La fórmula de un pacto transversal surge como respuesta a la crisis

Flanqueados por el Presidente de la República, Sebastián Piñera, y el ministro del Interior, Andrés Chadwick, los líderes del Congreso -Jaime Quintana (Senado) e Iván Flores (Cámara)- y el presidente de la Corte Suprema, Haroldo Brito, se plegaron ayer al llamado del gobierno a buscar una salida política ante la crisis que vive el país.

La escena se daba luego de que el Mandatario convocara a una reunión a los representantes de los tres poderes del Estado -cita que se concretó ayer pasadas las 14 horas en La Moneda-, en medio de la agudización de las movilizaciones que se desataron tras el alza de la tarifa del transporte público, las que han obligado un cambio total de la agenda política debido a las protestas más radicales que se han producido desde el retorno a la democracia, en 1990.

"Le hemos planteado al Presidente en nombre de las bancadas, particularmente de oposición del Senado, que estamos dispuestos a colaborar en un acuerdo nacional de gobernabilidad para reducir las inequidades que tenemos en Chile", afirmó Quintana tras la reunión, y llamó al Mandatario a "revisar el modelo económico" para enfrentar el descontento social.

Flores, en tanto, señaló que "llegó el momento del diálogo y la búsqueda de acuerdos por el interés nacional, no caben ni las pequeñas revanchas ni los pequeños intereses políticos".

La actitud de ambas autoridades fue valorada por el Presidente, quien tras el encuentro dio una señal en línea con una solicitud que tanto Quintana como Flores y el resto de los partidos de oposición le habían hecho: redefinir las prioridades de su agenda para generar las condiciones que permitan un nuevo pacto político y social.

Piñera aseguró que el objetivo de la convocatoria que hizo a los otros poderes del Estado era "buscar caminos de solución para atender mejor y con más urgencia las prioridades, las principales necesidades de nuestros compatriotas y apuntar a reducir las desigualdades excesivas, las inequidades y los abusos que persisten en nuestra sociedad".

Según fuentes que conocieron el contenido de la cita, el Mandatario señaló que el país atraviesa por una situación sumamente compleja y les transmitió la necesidad de abordar esta crisis con unidad. Asimismo, dicen esas fuentes, recalcó la necesidad de que la mesa que anunció el viernes para abordar, entre otras cosas, el costo de la vida, tenga el carácter más transversal posible.

Flores, en tanto, aseguró ayer que se acordó fijar un cronograma de reuniones que se concretaría en los próximos días para definir -luego de conversarlo con las bancadas de ambas cámaras- qué proyectos legislativos se pueden priorizar en el Congreso para responder a las demandas sociales.

La voluntad de acuerdo se da justo cuando desde la oposición han planteado, por ejemplo, que se desechen reformas consideradas claves para el gobierno, como la tributaria y previsional, iniciativas que en la centroizquierda -aseguran- son un contrasentido ante las demandas sociales que se han desatado.

Desde sectores como la DC, por ejemplo, apuntaban ayer a que la clase política dé el ejemplo y proponga revisar los salarios de altas autoridades y el límite a la reelección. Asimismo, desde Convergencia Progresista han planteado la necesidad de reorientar recursos del Presupuesto 2020, rebajar el precio de los medicamentos, contener el alza de la electricidad y reducir la jornada laboral, entre otras medidas.

Aunque difieren de los énfasis planteados desde la oposición, un diagnóstico similar hacen en Chile Vamos, donde distintos parlamentarios expresaron a La Tercera la necesidad de redefinir la agenda legislativa y priorizar los proyectos que aborden los temas sociales.

En este sentido, mencionaron iniciativas como la reforma previsional, la Ley de Fármacos II y modificaciones en materia de salud pública y privada, entre otras.

"Plantearía 10 medidas concretas, en un acuerdo político transversal, para ir en beneficio directo de la ciudadanía", dijo el senador RN Manuel José Ossandón. Mientras, su par Andrés Allamand planteó la necesidad de "ajustar la agenda legislativa" para "apurar la aprobación de aquellos proyectos que hoy están en tramitación y que traerían alivio a las personas, en particular a las clases medias", e "incorporar nuevos temas que impliquen una respuesta a las urgencias que hoy expresa la ciudadanía".

La voluntad expresada por los presidentes del Parlamento se expresó en la rápida tramitación que le dieron al proyecto con que el gobierno busca revertir el alza de la tarifa del transporte público. Mientras la Cámara sesionó ayer exclusivamente para tratar la iniciativa -y la aprobó por 103 votos a favor, uno en contra y una abstención, sin la participación del PC-, el Senado hará lo propio a partir de las 16 horas de hoy.

Sin embargo, la discusión de la propuesta gubernamental entre los diputados demostró, al mismo tiempo, la división que ha surgido al interior de la oposición respecto de en qué términos abrir diálogo con La Moneda mientras se mantenga el estado de emergencia (ver página 9).

Mientras que el PC, el Frente Amplio y el PS condicionaron cualquier conversación a la revocación del estado excepcional, desde el PPD, la DC y el PR mostraron una actitud más abierta. Y el desacople se vio reflejado ayer en la sesión de Valparaíso.

Fue el diputado Jorge Brito (RD) quien pidió la palabra, a pocos minutos de que se sometiera a votación la iniciativa, para sostener que "desde el Frente Amplio no estamos disponibles para legislar en torno al proyecto del gobierno que detiene el alza en 30 pesos en una región del país, cuando hay cinco regiones en todo Chile con estados de excepción constitucional. Aunque griten, aunque saquen a los militares a la calle, aunque las policías disparen directo a la gente, la sociedad chilena hoy exige detener los abusos", dijo poco antes de que diputados del bloque se retiraran de la sala.

El hecho provocó duras recriminaciones en el conglomerado, desde donde finalmente terminaron votando a favor a la iniciativa. La diferencia la marcó el PC, bancada que optó por restarse de la votación del proyecto del Ejecutivo.