La apuesta del oficialismo para que la Corte Suprema sea el árbitro de los bordes institucionales de la nueva Constitución

La semana número ocho de las negociaciones políticas por un nuevo acuerdo constitucional partieron con un nuevo elemento sobre la mesa. La primera pista la dio el nuevo presidente de Convergencia Social, el diputado Diego Ibáñez. El parlamentario estaba en el Congreso en Santiago, participando de una nueva ronda de reuniones entre todas las fuerzas políticas, cuando salió al exterior para responder preguntas de la prensa.

Ibáñez adelantó que las tratativas se estaban orientando en seguir debatiendo sobre de qué forma se podía lograr que las 12 bases institucionales -los bordes del proceso de redacción de la nueva Constitución, que no se pueden tocar por el órgano redactor- puedan ser controlados para que el nuevo organismo esté obligado a respetarlos. “Para arbitrar sobre los bordes, creemos que la Corte Suprema es un espacio idóneo, profesional y así también lo ha manifestado el presidente del Senado, que habría disposición para que esto avanzara en esa dirección y que podamos resguardar sin politiquería, sin tensionamientos ideológicos, partidistas, con intereses personales, el cumplimento de los bordes institucionales”, dijo Ibáñez.

El parlamentario dio a conocer algo que había ocurrido solo minutos antes. Al interior del hemiciclo del Senado, el presidente de la Cámara Alta, Álvaro Elizalde (PS), tomó la palabra para dar su punto de vista respecto de quién debía ser el árbitro de las 12 bases institucionales que fueron negociadas entre todas las fuerzas políticas. En sus palabras, Elizalde se inclinó a favor de que sea la Corte Suprema la que cumpla esa función. Junto con eso, pasó un recado: dijo que el pleno del máximo tribunal no se ha pronunciado respecto de asumir esa función.

Hace semanas que la Suprema había surgido como opción para que controlara los bordes, sin embargo, no había tenido apoyo suficiente en la mesa negociadora. El oficialismo se había demorado en cerrar filas a favor de esta alternativa y la derecha está firme en que el árbitro debe ser el Congreso, ya sea el Senado, la Cámara o alguna instancia bicameral. Uno de los argumentos esgrimidos por los dirigentes de Chile Vamos para desechar al máximo tribunal era que, para este proceso, debería relevarse nuevamente un órgano político como el Parlamento.

La intervención de Elizalde no fue una casualidad. En su calidad de presidente del Senado, el extimonel del PS participó este fin de semana de las jornadas de reflexión de la Corte Suprema en Puerto Chacabuco. De hecho, Elizalde expuso en la inauguración de esa instancia que reúne, todos los años, al pleno de ministros para fijar posturas sobre sus asuntos de incumbencia.

En el oficialismo, en privado, reconocen que hubo gestiones con la Suprema para mostrarle al resto de las fuerzas políticas que el máximo tribunal del Poder Judicial, en caso de que así se lo soliciten, puede asumir estas funciones. Fuentes del sector admiten que esto era clave para que su opción tuviera piso político en la mesa negociadora ya que están “absolutamente en contra” de que esta función sea asumida por el Poder Legislativo.

Un testigo de las tratativas del oficialismo comenta que la Suprema está empatada en términos de balances políticos, por lo tanto, es garantía para todos los sectores que ejercerá su rol de buena manera. Además, el máximo tribunal ya tuvo esta opción en sus manos. En el proceso anterior era el órgano encargado de todas las reclamaciones procedimentales de la Convención. Sin embargo, este mecanismo nunca se activó, ya que Chile Vamos no contó con los votos necesarios para hacerlo.

Pese a que en un inicio los partidos de gobierno se mostraron contrarios a que existiera un control judicial de los bordes, en la actualidad esa postura cambió y consideran que es la mejor alternativa para disputarle este punto a Chile Vamos. Además, el bloque reconoce que deja a la derecha en un escenario complejo ya que les resultaría difícil defender públicamente que la Suprema -un tribunal que goza de legitimidad- no pueda ser capaz de cumplir esta función.

Terminada la reunión Elizalde explicó su postura. “La Corte se pronuncia cuando su pleno toma una decisión y no va a opinar sobre contingencia política toda vez que no ha sido requerida para tal efecto, pero si decidimos que la Corte Suprema sea el órgano que dirima en caso de dudas en el cumplimiento de las llamadas bases institucionales de la nueva Constitución, obviamente es un órgano que cuenta con legitimidad e imparcialidad para hacerlo de muy buena forma (...) Es un órgano que no está politizado y si se trata de interpretar normas jurídicas y de determinar su cumplimiento o incumplimiento, obviamente es un órgano que cuenta con todas las competencias para desarrollar un buen trabajo”, dijo el líder de la Cámara Alta.

