Intendente Guevara ficha a dos abogados y apelará a cuestión previa
Autoridad de la Región Metropolitana hará llegar este jueves el escrito de su defensa al Congreso. Será representado por Cristián Muga y Rodrigo Ávila.
El estudio jurídico de abogados Ortiz y Compañía es el que escogió el intendente de la Región Metropolitana, Felipe Guevara, para que asuma su defensa ante la acusación constitucional que presentó la oposición en su contra, con la que apuestan a destituirlo.
El libelo acusa a Guevara de haber infringido la Constitución al vulnerar la libertad de circulación y el derecho a reunión al desplegar, desde el 20 de diciembre, la denominada estrategia de copamiento policial para impedir movilizaciones no autorizadas en Plaza Italia.
Si bien el exalcalde de Lo Barnechea había sondeado cuatro nombres previamente para que lo representaran -Juan Domingo Acosta, Paula Vial, Jorge Correa Sutil y Luciano Fouillioux-, finalmente será defendido por dos abogados: Cristián Muga y Rodrigo Ávila. Ellos, en conjunto con Interior y Segpres, estuvieron trabajando este miércoles en los detalles del escrito de la defensa de Guevara, que se presentará este jueves al Congreso, justo cuando vence el plazo estipulado.
De acuerdo a fuentes de gobierno, el intendente apelará -al igual como lo hizo el exministro Andrés Chadwick y el Presidente Sebastián Piñera en los libelos en su contra- a la cuestión previa, es decir, que la acusación constitucional no contaría con los requisitos mínimos para ser presentada y que, por lo tanto, debe ser declarada inadmisible.
Conocedores del proceso sostienen que en el escrito se apuntará a que existe una confusión entre lo que se imputa y a quién se le imputa. Esto, argumentando que las decisiones finales de la estrategia policial de Carabineros no son competencia del intendente.
De todas formas, la defensa si bien apelará a la cuestión previa, según las mismas fuentes, también responderá al fondo del libelo acusatorio, entregando una serie de argumentos.
Así, entre las materias que se esperan sean abordadas está el Decreto 1.086, que regula el derecho a reunirse en lugares públicos y que, por estos días, el gobierno anunció que busca modificar. Esto, ya que argumentan que ese decreto ha sido aplicado independientemente de quién gobierne.
En el Ejecutivo reconocen que el escenario para Guevara es complejo. De hecho, a raíz de los sondeos previos que han hecho con la oposición para ver si apoyarán el libelo, en La Moneda admiten que es muy difícil evitar desactivar la ofensiva de la centroizquierda.
En caso de que se desestime la cuestión previa, la oposición requiere de mayoría simple para aprobar la acusación constitucional en la sala de la Cámara. De concretarse eso, el libelo pasará al Senado.
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