La guerra fría entre la Cámara y el Poder Judicial

Si se tratara de una competencia deportiva, hoy el marcador estaría empatado: dos magistrados destituidos de la Corte Suprema por acusaciones constitucionales (Sergio Muñoz y Ángela Vivanco) y dos diputados desaforados por causas penales en su contra (Mauricio Ojeda y Francisco Pulgar).

Sin embargo, los casos no están relacionados y, de ningún modo, podrían leerse como actos cruzados de represalia entre la Cámara de Diputados y el Poder Judicial, considerando, además, que Pulgar y Ojeda hace meses estaban viviendo un ostracismo de parte de sus pares. Y Vivanco, por su parte, también vivía algo parecido al haber sido sometida a un cuaderno de remoción por la propia Suprema, proceso que se resolvió en su contra y en forma paralela a su acusación en el Congreso.

El problema es que en las próximas semanas deben tomarse decisiones en otros casos, que sí podrían configurar un cuadro más complejo, una suerte de inicio de hostilidades entre ambos poderes del Estado.

A más tardar el 16 de enero la Corte de Apelaciones de Valparaíso debe decidir el desafuero, por injurias y calumnias, de 10 diputados que firmaron la segunda acusación contra Vivanco, en la que le imputaban al exministro Andrés Chadwick ser “el motor del tráfico de influencias” ejercidas por el abogado penalista Luis Hermosilla, cuyas redes salpicaron y dieron pie al libelo contra la destituida jueza de la Suprema.

Por otro lado, un grupo de diputados está estudiando iniciar una nueva acusación constitucional contra el mismo presidente del máximo tribunal, Ricardo Blanco, por la reunión que sostuvo con la abogada defensora de Jorge Valdivia, Paula Vial, quien le pidió que acelerara la vista de un recurso de amparo en favor del exfutbolista.

A pesar de que en el mismo Poder Judicial le restan dramatismo a esa cita, que se transparentó en instancias judiciales y administrativas, la decisión de los diputados de embarcarse o no en un nuevo libelo acusatorio se adoptará a partir del 6 de enero, al regreso de la pausa de fin de año que adoptó el Congreso con motivo de Navidad y Año Nuevo.

El clima institucional que podrían generar ambas situaciones político-judiciales preocupa especialmente al gobierno, ya que si la Corte de Apelaciones de Valparaíso da el puntapié inicial al desafuero provocaría un desbalance en los equilibrios de la Cámara y la oposición quedaría con una mayoría sin contrapeso en ambas ramas del Parlamento (en el Senado, las fuerzas opositoras ya suman más de la mitad de la sala). En caso de ser acogido el desafuero colectivo por el tribunal de alzada, la decisión final recaería en la misma Suprema.

Por otro lado, un nuevo proceso de destitución de un alto magistrado volvería a remecer la estantería del máximo tribunal, que ya tiene problemas de funcionamiento debido a cuatro vacantes: las jubilaciones por límite de edad de los exministros Juan Eduardo Fuentes y Jorge Dahm y las mencionadas situaciones de Vivanco y Muñoz.

En el Ejecutivo, incluso desde antes de que se cursaran las dos acusaciones a esos magistrados, había inquietud por un nuevo ciclo de tensiones institucionales que ya se han dado en el pasado.

Uno de esos períodos ocurrió en 2018, cuando las bancadas de izquierda presentaron un libelo contra los ministros Hugo Dolmestch, Manuel Valderrama y Carlos Künsemüller por haber dado la libertad a un grupo de condenados en casos de derechos humanos, a partir de la aplicación de la figura de la “media prescripción”.

Si bien la acusación triple fue rechazada y la aplicación de la doctrina de la “media prescripción” después fue revertida por la misma Suprema debido a recomendaciones de organismos internacionales, el hecho expuso una fisura entre los diputados y los altos magistrados, que corporativamente salieron a cuestionar -a través de declaraciones públicas- la intromisión en decisiones judiciales.

