“Incluyendo querellas”: Tribunal Supremo de la DC ordena iniciar acciones que apuntan a exdirectiva de Chahin

Luego de que el Servicio Electoral (Servel) congelara los aportes fiscales a la DC por presuntas irregularidades financieras, el Tribunal Supremo del partido instruyó a la directiva encabezada por Felipe Delpin, iniciar “todas las acciones pertinentes”, incluyendo querellas, para perseguir a quienes resulten responsables de aquellas anomalías.

Los resultados de la auditoria del Servel, que se conocieron el 22 de diciembre de 2021, habían detectado problemas en la contabilidad del partido por el concepto de arriendos de inmuebles a terceros y gastos que no estaban debidamente rendidos, entre otros temas. El 13 de mayo pasado, el Servel emitió un nuevo informe que subsana algunas observaciones, pero mantiene varios reparos al balance financiero del 2020, año en que Fuad Chahin era presidente de la Democracia Cristiana.

En un oficio firmado por el secretario y ministro de fe del TS, Gonzalo Salvo, se menciona que las acciones instruidas tienen en consideración “la delicada situación financiera que atraviesa nuestro partido” y la “enojosa situación, que se arrastra por meses, de falta de pagos a trabajadores y prestadores de servicios a nuestra colectividad”, además de los cuestionamientos hechos por el Servel al balance 2020 de la Falange.

“Este Tribunal ha resuelto instruir a vuestra directiva ejercer todas las acciones administrativas, civiles y/o penales que sean pertinentes, incluyendo la denuncia ante el Ministerio Público y presentación de querellas, en su oportunidad, para el establecimiento de responsabilidades y sanción de quienes, a esta data, han incumplido con su obligación legal de rendir cuentas respecto de fondos que se les traspasaran o no han restituido los mismos”, indica el oficio del TS.

La resolución, además, alude a operaciones inmobiliarias que habrían generado un daño patrimonial del partido. En esa línea menciona que las acciones también deben ser dirigidas contra “aquellos involucrados en las ventas o, en general a las gestiones para la transferencia de los inmuebles partidarios de las comunas de La Florida y Talagante, u otros, que pudieren ser objeto tratativas inmobiliarias”.

En el texto, el TS indica una lista de los militantes que, a su juicio, deben ser objeto de acciones administrativas o judiciales, apuntando especialmente a la antigua directiva que lideraba el expresidente, Fuad Chahín Valenzuela, y el exsecretario nacional, David Morales Nordetti.

Asimismo, se nombra a Cinthya Delgado Campos, Tonka Obilinovic Castro, Rogelio Zúñiga Escudero, Lissette Fuentes Basualto, Dorila Muñoz Cifuentes, Manuel Gallardo Soto, Marcela Labraña Santana, Mauricio Olave Vergara, Andrea Murillo Neumann, Osvaldo González lbar, Chstian Bravo, Juan Carlos López Urrutia, Maria Pavez Bustamante, Paulina Zuñiga Jara y José Berrios Cáceres.