La caída de Catalina Pérez: la trama que desencadenó el desafuero de la diputada

El pasado 10 de febrero, la Corte de Apelaciones de Antofagasta acordó por unanimidad desaforar a la diputada Catalina Pérez (ex Frente Amplio), en el marco de las investigaciones que la Fiscalía lleva en su contra por el caso Democracia Viva.

El tribunal de alzada, dará a conocer este jueves la sentencia de la congresista. Una vez que se entregue el fallo, la parlamentaria, a través de su abogado, tendrá cinco días hábiles para recurrir de apelación ante la Corte Suprema, que es justamente lo que anunciaron que harán.

Una vez que se concrete el desafuero, el Ministerio Público podrá formalizar a la diputada, a quien se le acusa de “dirigir” la organización de la fundación Democracia Viva.

Precisamente, la Fiscalía investiga a la parlamentaria por su rol en la ONG que está ligada al extinto partido Revolución Democrática (RD), organización que habría suscrito convenios por cerca de $426 millones con la Seremi de Vivienda y Urbanismo de Antofagasta. Todo en un entramado que, según la Fiscalía, benefició económicamente a personeros de esa colectividad.

Por este caso ya están formalizados, el ingeniero y ex dirigente estudiantil Daniel Andrade (expareja de Pérez), el otrora jefe de gabinete de la diputada, Carlos Contreras, y la exconcejal por Antofagasta Paz Juica. Todos eran militantes de RD.

Los focos se centraron en Catalina Pérez el 16 de junio de 2023, cuando el medio regional Timeline dio a conocer los millonarios traspasos del Minvu a la fundación de la que su pareja era representante y fundador.

La indagatoria cuestiona los convenios por $426 millones que suscribió la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda de Antofagasta, siendo encabezada por Contreras, con Democracia Viva, entidad que lideraba Andrade.

En detalle, se apunta a una asignación irregular de fondos públicos del Programa de Asentamientos Precarios del Minvu a una fundación que no tenía las competencias y no cumplía con los requisitos para la ejecución de tres convenios que fueron pactados entre septiembre y octubre de 2022.

Ese 16 de junio, desde el Congreso Nacional, la diputada, acompañada por el entonces presidente de RD, el senador Juan Ignacio Latorre, se refirió al caso y aseguró que no tenía ningún conocimiento de los traspasos señalados. Más tarde, el parlamentario reconocería en La Tercera que hubo “errores” en el manejo político del caso y que “confió en “declaraciones iniciales” de gente cercana “sin tener todos los antecedentes”.

Los cuestionamientos en contra de la diputada siguieron y la primera semana de julio de 2023 presentó una extensa licencia médica, la que la mantuvo alejada del Parlamento por 20 días. En ese periodo, el tribunal supremo de Revolución Democrática suspendió su militancia, por su presunta responsabilidad en el caso Democracia Viva.

Con el pasar del tiempo, la congresista siguió con sus labores en el Congreso con un bajo perfil. Eso hasta que a inicios de enero, T13 revelara que Fiscalía descubrió una serie de conversaciones telefónicas entre Pérez y Andrade, donde se refieren a la búsqueda de trabajo del fundador de Democracia Viva en el sector público.

Dichos chats se dieron a conocer dos días después que el Consejo de Defensa del Estado (CDE) decidiera presentar una querella contra la parlamentaria, acción que concretó en febrero.

Más tarde, La Tercera accedió a un informe que la PDI entregó a la Fiscalía de Antofagasta con nuevas conversaciones, esta vez por la aplicación We Chat. Ahí Pérez y Andrade comentan “el principio del fin”, cuando se comenzó a cuestionar una asesoría que el ingeniero civil mecánico estaba realizando al Ministerio de Defensa.

Desde la defensa de la diputada han insistido en que su único nexo con el caso estaría relacionado con cuestiones políticas y mediáticas. Sin embargo, desde Fiscalía plantean que la parlamentaria sería autora de al menos tres delitos de fraude al Fisco.

Así lo expuso el fiscal Cristián Aguilar en la audiencia de desafuero del pasado 10 de febrero, donde presentó una serie de conversaciones extraídas desde los teléfonos de los imputados Andrade y Contreras, en las que se evidenciaría un rol activo de Pérez en la fundación.

Con el desafuero firme y ejecutoriado, Pérez no solo podrá ser formalizada, sino que, además, quedará inhabilitada para votar y participar en sesiones de sala y de comisiones.