“Insensible y carente de criterio”: PS escuda a Cariola por allanamiento a horas de su parto y lanza crítica a Fiscalía

Karol Cariola
La diputada y presidenta de la Cámara de Diputados, Karol Cariola (PC).

Desde la colectividad liderada por la senadora Paulina Vodanovic emitieron un comunicado en que llaman a las instituciones "a actuar con el debido respeto a los derechos fundamentales".


El Partido Socialista (PS) se sumó a la férrea defensa que La Moneda y el oficialismo ha hecho de la diputada y presidenta de la Cámara de Diputados, Karol Cariola (PC).

Esto, luego que en la jornada de ayer lunes se conoció que la casa de la parlamentaria comunista fue allanada por la Policía de Investigaciones (PDI) tras la aparición de una nueva arista vinculada al denominado caso Sierra Bella, que la compromete por un supuesto tráfico de influencias.

La Fiscalía Regional de Coquimbo confirmó esta nueva indagatoria, que se abrió luego de que se encontraran una serie de chats que develarían la injerencia de la congresista en el fallida compra del inmueble.

El punto que ha sido foco de crítica de parte del Ejecutivo y de los partidos de la alianza de gobierno es que el procedimiento policial se efectuó el mismo día y a pocas horas de que la legisladora diera a luz a su primer hijo.

En horas de esta mañana, el PS se sumó, a través de un comunicado, a los cuestionamientos al timing del registro y expresó “su rechazo al descriterio con que la Policía de Investigaciones, por orden de la Fiscalía, llevó a cabo el allanamiento al domicilio de la diputada Karol Cariola, a solo horas de haber dado a luz a su primer hijo”.

“Si bien reafirmamos nuestro compromiso con la justicia y la transparencia en todas las investigaciones en curso, consideramos que la decisión de realizar este procedimiento en un momento de especial vulnerabilidad para la diputada y su familia resulta desproporcionada, insensible y carente de criterio”, expresan.

Asimismo, desde la colectividad liderada por la senadora Paulina Vodanovic, hicieron un llamado a las instituciones “a actuar con el debido respeto a los derechos fundamentales, garantizando que los procesos judiciales se desarrollen con objetividad y sin afectar innecesariamente la dignidad de las personas”.

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