Juan Luis Castro (PS): “Ha permeado la idea de Salud, Hacienda y Segpres sobre la magnitud de las consecuencias que tendría la caída de las isapres”

La ley corta para implementar el fallo de la Corte Suprema -que mandata a las isapres devolver los cobros en exceso- es la prioridad de la semana para las autoridades sanitarias. Y es que aunque queda un poco más de un mes para que se cumpla el plazo de la última instancia, el Ejecutivo no ha ingresado el proyecto.

De acuerdo al senador y presidente de la Comisión de Salud, Juan Luis Castro (PS), el proyecto legislativo debería entrar los próximos días y atribuye este retraso a la dificultad de implementar el fallo sin colapsar al sistema privado y la participación de la Asociación de Isapres en la mesa con el Minsal.

Asimismo, asegura que los lineamientos que entregó la jefa de la cartera sanitaria representan una idea unificada, pues el año pasado no había acuerdo respecto del plan de acción. “Sí vi en un principio algunas miradas que eran más críticas respecto de las isapres, quizás hasta creer que había una oportunidad de terminar con el sistema”, dice el parlamentario.

Quedan 41 días para que termine el plazo que definió la Corte Suprema, ¿qué tan atrasado está el proyecto y qué tan rápido se debe enviar?

El proyecto se debe enviar en los próximos días y es lo que ya está anunciado. Lo más probable es que coincida con una petición de ampliación de plazos a la Corte Suprema por parte del Ejecutivo, así el proyecto se tramita y despacha antes que el plazo final.

En reiteradas ocasiones se ha dicho en el Congreso que el proyecto está demorado porque en el gobierno existen dos almas, ¿es así?

No lo adjudico a eso, sino a la complejidad que significa encontrar una fórmula que permita hacer cumplir el fallo y, a la vez, mantener la viabilidad del sistema privado, porque no sacamos nada haciendo una ley que formule mecanismos de pago, pero que las isapres quiebren en el camino. Eso sería letra muerta. Por eso el desfiladero es estrecho en el modo que el gobierno debe actuar para atenerse a lo que dice la Corte Suprema. En todos los gobiernos hay ideas distintas, pero el planteamiento que está llegando al Congreso refleja al conjunto del Ejecutivo y no a una pelea de almas diferentes. Las almas pueden existir, es legítimo, pero lo que está llegando es la posición unificada del gobierno.

¿Hubo un momento en que esas posiciones no se podían poner de acuerdo?

Ocurre que las mismas isapres, que negaron la existencia de cobros indebidos, se sentaron y se pararon de la mesa dos veces. En la última ocasión propusieron fórmulas acotadas de cobro que estimaron en 140 millones de dólares, casi 10 veces menos de la estimación del Ejecutivo. Eso no prosperó, porque la Corte Suprema estableció claramente el ámbito de aplicación.

En líneas generales, ¿qué debería tener este proyecto?

Normas que permitan sostener la viabilidad financiera de las isapres, porque están en números rojos y eso es evidente. El proyecto debiera evitar la quiebra del sistema de isapres, porque eso tiene como réplica la caída de las clínicas privadas, lo que también afectaría a los usuarios de Fonasa. También hay que darle facultades a la Superintendencia de Salud que permitan identificar la obligación de pago y el mecanismo de devolución de los cobros en exceso.

La preocupación por la caída de las isapres, ¿es transversal entre los senadores de la comisión?

Sí, y lo puedo asegurar responsablemente. Por lo mismo, le dimos el pleno respaldo a la ministra durante la comisión de este martes, porque confiamos en el criterio y en el sano juicio que ha tenido de buscar acuerdos, de tener sensatez y claridad política de que no puede caer el sistema de isapres.

¿Cuáles serían las consecuencias de eso?

Esto afecta al sistema público. Nos guste o no nos guste, hoy el sistema de isapres no es una burbuja separada de la realidad del 80% del sistema público, pues una parte muy relevante de los afiliados de Fonasa se atiende en clínicas privadas. Hoy esos centros clínicos tienen enormes deudas contraídas con las isapres, se estima más de 300 mil millones. El primer efecto cascada es una caída de las clínicas privadas y al menos 40% de sus clientes son usuarios Fonasa de los grupos B, C y D, es decir, grupos pobres o de clase media baja. Si caen las clínicas la pregunta es dónde van no sólo los tres millones de clientes de isapres, sino los otros cinco millones de Fonasa. Si caen las clínicas, que sería inminente si caen las isapres, sería un desastre para el sistema público y privado.

¿En el gobierno también está esta preocupación?

