La “guerra” por la rebaja de dietas en el Congreso

Un intenso debate marcó este martes el tercer trámite del proyecto que busca rebajar la dieta parlamentaria y los salarios de altas autoridades de la administración pública.

La discusión, que tuvo lugar en la Cámara Baja, dejó entrever los matices de un debate que luego de seis años pareciera acercarse a su fin.

La corporación aprobó la mayor parte de la redacción propuesta por el Senado tras el segundo trámite, la que establece un mecanismo permanente para la determinación -por parte de un ente autónomo- de los salarios del Presidente de la República, ministros, seremis, intendentes, gobernadores regionales, funcionarios a honorarios que sean de la confianza de dichas autoridades y parlamentarios.

El texto aprobado establece, además, que, cada cuatro años, un organismo conformado por un exministro de Hacienda, un exconsejero del Banco Central, un excontralor o subcontralo, un expresidente de alguna de las ramas que integran el Congreso Nacional y un exdirector Nacional del Servicio Civil definirá -bajo criterios técnicos- las remuneraciones -no incluyendo las asignaciones- de las autoridades, las que no podrán superar en ningún caso la del Jefe de Estado, cuyo monto asciende, aproximadamente, a los $ 6,5 millones líquido.

Sin embargo, el mecanismo de transición al nuevo sistema fue el que trabó el despacho de la iniciativa. Tal como se había anunciado, parlamentarios del Frente Amplio hicieron gestiones en la antesala de la votación para evitar que se aprobara una norma transitoria introducida por el Senado, que dejaba a cargo del Consejo de Alta Dirección Pública (ADP) la fijación del porcentaje de rebaja que afectará a las autoridades contempladas en el proyecto. Dicha determinación debía darse en un plazo de 30 días en el caso de los ministros y parlamentarios y en uno de 60 en el caso del resto de las autoridades, y estaría vigente por cuatro años, hasta que comience a operar el nuevo régimen.

“Las modificaciones que ha hecho el Senado no van en la dirección correcta”, dijo uno de los autores de la iniciativa, Gabriel Boric (CS), mientras que su par, Giorgio Jackson (RD), sostuvo que “hoy el proyecto vuelve del Senado sin ningún criterio que permita asegurar que habrá una rebaja en las dietas parlamentarias”.

Y los esfuerzos del bloque tuvieron sus frutos, aunque por estrecho margen. Con rechazos del Frente Amplio, la DC, el PS, el PC y el PPD, la enmienda fue desestimada por la sala con 91 votos a favor, 59 en contra y una abstención, tras no alcanzar el quórum de 93 (3/5) que requería para su aprobación, forzando así la conformación de una comisión mixta. Es en esa instancia donde los legisladores buscarán reponer el mecanismo que en noviembre del año pasado aprobó en su primer trámite esa corporación.

En concreto, esa disposición establece que, una vez que se apruebe la ley, se aplicará una rebaja inmediata del 50% de las dietas, al menos de parlamentarios y ministros, medida que estaría vigente por un plazo de dos meses, para luego pasar a ser definida, al igual que la propuesta de la Cámara Alta, por un órgano autónomo.

Fue con ese argumento, de hecho, que desde la derecha acusaron al Frente Amplio de defender una modificación con “letra chica”.

El reclamo oficialista, incluso, fue compartido en sectores de la centroizquierda, donde pese a que decidieron alinearse con sus pares frenteamplistas, admitían, en privado, que entregaron su voto porque no sería bien visto ante la opinión pública “retroceder” en esta materia.

Con todo, en el sector están conscientes de que dada la conformación de la comisión mixta, la que integrarán cinco senadores y los diputados Coloma, Boric, Paulina Núñez (RN), Matías Walker (DC) y Leonardo Soto (PS), es complejo que la jugada del Frente Amplio prospere.

En la discusión en sala hubo una serie de recriminaciones. Términos como la “mesada del papá”, “doble discurso” y “problema de clases” estuvieron presentes en las argumentaciones de los parlamentarios.

“Un ente externo conformado por gente que vive en Las Condes, Vitacura, en el barrio alto, que tienen a sus hijos en colegios privados y que tienen AFP, va a pensar relativamente parecido a cómo tradicionalmente piensan los parlamentarios. Esto finalmente también es un problema de clases”, sostuvo Boric.

Por su parte, el diputado Fidel Espinoza (PS) acusó un acuerdo político para evitar la rebaja del 50%.

Mientras que el RN Luis Pardo, en alusión al Frente Amplio sostuvo que “es importante hacer el punto; es distinto saltar de la mesada del papá a la dieta parlamentaria”.

El diputado Juan Antonio Coloma (UDI) sostuvo que “hay un doble discurso gigantesco. Por una parte, le dicen a la gente que están por bajar la dieta a la mitad, pero lo que no dicen, la letra chica, es que la rebaja que proponen hoy es por dos meses, no es para siempre. Si se aprobara hoy esto aplicaría por mayo y junio. ¿Y en julio qué pasaría? Pasaría que un organismo externo tendría que volver a fijar la dieta. Eso fue lo que se aprobó”.