Investigados, querellados y condenados: los candidatos que inscribió Chile Vamos que inquietan al sector

“Fue un tema que conversamos con los partidos de Chile Vamos. Les insistimos que no perseveraran en candidaturas que pudieran tener algún compromiso judicial. Evidentemente que en esos lugares nosotros no vamos a apoyar a esos candidatos”, dijo ayer el presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, al ser consultado por situaciones de candidatos de Chile Vamos (UDI, RN y Evópoli) con cuestionamientos en materia de probidad y transparencia.

Y es que ha habido varios casos, luego de que la centroderecha inscribiera a sus cartas. Uno de los más notorios, por ejemplo, ha sido el candidato a reelegirse como gobernador por La Araucanía, Luciano Rivas, quien ahora va en cupo de RN. La investigación que pesa contra el gore por el caso convenios y las transferencias de dinero desde esa entidad, generó que los partidos -como Evópoli- tuvieran dudas de si acaso apoyarlo o no.

Otra situación ocurre en Los Ríos, donde dirigentes están presionando con fuerza por la situación del candidato a gobernador de la UDI, Omar Sabat, quien el 17 de junio fue detenido por conducir bajo los efectos del alcohol. En esa oportunidad, el exalcalde de Valdivia reconoció haber bebido dos copas de vino tras asistir a un matrimonio. El propio aludido reconoció un día después que “fue un error el que cometí y obvio, lo asumí de inmediato”.

Ahí una de las voces más críticas es la senadora por la región, María José Gatica (RN), quien este miércoles emplazó al sector. En respuesta a un emplazamiento de una diputada en la red social X, Gatica escribió respecto de la nominación de Sabat: “Esta no es una decisión mía, tal vez pueda preguntarle a candidata de ese partido, Evelyn Matthei, qué le parece esta designación”.

Previo a la inscripción de las candidaturas del pasado 29 de julio, una situación que inquietó a varios fue la de la postulación de Mario Olavarría. Si bien el exalcalde de Colina recibió cuestionamientos por su vinculación con el llamado “Caso Basura”, lo cierto es que fue absuelto de los delitos de fraude al fisco y malversación de caudales públicos en 2019.

En este caso, lo que ha salido a flote es una denuncia penal vigente en la que Olavarría figura como imputado, por una asociación de la que participó. Fue el 2 de junio del 2014 cuando Olavarría inscribió -mediante la resolución exenta N°5189- la Asociación Municipal para la Sustentabilidad Ambiental (Amusa) en el registro de asociaciones municipalidades con personalidad jurídica.

En esa oportunidad figuró como tesorero, mientras que el presidente era el exalcalde de Vitacura y procesado por la justicia, Raúl Torrealba. También participaron los alcaldes de Pudahuel, Johnny Carrasco, de Juan Fernández, Felipe Paredes, y de Quilicura, Juan Carrasco.

Las críticas se originaron por dos informes de la Contraloría General de la República, en el que objetan transferencias de dinero desde Quilicura entre 2019 y 2020 y a Vitacura en 2021. En el caso de Quilicura, el informe 132 del 26 de abril de 2022 de la Contraloría. cuestionó que no existió rendición de fondos por un total de $50 millones. “Cabe advertir que esa entidad edilicia no ha requerido la rendición de las cuentas por los recursos municipales transferidos a la anotada entidad privada, lo que vulnera el artículo 27, de la resolución N° 30, de 2015, de la Contraloría General”, dice la auditoría.

Mientras que en el informe 136 del 6 de septiembre de 2023, se objeta la transferencia de Vitacura de $40 millones a Amusa y que el municipio “deberá acreditar documentadamente el reintegro”. Pero en el municipio, consultados por este medio, acreditaron con un documento que se recuperó el total de dinero que se había traspasado de la administración anterior a Amusa.

El tema fue recordado ahora -y difundido internamente en la derecha- luego de que Quilicura interpusiera una denuncia penal contra los involucrados, la que se encuentra vigente. Como Amusa fue disuelta en 2023, la acción judicial fue dirigida contra sus exdirectores, entre ellos el propio Olavarria. Pero este último sostiene a La Tercera que la acción penal tiene un fin político, pues acusa que la actual alcaldesa apunta en realidad al exalcalde de Quilicura, quien se inscribió como candidato. Además, sostiene que no ha sido notificado de que había una denuncia en su contra, y que instruyó a su abogado, Matías Balmaceda, para que le reporte sobre el tema.

