La incomodidad de La Moneda que sinceró Cordero con las acusaciones constitucionales y desató la molestia de los partidos

El ministro de Justicia, Luis Cordero, sinceró este jueves públicamente un tema que preocupa a La Moneda: la ola de acusaciones constitucionales que se presentarán próximamente en el Congreso en contra de ministros de la Corte Suprema, en medio del denominado caso Audio.

El tema es motivo de incomodidad en Palacio, entre otras razones, por el factor electoral debido a que faltan 43 días para las elecciones municipales y de gobernadores.

“¿Mi preocupación cuál es? Que estemos ocupando las acusaciones constitucionales en un contexto de contingencia electoral y no en el sentido más profundo de la crisis”, dijo el secretario de Estado en radio Infinita.

Esto, en medio de la ofensiva de libelos acusatorios que está impulsando el oficialismo, la DC y la derecha. Todas tienen relación con ministros de la Corte Suprema. Los dos rostros contra los que apunta la embestida parlamentaria son Ángela Vivanco y Jean Pierre Matus, quienes han sido afectados por el contenido de sus conversaciones por WhatsApp con el penalista Luis Hermosilla, hoy en prisión preventiva.

Contra Vivanco, por un lado, se preparan dos libelos -uno del oficialismo más la DC y otro de la oposición-, mientras que contra Matus el texto está siendo trabajado por el vicepresidente de la Cámara, Eric Aedo. Además, la oposición quiere presentar escritos contra Mario Carroza y Sergio Muñoz.

Sobre el tema, el ministro Cordero agregó, en la misma entrevista, que “yo no la cuestiono (la acusación constitucional), ni nunca la he cuestionado, por el contrario, creo que es una facultad legítima de los diputados”. Sin embargo, agregó que “lo que me parece que sí es complicado es empezar a doblar las apuestas. Si acusas a este, yo te acuso a este otro. Porque, además, los méritos de las acusaciones comienzan a distanciarse respecto de su función, y además las razones comienzan a ser otras distintas en el fondo”.

Los dichos de Cordero son compartidos por otros miembros del gabinete, quienes no solo temen por el impacto electoral que pueda tener este asunto, sino que también están atentos a la consistencia jurídica de los libelos acusatorios.

En el Ejecutivo quieren evitar tener un resultado como la oposición, que ha levantado varias acusaciones contra ministros del gabinete del Presidente Gabriel Boric, los que no encontraron piso en la Cámara y terminaron siendo rechazadas. Las fallidas apuestas finalmente fortalecieron a esos secretarios de Estado.

La situación, como dio cuenta La Tercera, fue advertida a las colectividades el lunes pasado, en el habitual comité político ampliado que congrega en La Moneda a ministros y presidentes de partido. En aquella ocasión, por un lado estuvieron Carolina Tohá (Interior), Álvaro Elizalde (Segpres) y Luis Cordero (Justicia), mientras que por las colectividades llegaron Constanza Martínez (FA), Lautaro Carmona (PC), Jaime Quintana (PPD) y Efrén Osorio (AH).

En Palacio también miran otra consecuencia que podría tener la ola de acusaciones constitucionales: que implica un gasto de tiempo en el Congreso para tramitar iniciativas legislativas. De hecho, en La Moneda miran esto con atención, ya que fue el propio Boric quien anunció, el viernes pasado, un “impulso legislativo” que contempla la presentación del proyecto que pone fin al CAE, de eutanasia y las reformas del fast track en materia de seguridad.

Además, en el Ejecutivo inquieta la ofensiva de los escritos porque supone una complicación a la hora de tramitar el nombramiento de las próximas propuestas de ministros de la Suprema, ya que advierten que podrían estancarse en el Senado. En el Parlamento hay quienes quieren dejar stand by las nominaciones en virtud de la crisis por la que pasa el Poder Judicial, tesis que no es compartida por el Ejecutivo, ya que consideran que esta instancia no puede correr el riesgo de paralizarse.

Este jueves, Cordero no fue el único en poner el tema sobre la mesa. Horas más tarde, la ministra Tohá indicó que “el ministro hizo un comentario que se inserta en esta definición, que quiero decir, es categórica del gobierno. Respetamos las competencias que cada actor tiene y nuestro llamado es a que las ejerzamos buscando el objetivo que todos los chilenos esperan que logremos, que la justicia funcione bien, que no haya interferencia de ningún interés”.

Pese a los dichos de los secretarios de Estado, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, marcó un matiz y puso énfasis en que las acusaciones constitucionales son parte de las prerrogativas del Congreso. “Soy muy respetuoso de las facultades del Congreso. Lo que todo el país espera es que las facultades que la Constitución le entrega a un poder del Estado sean usadas con la mayor rigurosidad y seriedad posible, con la mayor fundamentación posible”, sostuvo.

