Lío de platas: comisión investigadora pide la renuncia de la subsecretaria de Patrimonio Cultural

Este lunes 1 de julio culminó sus funciones la Comisión Investigadora 2 del denominado caso Convenios, que abordó la entrega de fondos públicos a entidades privadas, por organismos estatales, que nació a raíz del caso que remeció al gobierno y que se destapó tras la denuncia de un medio regional sobre el traspaso de más de $400 millones desde la Seremi de Vivienda de Antofagasta hacia la fundación Democracia Viva.

La instancia, presidida por el diputado Rubén Oyarzo, aprobó por unanimidad su informe que deberá ser votado en la Sala de la Cámara y será enviado a la Fiscalía Nacional. Y entre sus conclusiones, solicita la renuncia de la subsecretaria de Patrimonio Cultural, Carolina Pérez (FA), a quien acusan de “ser parte del círculo de implicados” en el irregular convenio.

En el escrito, los parlamentarios señalan que la exmilitante de RD -ahora Frente Amplio- trabajó en la organización como directora de Metodología en 2021, cuando no tenían personalidad jurídica. Sin embargo, en una comparecencia de Pérez ante los diputados, negó los lazos con Democracia Viva y argumentó desconocer el porqué se utilizó su nombre como directora, siendo ella solo una consultora independiente.

Ante esto, la comisión considera que “el negar la relación con Democracia Viva y, por consiguiente, con quienes la integraban, solo por el hecho de no encontrarse esta constituida legalmente, resulta grave. La subsecretaria sí mantuvo relación y representó al proyecto de Democracia Viva, por lo cual debiese cesar en sus funciones como autoridad”.

En el documento también apuntan que “llama la atención que, a la fecha, el gobierno siga requiriendo de los servicios de personas que estuvieron directamente ligadas a Democracia Viva y de quienes aprobaron fondos para esta y otras instituciones, sin mayor cuestionamiento, como el caso del exsubsecretario de Desarrollo Regional, Miguel Crispi, y el proyecto de ProCultura para pintar fachadas en Antofagasta, el cual fue aprobado por el GORE y validado por el subsecretario”.

Al respecto, Oyarzo resaltó “la unanimidad de la votación de las conclusiones” que se obtuvieron en el desarrollo de la investigación. Y añadió: “Valoro que se haya destacado que hay responsabilidades políticas claras, como la del asesor del Segundo Piso, Miguel Crispi, de la subsecretaria Pérez y de la auditora del gobierno. Se valora porque fue unánime, desde el Partido Comunista hasta el Partido Republicano”.

Crispi, hoy jefe de asesores del Presidente Gabriel Boric, se mantiene en calidad de imputado en la investigación sobre el traspaso irregular de recursos hacia fundaciones. Entre las acusaciones que lidera el Ministerio Público contra el fundador de RD está la validación que realizó cuando se desempeñaba como subsecretario de Desarrollo Regional de Antofagasta hacia el convenio “Recuperación de Fachadas Zona de Conservación Histórica” a cargo de la Fundación Procultura, cuando esta no tenía experiencia alguna en esa área. Además de su eventual responsabilidad por omisión, al tener conocimiento de las irregularidades en Democracia Viva y no denunciarlas.

Los principales acusados por el lío de platas, Daniel Andrade y Carlos Contreras, este último exseremi de Vivienda de Antofagasta que visó el convenio, se mantienen en arresto domiciliario y prisión preventiva respectivamente. A más de un año de la investigación, el Juzgado de Garantía de Antofagasta en junio decidió ampliar el plazo de cierre de investigación por 60 días a petición de la Fiscalía para culminar con algunas diligencias pendientes.