Paradojalmente, las secuelas de la aprobación del Tratado de Asociación Transpacífico (Transpacific Partnership o TPP11, por el número de países miembros) no resultaron ser pacíficas.

Las declaraciones de este miércoles de la ministra vocera de La Moneda, Camila Vallejo, enardecieron el ambiente en el Congreso, al punto que senadores de Chile Vamos anunciaron que podrían paralizar las conversaciones para un nuevo acuerdo constituyente si es que el Presidente Gabriel Boric dilata la ratificación del TPP11. Una advertencia que, en ese sector, han hecho en más de una ocasión, pero que en las últimas horas se agudizó tras la decisión del Ejecutivo respecto del tratado internacional.

Este trámite en lenguaje diplomático se denomina “depósito” y, en este caso, debe hacerse ante Nueva Zelanda, país que actúa como secretaría (“depositario”) de esta naciente asociación.

En la vocería habitual, Vallejo defendió la estrategia del Mandatario de tomarse un tiempo antes de ratificar el tratado a la espera de negociar acuerdos bilaterales con los otros 10 países miembros para crear mecanismos de solución de controversias.

“Algunos que se han referido críticamente a esta decisión del Presidente, que así como el gobierno respetó y ha respetado la decisión del Senado, ahora le toca al Senado respetar la decisión del Presidente. Así operan las democracias, así opera la división de poderes desde el Estado, cada uno con sus facultades y herramientas y atribuciones constitucionales”, manifestó Vallejo.

Sin embargo, legisladores de derecha lanzaron una severa advertencia a partir de las declaraciones de la ministra.

“Es una burla a este Parlamento”, dijo el jefe de los senadores UDI, Iván Moreira. “Lo estamos diciendo bien en serio, no es una pataleta. Si esta va a ser la relación con el gobierno no espere acuerdos, ni legislativos ni tampoco constitucionales. Porque lo que hace el gobierno es agitar las aguas y la tensión”.

Además, Moreira calificó de soberbia la actitud de Vallejo. “Mientras más habla la vocera de la mentira, que es la señora Vallejo, más complica las cosas, porque miente sistemáticamente (...). (Ella) pone la voluntad del Presidente Boric por encima de la soberanía popular. Está yendo más allá de las reglas básicas de la democracia, y eso es inaceptable. Eso es superioridad moral, eso es soberbia”.

El jefe de bancada de Evópoli, el senador Luciano Cruz Coke, dijo que “la vocera de gobierno nos ha notificado que el Senado es un buzón. No podemos aceptar como senadores de oposición que un tratado no lo va a promulgar en el plazo legal... Esperamos que en un plazo inferior a 10 días se pueda promulgar y enviar a Nueva Zelanda este proyecto (....). No puede hacer como lo hizo Pinochet de guardar un proyecto porque no le gusta”, añadió.

El martes pasado, en medio del debate en la sala del Senado, donde fue aprobada la adhesión de Chile al TPP11, el DC Matías Walker levantó la advertencia más severa.

El senador falangista mencionó el caso del Pacto de Derechos Civiles y Políticos, que demoró 17 años en ser ratificado. Fue adoptado por la Asamblea de Naciones Unidas el 16 de de diciembre de 1966 y fue aprobado por el Congreso en 1972. Sin embargo, debido al golpe militar y a los años de dictadura, su ratificación internacional recién culminó el 29 de abril de 1989, a meses de que Augusto Pinochet dejara el poder.

Si bien el legislador decé solo aludió a ese caso, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (adoptado por las Naciones Unidas y aprobado por el Parlamento chileno en las mismas fechas) también demoró en entrar en vigencia 17 años.

“Espero que el Presidente Boric respete la voluntad democrática del Congreso Nacional, publicándolo en el Diario Oficial, que no haga como Pinochet, que escondió en un cajón el Pacto de Derechos Civiles y Políticos”, dijo Walker.

Su mensaje no era solo un arranque personal. Era un dato que circulaba entre parlamentarios del Socialismo Democrático que habían sido críticos de las “maniobras dilatorias” de sus pares del PC y Frente Amplio que se oponían a este tratado comercial.

Dada la división que había en el oficialismo y en el propio gobierno (donde ministros como Carolina Tohá, Mario Marcel y Antonia Urrejola impulsaban una pronta aprobación del TPP11), el Presidente Gabriel Boric adoptó una estrategia intermedia de no poner trabas a la discusión legislativa, pero precisando que se tomaría un tiempo para ratificar el tratado, una vez despachado por el Congreso.

Por ello, las palabras del legislador DC causaron molestia en un sector del oficialismo. Sus dichos fueron rechazados por el senador comunista Daniel Núñez y fueron indirectamente respondidos por la canciller Urrejola, quien comentó que ha habido otros casos, en democracia, en que se ha demorado más de un año la ratificación ante los organismos internacionales.

Fuentes de gobierno señalan que la idea no es incurrir en una postergación indefinida. Por lo tanto, en ningún caso se acercarían al mal precedente de Pinochet. Por ello, es probable que el Ejecutivo solo espere concretar alrededor cinco acuerdos bilaterales, que se están negociando a través de cartas laterales (side letters) con los otros países miembros del TPP11. Ello le daría al menos un piso a Boric para ratificar el tratado y “depositarlo” ante Nueva Zelanda.

El excanciller y expresidente del PPD, Heraldo Muñoz, dijo que es “atendible que el gobierno quiera esperar respuestas a las side letters para proceder a la ratificación y depósito del tratado, facultad exclusiva del Presidente”.

Sin embargo, Muñoz precisó que “suponemos que estamos hablando de un plazo razonable de tiempo para no dilatar. Me quedo con la afirmación de la ministra Urrejola de que la ratificación del tratado es prioritaria. La pregunta es si se esperará hasta recibir todas las respuestas o una mayoría. Nueva Zelanda sólo obtuvo cinco cartas positivas de diez a su petición de eximirse del mismo mecanismo. ¿El criterio del gobierno será recibir una cierta cantidad de respuestas positivas para ratificar? No lo sabemos, pues el tema de las side letters se ha manejado con mucha opacidad”.

Ahora, ¿cuánto es un plazo “razonable”?, concepto que en su momento usó la ministra secretaria general de la Presidencia, Ana Lya Uriarte, para apaciguar las críticas. La experiencia reciente indica que son básicamente meses y no años.

Según el registro oficial de Naciones Unidas (Treaty Collection o Colección de Tratados, secretaría que habitualmente actúa como depositaria de tratados y acuerdos internacionales), las últimas ratificaciones o adhesiones de Chile han demorado entre una semana a cuatro meses.

El Tratado medioambiental de Escazú (Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe) fue aprobado en su último trámite por el Senado el 1 de junio de este año, el día 6 se envió el oficio al Ejecutivo y la Cancillería depositó ante la ONU su adhesión al tratado el 13 de junio. Todo el trámite quedó sellado el 20 de junio.

El Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares se envió el oficio de aprobación del Congreso al gobierno el 31 de agosto de 2021 y RR.EE. hizo su trámite de ratificación el 23 de septiembre de ese año.

El Protocolo Facultativo de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer demoró un poco más de tres meses. El Legislativo envió su oficio de aprobación el 4 de diciembre de 1999 y la ratificación ante la ONU quedó fechada el 12 de marzo de 2020.

El Acuerdo de París sobre el Cambio Climático finalizó su tramitación en el Parlamento el 26 de enero 2017 y el 10 de febrero ya figuraba como ratificado ante Naciones Unidas.