Entre los partidos de gobierno, por otro lado, tomaron distancia de la arremetida de Cordero y el factor electoral. La presidenta del Frente Amplio, Constanza Martínez, dijo a La Tercera que “como FA no nos mueve un cálculo electoral, se está respondiendo de manera coherente con la gravedad de la situación, analizando cada caso en su mérito. Tenemos que llegar al fondo del caso, esclarecer toda la verdad y agotar todas las herramientas que tengamos disponibles para aquello”.

Su par del Partido Radical, Leonardo Cubillos, indicó que “si bien no hay momento oportuno para que una crisis se desate, lo suscitado en el caso Audio y con Luis Hermosilla es un verdadero golpe de Estado blando al sistema democrático, afectando a uno de sus más importantes poderes, que es la administración de justicia. Se produce antes de un proceso electoral, y claro que es inevitable entender que tendrá efectos electorales”.

En las bancadas oficialistas de la Cámara también reflexionan. Así, la jefa de bancada del Partido Comunista, Lorena Pizarro, señaló que “no sé si todo el accionar en política tiene que estar con una calculadora en la mano que diga cuánto se gana o cuánto se pierde en las decisiones que se van a tomar. Es muy complejo lo que se ha desnudado con los temas de Hermosilla y la filtración de sus conversaciones en su teléfono”.

Y agregó: “La lógica indica que debiesen aprobarse estas acusaciones constitucionales y luego en el Senado ojalá avance en la misma dirección. El perjuicio electoral creo que nos debe ser lo que nos debe guiar para avanzar en una acusación que por lo que hemos conocido tiene muchos fundamentos para que esta se lleve adelante”.

El jefe de bancada del Partido Socialistas, diputado Daniel Melo, afirmó que “cada una de las acusaciones constitucionales que hemos propuesto como bancada socialista tiene mérito y fundamento suficiente, además se enmarcan en los hechos graves del caso Hermosilla que hoy involucran incluso al exministro Chadwick (...). Todos estos hechos que horadan nuestras instituciones democráticas deben investigarse a fondo.

Para la diputada y presidenta del PPD en la Región de Valparaíso, Carolina Marzán, “la ciudadanía hoy está observando, pero yo creo que no va a ser determinante para los comicios de octubre, considerando que el voto será obligatorio”.

Eso sí, Marzán aseguró que “hay elementos jurídicos suficientes para levantar una acusación constitucional, que es una facultad que nosotros como diputadas y diputados tenemos. Pero independientemente de este acto, ya el reproche social frente a un Poder Judicial que se ha visto manchado por estas malas prácticas, en un momento en que la sociedad necesita certezas, lo hace totalmente viable”.

La diputada y presidenta de la comisión de Derechos Humanos, Lorena Fries (FA), explicó que “como Frente Amplio y como oficialismo, la verdad es que estamos preocupados porque sabemos que esto es un problema institucional que afecta al Poder Judicial, pero afecta también a la democracia y, por lo tanto, lo estamos asumiendo con toda la responsabilidad y la seriedad que se requiere”.

Y, dado lo anterior, argumentó que “por lo mismo es que estamos haciendo acusaciones por separado, de manera tal que podamos evaluar cada situación en su mérito respecto de cada ministro que resulte cuestionado y respecto del cual haya antecedentes para una acusación constitucional”.

Solo el diputado Raúl Soto (PPD) se alineó con el titular de Justicia y aseveró que “comparto lo señalado por el ministro Cordero. Las acusaciones constitucionales hay que evaluarlas en su mérito en función de argumentos jurídicos y también de posibles consideraciones políticas. Hay que hacerlo de forma responsable (...). Hay que ser prudente y evaluarlo de manera adecuada. No es una herramienta de la cual se deba abusar porque además ya sabemos también que genera una espiral de reacciones que después es difícil de frenar”.

En la derecha también resonaron los dichos de Cordero. “Recordarle al ministro Cordero que no es el vocero de gobierno, ni un comentarista político, él es el ministro de Justicia y sus intervenciones tienen impacto. Resulta lamentable la falta de prudencia del ministro Cordero”, apuntó el diputado republicano Cristián Araya.

La jefa de bancada de Renovación Nacional, Ximena Ossandón, señaló que “nosotros compartimos que acá hay un problema de Estado y que demanda más que declaraciones pirotécnicas limitadas a acusaciones constitucionales (...). Es curioso que el propio ministro que utilizaba el caso políticamente el día de ayer, hoy de pronto decida retomar su rol institucional”.

Para el diputado Henry Leal (UDI), por otro lado, “el ministro de Justicia tiene una verdadera incontinencia verbal, está hiperventilado. Me gustaría saber si él habla ahora como ministro de Justicia o está hablando como abogado de los ministros cuestionados de la Corte Suprema (...). Una irresponsabilidad pocas veces antes vistas en un ministro de Justicia. Él tiene que recordar y tener muy clara la separación de poderes. Ministro Cordero, no se inmiscuya en facultades que tiene el Poder Legislativo, sus palabras se pueden interpretar como una amenaza incluso a su propio sector (...). Y vamos a ejercer la acusación constitucional, aunque a usted no le guste, ministro”.