La tarde del 30 de diciembre de 2022, la entonces ministra del Interior, Carolina Tohá (PPD), se retiró cabizbaja y visiblemente molesta de La Moneda rumbo a su departamento.

No había sido un día fácil: horas antes, Tohá había tenido su primer choque con el Presidente Gabriel Boric, en lo que constituyó su bautismo de fuego desde que se sumó al gobierno el 6 de septiembre de ese año.

¿El motivo? El anuncio de indulto otorgado por el Mandatario a 12 presos del estallido social y al exfrentista Jorge Mateluna, una decisión fuertemente cuestionada por Tohá y que -tras una cadena de errores- sepultó los destinos de Matías Meza-Lopehandía, entonces jefe de gabinete del Mandatario, y Marcela Ríos, ministra de Justicia.

Esta semana la hoy candidata presidencial PPD revivió la polémica al señalar en Tolerancia Cero que “cuando entré (al gobierno) sabía que el Presidente tenía un compromiso con los indultos, sabiendo que él tenía eso en la agenda. No lo hubiera puesto en mi programa de gobierno”. La decisión de indultar a una serie de presos del estallido social fue una promesa de campaña de Boric y formó parte de una de sus primeras conversaciones con la nueva ministra en septiembre de 2022, cuando esta desembarcó en La Moneda en medio de la crisis desatada por el triunfo del Rechazo en el plebiscito constitucional.

Tohá logró en esa oportunidad convencer al Presidente de postergar el anuncio -inicialmente previsto para las Fiestas Patrias de ese año-, pero el entorno de Boric siguió empujando la idea de manera soterrada.

Así llegó diciembre de 2022. Para ese entonces, la postura de Tohá era ampliamente conocida en el comité político, donde se abordaba con cierta periodicidad el tema.

La entonces ministra intentó persuadir una vez más al Mandatario, señalando que en el marco de la agenda de seguridad que encabezaba había logrado conformar una mesa de trabajo transversal para abordar con la derecha políticas conjuntas. Pero esta vez Boric no estuvo disponible: el Presidente refrendó su interés en cumplir una promesa de campaña.

El anuncio se preparó finalmente para el 30 de diciembre y se desató el desastre: en la nómina de beneficiados difundida a la prensa venían nombres equivocados.

Ni Luis Castillo -con un amplio listado de antecedentes penales- ni Sebastián Montenegro debían estar en el listado. Ambos habían ocupado el lugar destinado a Alejandro Carvajal y Matías Rojas.

Para salvar el impasse, en La Moneda se decidió incluir a todos, en vez de “des-indultar”.

El bochorno no sólo generó la ira de Boric, quien estaba en la base de Tobalaba junto a los ministros Camila Vallejo y Giorgio Jackson, dispuesto a viajar a Viña del Mar por los incendios que afectaron por esos días la zona. En el caso de Tohá, recuerdan actuales y otrora inquilinos de Palacio, la ministra aprovechó de enrostrar las desprolijidades y recordar que no era partidaria de los indultos. También -según las mismas fuentes- fue de las primeras en señalar que “alguien” debía pagar los costos del fallido anuncio.

La crisis terminó por pasar una semana después la cuenta al jefe de gabinete de Boric y a la ministra de Justicia, y se transformó en una de las crisis del gobierno más relevantes hasta ahora.

Hasta hoy se recuerda en Palacio, además, que Tohá se negó a hacer ese día la vocería del tema y -en cambio- abandonó rauda La Moneda.