Indultos: gobierno envía veto y opta por acelerar ley humanitaria como gesto a Chile Vamos

El miércoles en la tarde, el Presidente Sebastián Piñera llamó por teléfono a los presidentes de la UDI y RN, Jacqueline van Rysselberghe y Mario Desbordes, para intentar contener la polémica que se originó por el proyecto del gobierno que, en el marco de la pandemia del coronavirus, establece un indulto conmutativo para reos de baja peligrosidad.

La iniciativa -que busca beneficiar, entre otros, a quienes tienen más de 75 años para que sigan cumpliendo su pena en arresto domiciliario- se despachó del Congreso sin disposiciones consideradas claves para el Ejecutivo, lo que se originó porque parte de Chile Vamos no dio los votos necesarios para aprobar el informe de la comisión mixta que revisó la normativa.

En este escenario, el gobierno comenzó a analizar las opciones para reponer los artículos que quedaron fuera: el que facultaba a Gendarmería para hacer seguimiento a los reos que optaran a la conmutación de penas, y la disposición que ampliaba el catálogo de delitos que quedaban excluidos del indulto a Control de Armas y Ley de Drogas.

Al traspié en el Congreso, además, se sumó la ofensiva de parlamentarios del oficialismo ante el Tribunal Constitucional para que los presos que cumplan con los requisitos de buena conducta, baja peligrosidad y una enfermedad basal puedan acceder al beneficio, incluyendo a reos de Punta Peuco, condenados por delitos de lesa humanidad y que habían sido excluidos por el Ejecutivo.

Así, Piñera se contactó con los timoneles de la UDI y RN para evitar que siguiera escalando el conflicto y transmitirles que impulsaría un veto aditivo para reponer los artículos que quedaron fuera. Además, según quienes conocieron de esos diálogos, el Jefe de Estado les pidió que le enviaran la propuesta que estaban impulsando y les manifestó que lo evaluaría, mientras que Van Rysselberghe le planteó que el gobierno se estaba “comprando un conflicto gratuito”.

La decisión fue anunciada el jueves por el ministro de Justicia, Hernán Larraín, tras una reunión con Piñera; los titulares de Interior (Gonzalo Blumel) y Segpres (Felipe Ward); y los subsecretarios Sebastián Valenzuela (Justicia), Lorena Recabarren (DD.HH.) y Juan José Ossa (Segpres). “Vamos a enviar con discusión inmediata este veto con el propósito de tener lo antes posible esta ley de indulto conmutativo”, manifestó Larraín, agregando que se incorporará en el veto -que requiere aprobación del Congreso- la exclusión de condenados por violencia intrafamiliar.

Además, el ministro informó -como un gesto al oficialismo- que se acelerará, aplicando discusión inmediata, la tramitación del proyecto de ley humanitaria, iniciativa del Ejecutivo que ingresó en 2018 al Congreso, que se encuentra sin avances en el Senado y que conmuta penas, entre otros, a reos de Punta Peuco.

Sin embargo, este último anuncio generó dos complicaciones adicionales para La Moneda: provocó inmediatas críticas de la oposición, sector al que necesitan para aprobar la ley humanitaria y desde el que acusaron al gobierno de querer dar “impunidad” a violadores de derechos humanos, y, además, no neutralizó la ofensiva de Chile Vamos, bloque en el que no quedaron conformes. Así, desde la coalición señalaron que no retirarán el requerimiento presentado por senadores oficialistas al TC, mientras que los diputados seguirán preparando otro recurso. En Palacio reconocen que esto complica el escenario, porque, de aprobarse el veto, no podrán promulgar la ley mientras el TC no resuelva la solicitud de los parlamentarios.

“Son insuficientes las medidas del gobierno, poniéndole urgencia a un proyecto que lleva dos años durmiendo y que fue promesa de campaña. Nos duele profundamente que nuestro gobierno caiga en este juego de aplicar una discriminación arbitraria”, comentó Van Rysselberghe, mientras que Desbordes sostuvo que conversará con su bancada para ver si apoyarán el veto. En medio del descontento oficialista, Desbordes llegó el jueves a La Moneda y se reunió con el Mandatario, cita en la que -según fuentes del partido- habría transmitido su disconformidad con la postura del gobierno, pero que estarían los votos para la aprobación del veto.

Además de la intervención de Piñera con los presidentes de partidos, los ministros Larraín, Blumel y Ward, junto al subsecretario Ossa, realizaron una serie de gestiones y se contactaron con parlamentarios de Chile Vamos con tres objetivos: pedirles que retiraran el requerimiento ingresado al TC; buscar una opción alternativa para aplacar el descontento; e intentar que estén los votos necesarios en el oficialismo para aprobar el veto.

Fue en esos diálogos en los que las autoridades sondearon la opción de ponerle urgencia a la ley humanitaria, como una señal a la centroderecha, a cambio de que estén los votos para el veto, lo que finalmente -según dicen en el Ejecutivo- habrían logrado amarrar.