Esta es la segunda vez que la Contraloría pide acceso a la caja de los gastos reservados de la subsecretaría, según confirmaron desde la Subsecretaría del Interior.

A la vez, se trata de una de las tantas diligencias que tendrá que realizar la Contraloría, luego de que el pasado 23 de octubre, desde el Ejecutivo, se les encomendara encargarse del sumario interno para establecer responsabilidades administrativas en el caso Monsalve.

El 30 de octubre pasado, el subsecretario Cordero había realizado acciones en esta materia, al enviar a Fiscalía y Contraloría antecedentes de gastos reservados de la repartición.

Como sea, conocedores del caso sostienen que si bien desde el órgano contralor este ítem ya es revisado como parte de las diligencias, recalcan que la Contraloría no tiene facultades intrusivas como la Fiscalía.

Las nuevas diligencias dentro de La Moneda imposibilitan la intención del Ejecutivo de desprenderse del caso Monsalve. Los nuevos antecedentes que van saliendo a cuentagotas generan que, de la misma manera, funcionarios del Ejecutivo vayan pagando los costos de la crisis.

Hoy, desde Interior se dio cuenta de que la jefa jurídica de la repartición, Luppy Aguirre, abandonó el gobierno en el marco del caso Monsalve. La situación se da luego de los contactos que tuvo la abogada con el exsubsecretario, quien le habría pedido asesoría en cuanto a su defensa legal.

La renuncia de Aguirre se suma a otras cinco salidas vinculadas a la crisis; los periodistas Diego Bustamante y Ana María Araneda; el otrora jefe de gabinete de Monsalve, Gabriel de la Fuente; el exjefe directo de la denunciante, Gustavo Herrera, y la entonces encargada legislativa de la repartición, Ana Lya Uriarte.

A ellos se sumarán, según dio cuenta La Tercera, dos figuras a las que no se les renovará el contrato: la periodista Ilse Sepúlveda, quien según un testimonio que maneja el Ministerio Público amedrentó a la víctima, y Alejandro Aguín, otrora estrecho colaborador de Monsalve.