En La Moneda llevan un cálculo fino respecto a los apoyos y desmarques en torno a la acusación constitucional presentada por la bancada del Partido Republicano en contra de la ministra del Interior, Carolina Tohá.

Hay calma, sí. Pero no demasiada porque un proceso plagado de críticas oficialistas a la titular de Interior dentro del oficialismo (aunque no apoyen la AC) y con cancha amplia para que la oposición le pegue es perjudicial para el Ejecutivo.

Es por eso que La Moneda apuesta a pasar rápido el trago amargo. Así, la jugada del gobierno es adelantarse en la presentación de los descargos de la ministra para acelerar los plazos de definición y votación del libelo.

Fuentes de gobierno confirman que el abogado Juan Ignacio Piña -el penalista fichado por Tohá para representarla en el proceso- ingresaría la respuesta a los cargos contra la ministra a comienzos de la próxima semana.

La jugada tiene un efecto práctico: al acelerar el proceso en la Cámara de Diputados busca impedir que el libelo interpuesto por los republicanos gane apoyos opositores en la votación de Sala.

En definitiva el gobierno busca aprovechar el enredo que se produjo al interior de Chile Vamos y los republicanos por la acusación después de que estos últimos incluyeron cuestionamientos a la gestión de seguridad del presidente Sebastián Piñera en la presentación de cargos contra la ministra Tohá. Una desavenencia interna que se agudizó con el fallido anuncio de la bancada de RN de una acusación constitucional contra el Presidente Gabriel Boric, que duró menos de 24 horas porque no tuvo piso de la mesa de RN que dirige Rodrigo Galilea.

En La Moneda cuentan con que habrá 72 votos oficialistas seguro en contra, que Evópoli mantendrá la negativa a apoyar la acusación. Tienen la duda sobre la postura de la diputada Pamela Jiles y confían en que tendrán votos favorables de Demócratas y Amarillos.

La información que llegó al palacio de gobierno es que también hay espacio para desmarques de RN y la UDI.

Una garantía que tiene Tohá para marcar los tiempos de la comisión revisora de la AC en su contra es que cuenta con mayoría oficialista y que el presidente es el diputado Jaime Araya (Ind. -PPD).

Este último, sin embargo, declaró no haber sido informado de que el equipo de la ministra hará la presentación de sus descargos anticipadamente.

Según Araya detalló a La Tercera, luego de la contestación, la comisión tiene un plazo de seis días para evacuar el informe. El lugar y la fecha de la votación va a depender de cuántos invitados irán por parte del Partido Republicano -impulsores de la acusación-, pues desde dicha bancada existe una extensa lista de nombres para concurrir a la comisión, como el equipo de Interior, los directores generales de Carabineros y la PDI, los exministros del Interior, Izkia Siches y Rodrigo Delgado; e, incluso, la expresidenta Michelle Bachelet.

Los comités parlamentarios ya dieron su autorización para sesionar tanto en la sede de Santiago como en la de Valparaíso.

En la única sesión de la comisión -integrada también por Boris Barrera (PC), Ana María Gazmuri (AH), Guillermo Ramírez (UDI) y Marta González (Ind.-PPD)-se discutió la solicitud de los republicanos a asistir para presentar los capítulos de la acusación que presentaron que considera haber comprometido gravemente la seguridad de la nación, infracciones a la Constitución y la ley, y la inejecución de las mismas normas.

Los integrantes de la comisión reconocen que al gobierno le preocupa que el proceso de revisión de la AC se dilate y, por tanto, el mejor escenario es zanjarlo pronto.