Interior pidió un “informe jurídico” por contratación en la seremi de Salud de La Araucanía de hermano de vocero de la CAM

Manuel Monsalve, subsecretario del Interior

Así lo anunció el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, quien afirmó que "la decisión final está en manos del Ministerio de Salud y el subsecretario de Salud Pública”


El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, informó que pidió un “informe jurídico” para conocer más antecedentes de la contratación en la seremía de Salud de La Araucanía de Pascual Pichún, hermano de vocero de la CAM, Héctor Llaitul.

La tarde del jueves el seremi Andrés Cuyul defendió la llegada de Pichún a la cartera asegurando que “él hace tiempo, el año 2003, tuvo un problema judicial, él cumplió condena, cumplió con los requisitos y no tiene ninguna inhabilidad para ejercer cargos públicos”, según consignó T13.

Y hoy, durante una gira por la región del Biobío, el subsecretario Monsalve aseguró que “esto está en manos del Ministerio de Salud, particularmente del subsecretario de Salud Pública”.

“Desde Interior yo pedí un informe jurídico respecto a la situación, con el objeto de verificar los eventuales antecedentes penales de la persona que fue contratada, porque creo que finalmente la responsabilidades son individuales y no familiar, y, por lo tanto, hay que evaluar cuál es la condición jurídica y si efectivamente los antecedentes penales son como se ha dicho”.

“Y, por lo tanto, he pedido un informe jurídico al respecto y la decisión final está en manos del Ministerio de Salud y el subsecretario de Salud Pública”, cerró Monsalve.

Por su parte el subsecretario Cristóbal Cuadrado, consultado por este tema indicó que “me parece muy importante aclarar que esta es una contratación que ocurre en la seremi de Salud de La Araucanía, que por ende es una decisión que ocurre de manera autónoma en esa seremi de salud”.

“Nosotros entendemos que ha existido antecedentes que han aparecido en la prensa, por tanto le hemos instruido al seremi de la región que recabe todos los antecedentes administrativos y eventualmente jurídicos vinculados al caso y que nos haga saber e informar. De manera que todos los antecedentes estén disponibles para que sean conocidos de manera pública”, agregó.

Sin embargo, señaló que “me parece muy relevante recordar que cualquier situación de este tipo tiene que ser muy clara la separación entre las responsabilidades que pueden tener individuos versus responsabilidades familiares. Por tanto, esta es una materia que estaremos muy atentos y que el seremi de la región está recabando y revisando de manera atenta para poder dar una pronta solicitud a todos los requerimientos que han existido para poder conocer más antecedentes de la situación”.

Chile Vamos y Republicanos ofician

Desde Chile Vamos y Republicanos oficiaron a diferentes reparticiones de gobierno producto de la contratación de Pichún.

Ayer, la bancada de diputados RN ofició a Jackson para conocer más antecedentes de este tema. “El gobierno cuenta entre sus filas con Pascual Pichún Collonao, condenado por el delito de incendio, crimen por el cual fue detenido en 2010, tras mantenerse prófugo de la justicia en Argentina. La nueva contratación de la Administración del Presidente Gabriel Boric Font es, a su vez, hermano de uno de los voceros de la Coordinadora Arauco-Malleco, cuyo líder (Héctor Llaitul) ha desafiado públicamente al Estado de Chile”, indicaron.

Esta jornada, en tanto desde la bancada de diputados del Partido Republicano también ofició al gobierno, en específico a la ministra de Salud, Begoña Yarza. En ese sentido pidieron que se les informe las razones de la contratación de Pichún, las tareas que cumplirá, su remuneración y si el Minsal estaba al tanto de su llegada a la seremía.

Por otro lado, desde la UDI también reclamaron por este tema e indicaron que “dicha noticia nos parece gravísima, estamos hablando de delitos reiterados en La Araucanía de incendio y el gobierno premia a aquellos que comenten dichos actos, que son actos que rayan en el terrorismo”, explicó el diputado Gustavo Benavente.

Agregó que “se está premiando a quien cometió un delito terrorista grave y al mismo tiempo se contrata a alguien que pertenece a una organización que le declaró hace pocos días la guerra al Estado de Chile”.

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