Infraestructura crítica: Cámara de Diputados aprueba finalmente el proyecto e iniciativa es despachada a ley

Un parto y a contrarreloj: así se puede definir la tramitación en la etapa final de la reforma constitucional que permite la protección de infraestructura crítica por parte de las Fuerzas Armadas en caso de peligro grave o inminente en el país.

Este jueves, ad portas del receso parlamentario de verano, la Cámara de Diputados aprobó finalmente la iniciativa que había rechazado 24 horas antes.

Requería de 89 votos favorables y fue aprobado con 110 votos a favor, seis en contra y seis abstenciones.

“No necesitábamos un proyecto parcial e incompleto como nos llegó del Senado, sino un texto legal que cuente con la fuerza para que el actuar de las Fuerzas Armadas sea efectivo”, planteó en el debate de este jueves el diputado UDI Renzo Trisotti, representante del distrito 2, que incluye a las comunas de Pica, Camiña, Colchane, Alto Hospicio, Huara, Pozo Almonte e Iquique.

“Este proyecto, que si bien es intermedio, sí pretende al fin querer fortalecer nuestras fronteras, que son lamentablemente la puerta de entrada masiva a los ingresos clandestinos y que ubica a Colchane en nuestra región de Tarapacá como una incómoda protagonista”, expresó.

“Puede haber un (Jair) Bolsonaro chileno o un (Nicolás) Maduro chileno”, advirtió, por su parte, el diputado del Partido Ecologista Verde Félix González, asegurando que la norma constituye “un peligro para la democracia”.

La ministra del Interior, Carolina Tohá, explicó las diferencias de este proyecto con un estado de excepción constitucional y recalcó que el gobierno “nunca va a ceder a tentaciones de un militarismo antidemocrático”.

“En esta mesa tenemos muchas razones para temer al militarismo, pero esto que hay aquí no es militarismo, es empleo democrático de las Fuerzas Armadas para una labor que debiera ser parte natural de su misión, porque tiene que ver con la seguridad”, sostuvo Tohá, sentada junto a la ministra de Defensa, Maya Fernández, en la parte baja de la testera de la sala.

El independiente Jaime Araya, en tanto, agradeció a las oposiciones del Congreso por “poner por delante el interés del país, pero fundamentalmente el interés del norte”.

“Esto es una buena medida para enfrentar de manera responsable, racional y proporcional la grave crisis de seguridad en la Macrozona Norte”, dijo el representante de Antofagasta, explicando que tras la intervención de la comisión mixta, el proyecto permitirá que ”militares en fronteras tengan facultades de control de orden público, que estén autorizados para hacer control de identidad, para hacer registros, tanto de maletas como de vehículos y eventualmente para detener y poner a disposición de las policías para que se inicien los procesos correspondientes”.

A fines del año pasado, en medio de la creciente tensión en la Macrozona Norte producto de la crisis migratoria y de crimen organizado, los ministerios del Interior y Defensa ingresaron indicaciones para entregar a las Fuerzas Armadas la facultad de proteger ciertos espacios básicos, en situaciones en que se ponga en riesgo la seguridad nacional.

En la Cámara Alta, el pasado 11 de enero, la iniciativa fue respaldada por 46 votos a favor y solo votó en contra la senadora Fabiola Campillai. Esa votación fue precedida de un altercado una semana antes, entre la senadora UDI Luz Ebensperger y la ministra Tohá, cuando la reforma estaba siendo analizada en la comisión de Constitución.

El Ejecutivo esperaba que tras ese respaldo transversal en el Senado, la reforma fuese despachada con prontitud por los diputados, pero no fue así.

La semana pasada el comandante en jefe del Ejército, Javier Iturriaga del Campo, advirtió en la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados que las labores que se les buscó asignar en la reforma, incluido el resguardo de fronteras, “desvirtúan” su tarea principal, que es el resguardo del territorio nacional.

La comisión debió pronunciarse respecto a 48 indicaciones presentadas por distintos parlamentarios. El martes, cuando el Presidente Gabriel Boric estaba en Argentina, en calidad de ministro subrogante del Interior y Seguridad Pública, Manuel Monsalve se retiró molesto de la sesión de la Cámara Baja, luego que parlamentarios de oposición aprobaran una indicación que impedía que militares intervinieran en materias de orden público.

Antes de que fuera votado en sala, Tohá señaló que era tal “el nivel de distorsión” del proyecto, por las modificaciones que introdujo la comisión, que era necesario que se rechazara para “salvarlo” en comisión mixta. Tal como pretendía el gobierno, se rechazó el articulado con 61 votos a favor, 73 en contra y tres abstenciones,

En la tarde del miércoles sesionó la comisión mixta y despachó el proyecto al Senado.

El avance de la normativa se destrabó tras la firma de protocolo de acuerdo entre el gobierno y la oposición.

Al respecto, este jueves, el diputado de Renovación Nacional por Antofagasta, José Miguel Castro, afirmó que se pusieron “duros y eso permitió un buen acuerdo”. El legislador dijo que esto “no va a acabar con la criminalidad ni tampoco con el desfile de inmigrantes ilegales”, pero es “un mejor proyecto”. “Hemos estado dispuestos a construir en base a la negociación y en eso hay que agradecerle al Ejecutivo que estuvo dispuesto a ceder”, destacó el diputado RN.

Tras el acuerdo, el proyecto fue aprobado la noche del miércoles por unanimidad en la comisión mixta y pasó rápidamente a la sala del Senado, donde también logró el respaldo de todos los 37 legisladores presentes.

De acuerdo al documento que se firmó por parte de distintos diputados y senadores, más las ministras de Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá, y de Defensa Nacional, Maya Fernández, hay un compromiso para que desde febrero se concreten dos mesas técnicas con representantes del Ejecutivo y del Legislativo para analizar dos puntos que eran materia de discusión de la reforma constitucional.

Esos dos puntos hacen mención del análisis de las propuestas sobre el uso de la fuerza para elaborar un futuro proyecto de ley, donde se compromete que el Ejecutivo hará ingreso de la iniciativa, a más tardar la primera semana de abril. Se consigna que esta iniciativa de ley tendrá “urgencia suma”.

Además, dicha instancia técnica desarrollará una propuesta para analizar los medios legales, financieros y administrativos para crear grupos especializados de las policías y Fuerzas Armadas para la protección de fronteras, las que deberán ser entregadas -de acuerdo al protocolo- la segunda mitad de mayo para ser utilizada como insumo de otra iniciativa legal.