En Río Bueno está la situación del postulante UDI Luis Reyes, quien recibió una querella el pasado 3 de abril por la Municipalidad de Río Bueno. En ella se le acusa de supuesto fraude al Fisco cuando fue alcalde entre 2018 y 2024. En la causa se cuestiona “intervenciones de particulares en procesos propios del municipio” el 2017 y 2018, cuando la empresa Gestión Global Spa se adjudicó procesos licitatorios para proveer servicios de estudios financieros al municipio.

Se criticó que dicha sociedad “no solo intervino en el proceso licitatorio de apertura de cuentas corrientes, como se identifica en la I. Municipalidad de Río Bueno, sino que además entregó todos los términos financieros, contables y presupuestarios para generar el marco regulatorio del proceso de contratación de los servicios y realizar el llamado a licitación pública para la contratación del citado estudio financiero, afinando rangos y condiciones de limitaciones para que los potenciales oferentes del proceso no obtuvieran nominalmente”.

En la UDI, en todo caso, dicen que la querellante -la alcaldesa Carolina Silva- interpuso la acción judicial debido a que el gremialismo anunció que no la apoyaría, y ella postuló como independiente.

Durante el último tiempo también reflotó la situación del postulante por Linares, Mario Meza, quien será formalizado el 26 de septiembre por fraude al fisco reiterado. En este caso se investigan situaciones ocurridas en 2020 y en 2021 y, según documentos de la indagatoria, los presuntos delitos “habrían sido cometidos al realizar contratos con determinadas empresas para la adquisición de artículos de aseo, transporte, alimentos, favoreciendo a algunas de ellas con varios cientos de millones de pesos”.

El tema nació de una investigación de la Contraloría General de la República tras una denuncia de diputados frenteamplistas que acusaron sobreprecio en el municipio por la compra de cloro y testeos de covid-19. Pero en RN defienden a Meza y argumentan que en la resolución exenta 490 del 29 de junio del 2023, en sus conclusiones la Contraloría, dice que “del mérito del proceso no se configura responsabilidad administrativa, y que respecto de la investigación penal por parte del Ministerio Público “se decidió aplicar la facultad de no iniciar investigación, estimando que esta, en sí misma, no constituía delito”.

En Cauquenes el postulante de RN, Jorge Muñoz, fue condenado en el pasado en una causa concluida en 2014, en el Juzgado de Garantía de Cauquenes. El 2010 luego del terremoto que afectó a Chile, Muñoz se inscribió como damnificado para recibir un subsidio habitacional, en momentos en que su padre Juan Muñoz era alcalde de Cauquenes.

El fallo del juicio consignó que tanto Jorge Muñoz como su conviviente “falsearon” información para obtener de forma fraudulenta los subsidios con colaboración de su padre. En la sentencia de 51 páginas se condenó a Jorge Muñoz a una pena de 541 días de presidio menor en su grado medio y una multa de 11 UTM por el delito de “obtención fraudulenta de subsidios y subvenciones estatales”.

Muñoz ha atribuido este tema a denuncias con fines políticos.

En Buin el alcalde incumbente, Miguel Araya, fue formalizado el pasado 23 de febrero en una ca causa de fraude al fisco, enriquecimiento ilícito y lavado de activos luego de una querella del Consejo de Defensa del Estado, por supuestos casos de “funcionarios fantasma”. En Graneros se cuestiona a Iñaki Bustos por sus vínculos con la empresa Gestión Municipal Avanzada (GMA). En 2008 se investigaron convenios con distintos municipios, entre ellos Recoleta. En esa oportunidad, la Contraloría detectó irregularidades, y el caso también salpicó al exalcalde Gonzalo Cornejo y a la UDI.

En Rinconada, en tanto, la Contraloría detectó irregularidades en 2023 por parte del alcalde y candidato Juan Galdames.