Continúa tensión por proyecto de Infraestructura Crítica: sala de la Cámara lo rechazó y gobierno dice que buscará “salvarlo” en la mixta

La Cámara de Diputados analizó en sala este miércoles la reforma constitucional para permitir la protección de infraestructura crítica por parte de las Fuerzas Armadas, en caso de peligro grave o inminente en el país.

El proyecto fue rechazado con 61 votos a favor, 73 en contra y tres abstenciones, pasando a comisión mixta.

“Es tal el nivel de distorsión que alcanzó este proyecto, son tales las contradicciones que tiene, los sinsentidos que tiene, ponemos las Fuerzas Armadas ahí, pero no pueden controlar el orden público, entonces van a tener que estar parados mirando, y artículos después se dice lo contrario, que nuestra recomendación es que para salvar el proyecto lo llevemos a mixta, lo rechacemos en general y en una mixta compongamos todo. No es para rechazarlo, es para salvarlo que se requiere un rechazo en general y un trabajo posterior que haríamos hoy día mismo”, señaló la ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá, en su intervención ante los diputados.

Las palabras de la jefa de gabinete hacían alusión a las modificaciones que sufrió el proyecto en la víspera y que molestaron al Ejecutivo. El martes, en la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados, parlamentarios de oposición aprobaron una indicación que reduce las capacidades de militares de resguardar infraestructura crítica y cuidado de las fronteras. La sesión de ese día culminó con el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, retirándose molesto de la sala.

“Tal como se está aprobando el proyecto de ley, les quita la posibilidad a los chilenos del norte de que las Fuerzas Armadas colaboren en tareas de orden público. Por eso me he retirado de la comisión, pero el gobierno no se retira de la tarea legislativa”, dijo al abandonar el lugar.

Previamente, -el 18 de enero- y antes de que se aprobara esta indicación, el comandante en jefe del Ejército, Javier Iturriaga, había relevado ante la misma comisión fuertes aprensiones hacia el proyecto de Infraestructura Crítica, asegurando que éste desvirtuaba el rol principal de la institución que lidera.

Iturriaga detalló también ese día otros cuatro puntos de preocupación sobre la iniciativa, incluyendo “que esa autoridad jerárquica no está bien definida en este proyecto de ley y para nosotros es muy importante definirlo: quién va a ser la autoridad política superior de este mando militar”.

Al día siguiente, consultada por la intervención del comandante en jefe del Ejército, la ministra Tohá aseguró: “Este es un proyecto que se aprobó unánimemente en el Senado después de escuchar a las Fuerzas Armadas también. No creo que la suerte de ese proyecto vaya a cambiar por la sesión de ayer (en la que estuvo Iturriaga) y creo que más allá de las opiniones propias del debate político, con lo que nos quedamos como Ejecutivo, que fue muy claro, es que la Constitución es lo que rige el funcionamiento de las Fuerzas Armadas y el sistema democrático decide esos cambios cuando sea necesario, como hoy día se está discutiendo a propósito de infraestructura crítica”.

Así las cosas, este miércoles, iniciada la sesión, el diputado de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Juan Antonio Coloma, pidió que la mesa de la Cámara expresara el “malestar” de los integrantes de la comisión de Seguridad Ciudadana por la decisión del subsecretario Monsalve de retirarse de la sesión de la víspera.

“Sobre todo cuando se nos critica por no estar en una mesa, creemos que tiene que ser aquí en el Parlamento donde se resuelvan esos temas”, manifestó el legislador aludiendo a la decisión de la oposición de restarse del diálogo para generar un acuerdo sobre seguridad que impulsa la cartera de Interior.

El objetivo del proyecto es otorgar una nueva facultad al Presidente de la República para disponer que efectivos de las Fuerzas Armadas se hagan cargo de la protección en caso de peligro de instalaciones físicas, servicios que sirvan a la población, actividades esenciales para la economía y aprovisionamiento de la población.

A su vez se propone autorizar el uso de dicha atribución presidencial para el resguardo de áreas en las zonas fronterizas, apuntando también a establecer un marco que permita acciones de detención, control de identidad y revisión de personas que ingresan ilegalmente al país.

Se trata de una reforma habilitante y el procedimiento se materializará, posteriormente, a través de una ley específica, que se dictará en máximo seis meses.

Desde el Ejecutivo explicaron esta iniciativa señalando que el actual Decreto 265, que aplica para las FF.AA. en materia de apoyo logístico, transporte y tecnología en zonas fronterizas, tiene limitaciones que ha dictaminado la Contraloría. Por esta razón, se diseñó esta norma con la finalidad de ampliar las actuales atribuciones.

Jaime Araya, diputado informante de la comisión de Seguridad Ciudadana, indicó que en las enmiendas acordadas en la comisión “se establece que las Fuerzas Armadas no podrán asumir funciones relacionadas con el control o restablecimiento del orden público para la protección de la infraestructura”.

La comisión estableció además que a seis meses de la reforma “el Presidente de la República deberá enviar al Congreso Nacional un proyecto de ley para la creación de una Policía Militar de Fronteras”.

Araya, representante independiente por Antofagasta, calificó el proyecto con las enmiendas aprobadas como un “Frankenstein jurídico” y dijo que una comisión mixta debía resolver.

Danisa Astudillo, diputada del Partido Socialista por Tarapacá, señaló por su parte que rechazaría una iniciativa “que algunos sectores mediante sus indicaciones lo convirtieron en un mal proyecto”.