En 2020 se dio otro conflicto. Entonces, la Suprema también fustigó la acusación en contra de la jueza Silvana Donoso, de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, debido a la libertad condicional a Hugo Bustamante, quien luego asesinó a la adolescente Ámbar Cornejo. Ese libelo, que fue rechazado en el Senado, era promovido esencialmente por diputados de derecha.

Y a pesar de que muchos temían que en las pasadas acusaciones contra Vivanco y Muñoz las tensiones aflorarían, el pleno del máximo tribunal decidió fijar una estricta prescindencia. La señal de resiliencia era clara.

No obstante, la ministra y vocera de la Suprema, María Soledad Melo, este viernes, admitió que debido a estas dos destituciones casi simultáneas, fue un “año duro, a lo mejor el peor que ha tenido que vivir el Poder Judicial, y ha sido un tema que nos afectó, por supuesto”.

“Aparte de haberlo pasado muy mal -hay que reconocerlo- y habernos visto afectados personalmente, (todo lo ocurrido) nos ha fortalecido... En la Corte Suprema, al mando de su presidente, don Ricardo Blanco, nos encontramos más cohesionados”, remarcó Melo.

Fuentes judiciales sostienen que la decisión de la Suprema es no inmiscuirse en acciones que pueden emprender los diputados, doctrina que fijó el mismo Blanco al asumir la presidencia. Sin embargo, si se levanta un nuevo libelo (por una reunión a la que los altos magistrados no le ven irregularidad), la reacción del Poder Judicial perfectamente podría no ser igual a la de los casos de Muñoz y Vivanco.

El tema desde la Cámara no está cerrado.

La diputada Camila Musante, jefa del comité PPD-Independientes, confirma que siguen “estudiando” la posibilidad de una “acusación contra el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Blanco, a propósito de estas conversaciones en días previos a la audiencia del señor Valdivia”.

“Hay que conversar con los diputados que levantamos esta materia y todavía no se produce esa conversación. Esperamos que pueda ser al regreso de las fiestas de fin de año, cuando vuelva a sesionar el Congreso, con pausa y con la debida responsabilidad con que se tienen que revisar estos antecedentes”, dijo la parlamentaria, que necesitaría de solo 10 firmas de diputados para iniciar un libelo.

Otro ingrediente especial del actual momento de relaciones entre la Suprema y la Cámara es que el actual proceso de desafuero es inédito considerando la magnitud de diputados que hoy están en el banquillo.

“Espero que la solicitud de desafuero sea rechazada y confío en que la Corte de Apelaciones resolverá sin presiones” dice el diputado Daniel Melo (PS), jefe de la bancada socialista y uno de los que están enfrentando este proceso por haber firmado la acusación contra Vivanco en la que se aludía a Chadwick.

En la misma situación se encuentran los diputados Nelson Venegas (PS), Lorena Pizarro (PC), Nathalie Castillo (PC), Lorena Fríes (FA), Jaime Sáez (FA), Mónica Arce (independiente asociada la bancada DC), Jaime Araya (indep. PPD), Luis Malla (liberal) y Ana María Gazmuri (AH), quienes en su mayoría decidieron hacerse representar por la Defensoría Penal Pública.

Por su parte, la acción en su contra fue presentada por el abogado de Chadwick, Samuel Donoso, hermano de la misma jueza Donoso que fue acusada en el pasado por los legisladores opositores. En todo caso, ella, al ser integrante de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, se restó de la vista de la causa contra los diputados por sus lazos familiares con el abogado querellante.

Ese gesto fue valorado por los diputados querellados, donde estiman que la corte no se atreverá a provocar un sismo político al desaforar a 10 representantes del oficialismo de la Cámara.

El caso, sin embargo, no es sencillo. Las alusiones contra el exministro son duras. “El instigador y motor del tráfico de influencias para la comisión de delitos e irregularidades siempre ha sido el señor Andrés Chadwick”, dice el texto.

La defensa de los diputados, quienes no se han retractado de sus palabras, se basa en el principio de inviolabilidad que protege las opiniones de los diputados expresadas en comisiones y en la sala. No obstante, hay dudas jurídicas si eso se extiende a los escritos oficiales que redacten en el ejercicio de su cargo.