La Moneda advierte al oficialismo que revise los fundamentos jurídicos ante inminente acusación constitucional contra Vivanco

La revelación de los mensajes entre Luis Hermosilla y la ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco -desde ayer, suspendida por el máximo tribunal- este lunes se tomó la discusión tanto del comité político que encabeza el Presidente Gabriel Boric, como el ampliado que reúne semanalmente a los presidentes de partido. En esta ocasión, los convocados fueron Lautaro Carmona (Partido Comunista), Constanza Martínez (Frente Amplio), el senador Jaime Quintana (PPD) y Efrén Osorio (Acción Humanista).

De acuerdo a quienes participaron de la cita con los representantes del oficialismo, los ministros del comité político abordaron los escenarios ante la inminente presentación de acusaciones constitucionales contra la ministra Vivanco y del ministro Jean Pierre Matus. Una decisión que este lunes anunciaron los parlamentarios del PS, el PPD y la DC. Pero que en La Moneda miran con inquietud debido a que la seguidilla de fracasos que ha enfrentado la oposición con libelos anteriores.

En la oportunidad cada colectividad expuso su visión y consensuaron que hay un apoyo transversal para llevar adelante este tipo de iniciativas. Durante la jornada, de hecho, el diputado y querellante en el caso Audio, Daniel Manouchehri (PS) aseguró que hay acuerdo entre las bancadas oficialistas para presentar un libelo acusatorio contra los magistrados. Y criticó que la oposición condicionara su apoyo a que la acusación incluya también al ministro Sergio Muñoz, por un caso independiente al escándalo de Hermosilla.

Frene a la decisión del oficialismo, el gobierno les advirtió a los jefes de partido que es crucial que revisen cuidadosamente los fundamentos jurídicos antes de presentar un libelo.

Tras el encuentro, Osorio, quien se desempeña como secretario general de Acción Humanista, confirmó que “se analizó bastante el tema de la ministra Vivanco. El gobierno está monitoreando la situación”.

Sobre la acusación constitucional, el dirigente oficialista indicó que “analizamos en qué está cada partido con respecto a la posible acusación constitucional y, en general, se está analizando y se va a hacer con los méritos jurídicos correspondientes. Se espera que se haga coordinadamente con todos los partidos. El gobierno respeta la autonomía del Poder Legislativo. (Aunque) Sí planteó que se tomaran los tiempos correspondientes para que, si se hace algo, se haga con bastante fundamento jurídico”.

En la cita de esta mañana en La Moneda, el gobierno le aseguró a los partidos que no hay ministros del gabinete del Presidente Boric vinculados al caso Hermosilla, por mucho que trasciendan nombres. Tal como publicó La Tercera, hace dos semanas el gobierno instruyó a todo el gabinete y al Segundo Piso a revisar sus comunicaciones, para descartar que se abra un flanco en el oficialismo por el tema.

Por ahora tres integrantes del Ejecutivo han sido relacionados con Luis Hermosilla. El primero es Miguel Crispi, el jefe de asesores del Segundo Piso de La Moneda, quien había contratado al abogado para representarlo en el marco del lío de platas entre fundaciones y reparticiones del Estado, pero que desistió de sus servicios una vez que estalló el caso Audio.

La segunda inquilina de Palacio en ser relacionada con Hermosilla -esta vez en los chats de WhatsApp del penalista- es Ana Lya Uriarte. La exministra Segpres reconoció en un comunicado redactado por ella misma que el abogado la contactó en el marco del caso Caval, pero negó haber hecho las gestiones que le había solicitado.

El ministro de la Segpres, Álvaro Elizalde, también fue mencionado en una conversación vía WhatsApp que tuvo Luis Hermosilla con el también abogado Francisco Feres, en medio de la elección del último fiscal nacional. En ese momento en expresidente del PS era senador. Su aparición en el chat obligó al titular de la Segpres a dar declaraciones, donde descartó haber tenido conversaciones con Hermosilla.

Más temprano, en la reunión que encabeza el Presidente Gabriel Boric con los ministros del comité político -que integran la ministra Carolina Tohá (Interior), Camila Vallejo (Segegob), Elizalde (Segpres), Jeannette Jara (Trabajo), Mario Marcel (Hacienda) y Antonia Orellana (Mujer)-, se abordó particularmente la situación de la ministra Vivanco. A esa hora ya se sabía que el pleno de la Corte Suprema este lunes revisaría su caso, pero aun no había claridad sobre la decisión que adoptaría. A esta cita, se sumó el titular de Justicia, Luis Cordero.

La decisión preliminar que adoptó el Ejecutivo en esa instancia es que el Presidente Boric debía hacer uso de las facultades constitucionales para pedir a la Corte Suprema que inicie un proceso contra Vivanco.

Esta atribución está contenida en el numeral 13 del artículo 32 de la Carta Magna, que señala que el Mandatario puede “velar por la conducta ministerial de los jueces y demás empleados del Poder Judicial y requerir, con tal objeto, a la Corte Suprema para que, si procede, declare su mal comportamiento, o al Ministerio Público, para que reclame medidas disciplinarias del tribunal competente, o para que, si hubiere mérito bastante, entable la correspondiente acusación”.

En Palacio también analizaron el artículo 80 de la Constitución, que dice que “la Corte Suprema por requerimiento del Presidente de la República, a solicitud de parte interesada, o de oficio, podrá declarar que los jueces no han tenido buen comportamiento y, previo informe del inculpado y de la Corte de Apelaciones respectiva, en su caso, acordar su remoción por la mayoría del total de sus componentes. Estos acuerdos se comunicarán al Presidente de la República para su cumplimiento”.

Pese a ello, el nuevo paso al frente del Ejecutivo contra los implicados en el caso Audio, por ahora, se desactivó pasado el mediodía, ya que la Corte Suprema informó que abriría un cuaderno de remoción contra Vivanco y ordenó su suspensión.

Frente a ese hecho, el gobierno se remitió a valorar la medida del ente judicial y los ministros que participaron del comité político ampliado -Tohá, Elizalde, Cordero- les transmitieron a los timoneles que el Ejecutivo iba a respetar la decisión de la Corte Suprema.

Aunque la embestida contra Vivanco se desactivó desde el gobierno evitaron descartar el uso de las facultades presidenciales durante las próximas semanas si es que aparecen nuevos antecedentes que vinculen a funcionarios del Poder Judicial en el caso Audio.

De ello dio cuenta este lunes la ministra Vallejo, en su habitual vocería de los lunes en La Moneda: “Las facultades las tiene el Presidente y puede hacer uso de ellas cuando estime necesario. Por tanto, no se descarta que nunca haga uso de sus facultades, porque este es un caso que sigue abriéndose”.

En esta misma línea, otra de las maniobras que prepara el gobierno en este caso es la presentación, antes de la quincena de octubre, del proyecto que modifica el sistema de nombramientos de autoridades del Poder Judicial.