La advertencia de la derecha al oficialismo en la Comisión Experta: “Una cosa es derribar enmiendas y otra cosa es derribar acuerdos”

Los 12 expertos de la oposición que integran la Comisión Experta están en alerta. El oficialismo ya notificó que pretenden eliminar normas que fueron parte del primer paquete de artículos que se visaron -en general y de forma unánime- por el pleno del órgano encargado de redactar el anteproyecto de nueva Constitución.

La situación tiene su punto más álgido en la norma que regula el derecho a la salud. Los expertos del oficialismo han transparentado que pretenden eliminar el inciso que establece que “cada persona puede elegir el régimen de salud al cual adscribirse, sea este estatal o privado”, debido a que, han dicho, consideran que “constitucionaliza el modelo de las isapres”.

La evidencia de esto está en las enmiendas ingresadas por el oficialismo. Son dos indicaciones y ambas reemplazan ese inciso. Una pide que se sustituya por lo siguiente: “La ley podrá establecer cotizaciones obligatorias. Cada persona puede elegir el prestador de salud, sea este estatal o privado, de conformidad a la ley”.

A su vez hay otra enmienda que pide que la frase de la discordia se cambie por: “La ley podrá establecer cotizaciones obligatorias”. Ambas indicaciones parten de la base de que la libertad de elección del prestador de salud -una clínica privada o un hospital pública, por ejemplo- está más que garantizada. Sin embargo, quieren evitar que la Constitución bloquee la posibilidad de que el Congreso legisle -en el futuro- una reforma al sistema para implementar un seguro único en el cual el Estado sea el único administrador del 7% de cotización obligatoria.

La amenaza tuvo una mala recepción en la oposición. Los expertos de esa bancada dicen que no entienden la reacción del oficialismo, ya que “nadie los obligó” a patrocinar -y luego aprobar por unanimidad- una norma que no les gustaba. Por lo mismo, piden que el sector cumpla su palabra.

En la vereda del frente, el oficialismo es enfático en señalar que el acuerdo de la fase anterior “nunca implicó” un apoyo irrestricto a las normas aprobadas en general y que “es parte de la naturaleza de la discusión en particular” la posibilidad de “agregar, modificar o eliminar” artículos.

Este martes la oposición tomó nota del asunto e intervino en esta especie de “guerra fría declarada” entre los comisionados. “Una cosa es derribar enmiendas y otra cosa es derribar acuerdos. No creo que esté en la voluntad de nadie derribar acuerdos”, afirmó categóricamente el experto Máximo Pavez (UDI) cuando fue consultado por este tema.

Sus palabras representan a todo su sector, quienes, de manera transversal y sin excepciones, transmiten que la actitud del oficialismo se escapa de lo acordado. “Los comisionados y comisionadas expertas sabemos cuándo, detrás de una enmienda, hay derechamente la intención de mejorar lo que hay, de llenar un vacío que no estuvo presente en la primera discusión de normas, pero otra cosa muy distinta es alterar sustancialmente los temas ya acordados. Es una diferencia importante y creo que todos de buena fe sabemos distinguir eso”, agregó el comisionado.

Luego Pavez reiteró su postura: “Lo importante no es las enmiendas que se presenten, sino la vocación que cada uno de los comisionados y comisionadas expertas tengan por cumplir lo pactado y acudir a la buena fe”.

En la misma línea, el comisionado Jaime Arancibia (ind.-RN) señaló que “yo espero sinceramente que las enmiendas estén destinadas a perfeccionar o mejorar el acuerdo alcanzado en temas esenciales y no necesariamente a negar, retroceder o derribar estos acuerdos. De ocurrir eso, que espero no sea así, se estaría desvirtuando el equilibrio y la integridad del acuerdo preliminar sobre el cual estuvimos trabajando por cerca de un mes, muchas horas y todos los días”.

Y añadió: “Es importante respetar el marco general del acuerdo, al menos los puntos elementales o esenciales, porque si eso se desvirtúa, después no queda seguridad para seguir avanzando”.

En el oficialismo saben que este asunto genera ruido en la oposición, pero están en desacuerdo con la posición asumida por esa bancada. “La unanimidad para aprobar los capítulos fue una unanimidad para aprobarlos en general, es decir, para manifestar que estamos dispuestos a discutir esos textos. Eso en ningún caso puede implicar que no se puede ejercer el derecho que el reglamento establece para discutir en particular, hacer las modificaciones y perfeccionamientos que requieren los distintos capítulos”, respondió la comisionada Catalina Lagos (PS).

La experta socialista fue enfática en descarta que eso implique alejarse del acuerdo de la fase anterior. “Presentar enmiendas no puede ser entendido como ir en contra de acuerdos. Lo que se acordó en el pleno fue aprobar en general esos capítulos de manera tal que, por supuesto, porque el reglamento así lo establece, la posibilidad de presentar enmiendas es un derecho de los comisionados o si no, no sería necesario tener una segunda etapa para tramitar en particular y nos quedaríamos con el texto sin tramitar enmiendas”, añadió Lagos.

Una postura similar tuvo la comisionada Magaly Fuenzalida (Ind.-FRVS): “No me parece que sea volver a fojas cero o que sea una contradicción. Me parece que solo estamos llevando a cabo el mandato que se nos hizo. El reglamento lo conocemos todos. Acusarnos de otra situación no me parece y no es contradictorio, porque es lo que nos corresponde hacer ahora”.

La molestia está extendida y, por lo mismo, Fuenzalida remarcó que en lo que se viene por delante, la pugna será tratada en sesiones públicas. “Esto ahora se va a dar a puertas abiertas. Ustedes van a poder ingresar y, por ende, la ciudadanía saberlo para que no se vuelvan a hacer estas interpretaciones medio tergiversadas de lo que se dio en el proceso anterior, precisamente porque se dio a puertas cerradas”, dijo la comisionada de Apruebo Dignidad.