Sus palabras fueron secundadas por todo el oficialismo y la DC. “Ha quedado despejado que la Corte Suprema no tiene inconvenientes en poder realizar ese rol de controlar los bordes”, comentó el senador DC Francisco Huenchumilla.

Lo mismo hizo el presidente de RD, el senador Juan Ignacio Latorre: “Ha habido intentos de diálogo con la Corte Suprema, que podrían dar garantías a todos los sectores. Es un poder del Estado independiente, autónomo y a diferencia del Congreso Nacional donde seríamos incumbentes y la discusión del arbitraje sería demasiado politizada. Ese es un posible consenso que yo lo valoro como avance”.

Por parte de Socialismo Democrático, fue la timonel del PPD, Natalia Piergentili, quien marcó el punto. “Creemos que el trabajo de los bordes ha sido lo suficientemente claro y preciso para que no se salten y si la Corte Suprema está disponible me parece que es un buen espacio”, dijo. Consultada sobre si le incomodaba traspasarle una decisión política -como lo son las bases institucionales- a los jueces, Piergentili replicó diciendo que “los bordes tienen que quedar redactados e incorporados en la reforma constitucional de modo tal que ahí sí que su transgresión para a ser un asunto jurídico”.

En Chile Vamos, por su parte, defendieron nuevamente que el árbitro sea el Congreso. “La política no puede renunciar a su responsabilidad. El Congreso Nacional no puede eximirse del rol que le cabe jugar y por lo tanto yo soy de aquellos que cree que esta es una oportunidad para revalidar al Congreso. Aquellos que creen que esto debe ser resuelto por la Corte Suprema o el TC se equivocan. El árbitro debe ser el Congreso, en particular el Senado”, aseguró el timonel de RN, Francisco Chahuán.

En la Corte Suprema aclaran que no han sido consultados sobre el asunto y el tema tampoco se ha tratado en el pleno de ministros. “No se ha tomado acuerdo en el pleno, pero la vez anterior no pusimos ningún problema para revisar el tema del reglamento si era del caso y no se vislumbra ningún problema respecto de hacerlo ahora, siempre y cuando esa sea la decisión de los incumbentes”, explicó a La Tercera la vocera del máximo tribunal, la ministra Ángela Vivanco.

Sin embargo, hay algunos ministros que -en privado- están en contra de la idea ya que son reacios a hacerse cargo de asuntos que no son jurisdiccionales. “Los problemas de la política deben resolverlos los políticos, los jueces no estamos para eso”, comenta un magistrado.

Ya es un hecho que no habrá acuerdo en octubre y la discusión sobre el mecanismo se trasladará para noviembre. Este lunes fue el mismo Elizalde quien comentó en la reunión lo relevante de apurar el ritmo. “Es evidente que ya ha transcurrido tiempo más que suficiente y por lo tanto se necesita de un acuerdo. Esta semana y la próxima debemos hacer un esfuerzo adicional para arribar a un buen acuerdo para Chile”, manifestó el senador.

Chile Vamos también reconoce que noviembre será el mes para cerrar el tema y se espera que esta semana o a más tardar el lunes, el bloque pueda hacer propuestas más formales y específicas sobre el mecanismo. “Aquí va a haber acuerdo. Si no hay acuerdo va a ser un fracaso de la política. Si este tema termina resuelto en un plebiscito de entrada, esto será un fracaso para la política y para la capacidad de ponernos de acuerdo”, afirmó Chahuán.

En el oficialismo, por otro lado, hay varios dirigentes nerviosos debido a que mientras más pasa el tiempo, el asunto se diluye, pierde interés ciudadano y se aprieta el calendario para que el Servel pueda organizar las futuras elecciones. De todas formas, el gobierno intentó desdramatizar el escenario. “No hay ningún contratiempo hasta ahora. Estamos en el mes de octubre, las fuerzas están conversando y cada día nos acercamos más a tener un acuerdo. Necesitamos un buen acuerdo para el país para tener una nueva Constitución. Las fuerzas están logrando aunar criterios”, dijo la ministra Segpres, Ana Lya Uriarte.