Vi en un principio algunas miradas que eran más críticas respecto de las isapres, quizás hasta creer que había una oportunidad de terminar con el sistema. Creo que esa nostalgia perduró un par de meses. Ahora he visto que ha permeado la idea de la ministra de Salud, del ministro de Hacienda y de la Segpres en cuanto a la magnitud de las consecuencias que tendría una eventual caída de la isapres. Como esa magnitud toca la columna vertebral, que es el sistema público, he visto a La Moneda buscando acercamientos, que finalmente se ha logrado con este proyecto de ley que está por ingresar y que busca implementar el fallo de la Suprema y preservar la existencia de las isapres. Igual al sistema privado habrá que hacerle mejoras después. En el gobierno no veo a nadie -yo tampoco- que quiera mantener perpetuamente el sistema de isapres.

Entonces, sí hubo dos visiones.

Sí, pero lo encuentro normal, porque todo gobierno tiene derecho a tener posiciones diversas antes de llegar a un proyecto de ley. Lo grave sería que se enviara al Congreso un proyecto sin acuerdo y eso no lo veo. Que hubo en su momento visiones diferentes es cierto. Hubo quienes eran más antagónicos y otros con una visión más integradora. Pero finalmente primó la sensatez jurídica más que lo político, porque nadie puede exceder ni minimizar el fallo.

¿Quiénes tenían esa visión más antagónica de las isapres?

Todo el mundo sabe que existe esa visión de algunas personas de Apruebo Dignidad o personeros cercanos del Frente Amplio o del Partido Comunista. Esa idea no (permeó) a quienes somos del Socialismo Democrático. Igual lo doy por superado, porque si el gobierno entregó un proyecto unitario significa que esa conversación se zanjó antes y la ministra trae un proyecto que representa a todo el gobierno y no a un alma.

¿Qué tan posible es que una isapre quiebre?

Según la superintendencia, ninguna estaría en un riesgo inminente -por ahora- y eso que tienen números rojos. Hay una diversidad en las ocho isapres grandes y muchas de ellas son de capital extranjero, pocas con capital nacional, y hay algunas muy chiquitas. Pero que alguna de ellas esté al borde del colapso, no. Pero si no se hace nada, va a haber y ocurrir durante este año.

¿Están las capacidades para resguardar a los afiliados en caso de que eso pase?

A veces los afiliados tienen más intuición que el Congreso o el gobierno y han ido migrando voluntariamente desde las isapres. Para el usuario de isapre de clase media ha existido una duda legítima de hasta dónde mantenerse en un sistema que tiene muchas objeciones, que está muy judicializado y que tiene problemas de convenios con prestadores. Y Fonasa no está desbordado por esta migración. Sí tiene lista de espera, pero la tiene de hace años y eso es un problema estructural que, sin duda, hay que resolver. Pero la migración que viene ocurriendo no ha significado la caída de Fonasa.

¿Cómo ha visto el trabajo de la ministra durante este tiempo?

Es una profesional de gran experiencia, con una valoración técnica enorme y es independiente, políticamente hablando. No obstante, ella ha pasado por un momento muy difícil, porque lidiar con isapres que son complejas en su estructura, que tienen resistencia al cambio, con un fallo judicial y con un inicio con otras almas dentro del gobierno, obviamente no es fácil. Pero ha sido capaz de imponer su liderazgo más allá de los tirones, de los momentos tensos y de las idas y venidas entre ella y La Moneda. Igual la ministra entiende que esta no es solo una ley corta, es también el inicio de un proceso de cambios en el sistema de salud que permite superar las dos grandes vallas que existen hoy: la espera en el sistema público y el sobreprecio del sistema privado.

¿La ministra cuenta con el respaldo del Presidente?

Yo veo que sí. Cuando vino ayer (martes) aludió al ministro de Justicia, al de Hacienda y del comité político, al punto que al almuerzo con los parlamentarios oficialistas llegó el jefe del Segundo Piso de La Moneda a apoyar a la ministra y a respaldar los términos que presentó el martes en la comisión.

¿Miguel Crispi fue para apoyar?

La presencia de Crispi, que no tendría por qué haber ido al Minsal a una reunión con los parlamentarios oficialistas, es para mí una señal de respaldo unitario a la ministra y al contenido del proyecto de ley.

¿En algún minuto vio que no tenía el respaldo?

Más bien vi momentos de fricciones con ministros de otras carteras que tenían otras visiones o que no entendían bien la situación. Me da la impresión de que el Presidente no fue parte de esa polémica, sino que refrendó la posición de la ministra. Mi hipótesis es que el Mandatario arbitró y resolvió.

En el futuro, ¿qué rol tendrían las isapres?

La salud privada seguirá existiendo en Chile. Es inimaginable una estatización de la salud. Eso es imposible, no va ocurrir y no lo buscamos. Las isapres deberían reconvertirse, como ya lo están haciendo varias de ellas, en seguros médicos complementarios.